25 de noviembre de 2015 03:03 AM
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Ordenó anular el Renatea

La Corte Suprema, con la firma de Lorenzetti, Fayt y Maqueda, aceptó un pedido de Gerónimo “Momo” Venegas para declarar la inconstitucionalidad del Renatea, el organismo estatal encargado de fiscalizar el trabajo rural y reinstalar el registro que manejaba el Momo. El máximo tribunal tuvo cajoneado por tres años el recurso de queja presentado por […]

La Corte Suprema, con la firma de Lorenzetti, Fayt y Maqueda, aceptó un pedido de Gerónimo “Momo” Venegas para declarar la inconstitucionalidad del Renatea, el organismo estatal encargado de fiscalizar el trabajo rural y reinstalar el registro que manejaba el Momo. El máximo tribunal tuvo cajoneado por tres años el recurso de queja presentado por Venegas y fue desempolvado ayer, luego del ballottage. Si bien Mauricio Macri le había prometido al Momo recuperar el organismo, la Corte le allanó el camino.

“La Corte admitió un cuestionamiento a la ley que en 2011 les quitó a los trabajadores y empleadores rurales la administración del seguro por desempleo de ese sector”, editorializó Lorenzetti, a través del Centro de Información Judicial (CIJ) para dar a conocer el fallo.

Luego de sancionada la Ley 26.727, que estableció el nuevo estatuto del peón rural y la creación del Renatea, Venegas fue a la Justicia para defender su statu quo. En primera instancia obtuvo la inconstitucionalidad de los artículos 106 y 107, es decir, la creación del Renatea. La Cámara laboral porteña revocó ese primer fallo. Venegas fue en queja a la Corte (agosto de 2012). Después de tres años, la Corte resolvió revocar el segundo fallo y le ordenó a la Cámara establecer una nueva sentencia. Desde el Renatea indicaron a Página/12 que el máximo tribunal no le dejó mucho margen a la Cámara y que es muy probable que quede firme el fallo de primera instancia, es decir, la inconstitucionalidad del Renatea.La Cámara debería conformar un nuevo tribunal, lo que le otorga al Renatea algo de tiempo.

Desde el Renatre, el Momo mantuvo una relación de connivencia con los empresarios, y se mostró indiferente a los posibles casos de trata laboral extendidos en muchas explotaciones agropecuarias. Para fiscalizar, tercerizaba el trabajo a una sociedad anónima (Gregard SA).

Fuente: Pagina 12

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