3 de noviembre de 2015 23:02 PM
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Comisión Nacional de Investigación en Agroquímicos: una experiencia exitosa desactivada por mezquindades políticas

Entrevista a la abogada ambientalista Mariana Valls.

El partido bonaerense de Rivadavia cuenta desde noviembre de 2011 con una ordenanza sobre aplicación de agroquímicos que resultó efectiva al elaborarse en base a un amplio consenso público. Buena parte de ese proceso fue posible gracias a la intervención de un organismo estatal interdisciplinario.

 

 

Se trata de la Comisión Nacional de Investigación en Agroquímicos (CNIA), creada a comienzos de 2009 en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación e integrada por representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Anmat, Instituto Nacional de Alimentos, INTA e INTI. También trabajaba en colaboración con miembros del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Senasa, Conicet y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

 

 

“La entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, convocó a diferentes representantes de organismos de Estado para conformar la CNIA: llegaron a ser ochenta integrantes”, indicó Mariana Valls, abogada especializada en derecho ambiental, quien presidió la CNIA.

 

 

“El propósito de la comisión fue investigar si las denuncias de intoxicaciones y malformaciones tenían relación causal con el uso de agroquímicos. Se crearon varios grupos de trabajo. En el caso del Ministerio de Salud, se dispusieron unidades centinela para que hicieran el control epidemiológico. Se creó un Plan Nacional de Prevención y Control de las intoxicaciones, por medio del cual en las distintas unidades hospitalarias se comenzó a registrar al que llegara con algún caso de intoxicación, si había estado en contacto con agroquímicos, para así lograr establecer un nexo causal. Fue un programa “estrella” de Ocaña y cuando se fue esa ministra, al nuevo ministro de Salud (Juan Manzur) no le interesó promoverlo particularmente. Se mantuvo el programa de capacitación, pero en lo que respecta al resto de las líneas de trabajo, al perder el interés del principal convocante, que era el Ministerio de Salud, dejaron de venir los representantes políticos a la comisión”, añadió en una entrevista publicada en la última edición de la Revista CREA.

 

 

La vaciaron políticamente…
Valls: Básicamente. Yo luego me fui a vivir a Perú y me desvinculé del programa.

En la investigación para determinar causalidad, ¿llegaron a alguna conclusión?
Valls: Se convocó a especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para que coordinen un análisis de los efectos del glifosato en la salud a partir de la evaluación de todos las investigaciones realizadas sobre el tema (peer review). Esa investigación concluyó que en condiciones de uso responsable, entendiendo por ello las condiciones de uso autorizadas por las normas vigentes y cumpliendo con la adopción de buenas prácticas para su aplicación, el glifosato y sus formulados no implicarían riesgo para la salud humana o el ambiente. Algunos diputados (nacionales) se acercaron en su momento a la comisión para pedir que se prohibiera el glifosato y en ese ámbito se les explicó que, si se prohibía un producto de “banda verde” como el glifosato, sería necesario hacer lo mismo con todo el resto de los productos. La principal conclusión de la comisión fue que era necesario trabajar en capacitación para promover el uso responsable de agroquímicos.

 

 

O sea contribuir a evitar situaciones de mala praxis.
Valls: Sí, se identificaron muchas situaciones así. Entonces se promovieron capacitaciones para aplicadores, para las comunidades asistenciales (del ámbito de la salud) y para maestros. Se trabajó en el campo, los hospitales y las escuelas.

 

 

La intervención profesional de representantes del Estado fue esencial en la regulación instrumentada en la partido de Rivadavia. En la actualidad muchos conflictos se generan por enfrentamientos que no tienen la posibilidad de ser dirimidos por un árbitro calificado neutral.
Valls: Cuando empecé a trabajar con agroquímicos descubrí que la palabra ambientalista era peyorativa porque muchos de los que así se denominan no entienden razones. Pero el verdadero ambientalista es el que busca un uso responsable de los recursos. La gente de América (por la principal ciudad del partido de Rivadavia) vino a buscarnos para solicitar capacitación en el tema. Tuvimos plena asistencia en todas las capacitaciones que dimos; fue un caso modelo. El trabajo interdisciplinario es el camino más apropiado para gestionar cuestiones álgidas en las cuales es necesario lograr acuerdos. Cuando se reúnen diferentes técnicos a intentar solucionar problemas cotidianos, generalmente se consiguen soluciones. Después el político debe avalar lo resuelto. Otro de los trabajos de la comisión fue una resolución que dispuso que los rótulos de los agroquímicos deben contar con una advertencia sobre la necesidad de hacer un uso responsable de los mismos al tratarse de un producto peligroso.

 

 

Se hicieron muchas cosas en poco tiempo.
Valls: Sí. Todo se extendió desde 2009 hasta una parte de 2010. El programa se creó en marzo de 2009 y Ocaña se fue en julio de ese año. La organización principal se hizo en esos pocos meses, luego se instrumentó lo que se había programado en la primera etapa, pero no se desarrollaron nuevas líneas de trabajo.

 

 

¿Cómo eran las reuniones con profesionales tan diversos?
Valls: Eran muy ricas. Había muchas ganas de trabajar. Durante los primeros cinco meses intensos de trabajo inicial, todas las cabezas políticas se reunían cada quince días para trabajar en el ámbito del Ministerio de Salud. Fue una experiencia muy buena que debería poder replicarse. Pero para eso es fundamental contar con apoyo político

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Fuente: Valor soja

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