14 de febrero de 2014 15:16 PM
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Lamentable III

Es evidente que la imposibilidad de controlar las subas de precios (inflación), como la creciente escasez de dólares para el nivel de gastos que pretende mantener el Gobierno, desquicia a buena parte del Gabinete.

Es que no solo son formas ya perimidas en todo el mundo, aún en aquellos lugares donde, por su idiosincrasia, era factible que funcionaran relativamente bien como en Australia, Nueva Zelanda o Canadá, donde ya fueron eliminadas o van camino a su disolución, sino que también en el país este tipo de organismos causó daños incalculables que hoy no son discutibles ni, mucho menos, pueden ser ocultados. Tal vez el último gran “acto” de la Junta de Granos local haya sido el famoso affaire de la importación de pollos, conocida luego como “de Mazzorín”, a mediados de los ’80 y, que al igual que sobre la obra de Yaciretá, probablemente nunca se conocerá su costo total.

 

 

Es bueno recordar la historia. En ese sentido, Wikipedia es clara. Se trata de un organismo (…) “creado en 1933 bajo la presidencia del gobierno conservador de Agustín P. Justo, con el nombre de Junta Reguladora de Granos, transformado en 1946, bajo la presidencia de Juan D. Perón, en el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) y reorganizado en 1963, bajo la presidencia de José María Guido, como Junta Nacional de Granos”.
“Fue disuelto en 1991 por el decreto Nº 2284/91, de desregulación de mercados, elaborado por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, bajo la presidencia de Carlos Menem”.
Lo que no dice la famosa enciclopedia es que al momento de su disolución tenía cerca de 5.000 empleados, más de 10 (vetustos) puertos, instalaciones de silos y elevadores de granos, muchos venidos abajo y muy poco funcionales, distribuidos por gran parte de la geografía agrícola del país, y que era la encargada de hacer, entre otras cosas, los negocios “país-país”, cuando las compras y ventas de mercadería, especialmente de granos y de otros alimentos de gran volumen (aceites, harinas, etc.) dependían de los gobiernos en varios países, sobre todo, “del otro lado de la Cortina de Hierro”. Por supuesto que esto cambió radicalmente con la caída del régimen comunista, por lo que hoy solo quedan unos pocos lugares donde aún se mantiene el sistema de operaciones exclusivas a cuenta del Estado. Hasta China lo está flexibilizando, entre otras cosas, por su alto costo, baja eficiencia, y como si fuera poco, por las facilidades de “corrupción” a las que se presta ese sistema.
En el caso local, la JNG también se ocupaba de hacer el stock de mercadería/materias primas, por ejemplo, para la molinería, siempre con la mira puesta en “la mesa de los argentinos”.

 
Por supuesto que bastó que alguien mencionara la posibilidad de recrear semejante organismo para que inmediatamente tanto burócratas como estatistas medulares se sumaran y hasta redoblaran la posibilidad llegando algunos más cerca del IAPI de los ´50, que de la Junta de los ´80 que, al menos, era capaz de convivir en algún sentido con los privados.
Sin embargo, hoy las chances de reeditar la JNG, al menos la que se conoció,  son nulas. Por un lado, el Gobierno no tiene el dinero para expropiar los puertos, silos, elevadores, y demás instalaciones necesarias que, además, ahora están puestas en valor por las inversiones millonarias que se hicieron a partir de su privatización en la década de los ´90.
Alguien podría decir que, de todos modos, el Gobierno incautar  los bienes, no pagando directamente por ellos, o darle a los poseedores actuales, algún tipo de bono a 20-30, o 40 años y con eso salvaría el bache. El asunto es que tampoco cuenta con la gente, con el equipo, para manejar un organismo de semejante magnitud. La prueba palmaria de esto es lo que le ocurrió con otro elefante blanco, la ONCCA (Organismo nacional de Control Comercial Agropecuario), creado a mediado de los ’90 solo para controlar irregularidades impositivas en el sector frigorífico, y que tuvo que ser disuelto hace 2 años, convertido en una Hidra de 7 cabezas, con miles de empleados, 4 edificios, manejando presupuestos de miles de millones y, sobre todo, con niveles de corrupción que aún no se conocen en su total alcance.
Por otra parte, con los niveles de intervención que ya tiene el mercado agrícola (y los demás), con ROEs (permisos de exportación), cupos, registros de ventas, autorizaciones de distinto tenor, etc., etc., sin mencionar la digitación del valor del dólar vía retenciones, cambio oficial y otros descuentos, es casi innecesario crear un organismo oficial para manejar (más) el mercado de granos.


Por eso, por más “voluntarismo” (interesado, o no), la posibilidad de recrear otro monumento –físico- a la intervención oficial tiene muy pocas chances, y entra más en el terreno del dislate que de las posibilidades reales.
Lamentable forma de seguir perdiendo tiempo…

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Fuente: Campo 2.0 Susana Merlo

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