20 de septiembre de 2015 22:04 PM
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¿Normas Antiproducción?

La doctrina que surge del fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre el caso de malas prácticas agrícolas en Córdoba, plantea serios interrogantes sobre el marco legal para la producción de alimentos.

En el fallo sobre el caso “Gabrielli Jorge Alberto y otros p.s.a. Infracción Ley 24.051”, relativo a las tareas de aplicación de fitosanitarios en los cultivos extensivos en la provincia de Córdoba, el tribunal entendió que la utilización de productos fitosanitarios queda comprendida dentro de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, concretamente, dentro de su artículo 55 “Contaminación ambiental dolosa”.

El fallo contradice claramente a la posición de los organismos de control, tales como la Dirección Nacional de Residuos Peligrosos, la Comisión Asesora de la Ley 9.164, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de Córdoba, entre otros, quienes sostienen que la Ley Nacional 24.051 fue creada con el fin de legislar los tratamientos de residuos peligrosos provenientes de la actividad industrial, no abarcando así lo relacionado con la aplicación de fitosanitarios en la actividad agropecuaria.

De hecho, la aplicación de fitosanitarios destinados a la protección de los cultivos de plagas y enfermedades y el control de malezas en Córdoba, sí está reglamentada por la Ley 9.164 de Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario, y su correcta utilización está dada por la aplicación de los preceptos de dicha Ley y la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas que, en general, todo productor incorpora habitualmente en su tarea diaria.

El artilugio constituye una interpretación arbitraria pero para nada casual. Pretende sentar un precedente nacional, y expone a todo el sistema productivo de alimentos ante una enorme incertidumbre sobre el marco legal regulatorio de una actividad que ahora puede ser castigada penalmente.

Según la Bolsa de Cereales de Córdoba, la actividad agropecuaria y el sector agroindustrial generan el 29% del empleo, el 91% de las divisas generadas y 33% del Producto Bruto Geográfico. Todo esto está en riesgo

Fuente: El Litoral

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