29 de marzo de 2017 02:57 AM
Imprimir

Nuevo rechazo judicial a una cautelar que buscaba suspender fumigaciones con glifosato

Una Cámara Federal ratificó un fallo de primera instancia en el que se sostuvo que no hay demostración fáctica de que los agroquímicos tengan impacto demostrable en la salud y el ambiente.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo a un pedido de cautelar realizado por un grupo de ciudadanos que pretendía que se suspendieran, al menos provisoriamente, el uso de semillas genéticamente modificadas y las aplicaciones de glifosato, ante la presunción de que esto afecta la salud y el ambiente.

En primera instancia, la solicitud fue denegada y ahora el Tribunal de alzada confirmó la postura del juzgado que intervino inicialmente, alegando que hay “evidente dificultad probatoria” a la hora de probar la existencia “de efectos nocivos” para el ambiente y la salud en la utilización de los organismos “genéticamente modificados” y los agroquímicos.

 

El caso

Según publica Diario Judicial, la causa se denomina “Gimenez, Alicia Fany y Otros s/ EN- Ministerio de Agroindustria y Otros s/ Medida Cautelaer (Autónoma)”, y se trata del pedido de una cautelar iniciada por un grupo de ciudadanos que demandaron a las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero y Entre Ríos, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cefema), y a fabricantes de fitosanitarios como Monsanto Argentina, Dow AgroSciences, Nidera y Syngenta.

Los amparistas buscaban una declaración judicial sobre la “determinación científica de la inocuidad de los OGM (organismos genéticamente modificados) de origen animal o vegetal” y “los paquetes químicos agrícolas y ganaderos atados a su uso desde la esfera ambiental, de la salud pública y la sostenibilidad de dicho modelo de producción o se dictara la legislación requerida”.

Hasta que se resolviera si son inocuos o no, los amparistas pedían que se suspendiera provisionalmente “la comercialización, venta y aplicación de productos que contengan glifosato y sales derivadas” y estén directamente relacionados con el cultivo de soja, maíz, girasol, trigo, algodón, y de todos los actos administrativos que aprobaron ello.

Este freno también abarcaba la aplicación de agroquímicos, herbicidas, fitosanitarios, fungicidas y/o “cualquier otro paquete químico atado al uso de las semillas transgénicas”, ya sea mediante fumigaciones terrestres (mosquitos, mochilas, aspersores) o aéreas (avión) que “contengan glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo”.

 

Rechazos

El pedido fue rechazado en primera instancia porque se consideró que no estaban dadas las condiciones para ordenar la suspensión de los efectos de las resoluciones que autorizaron la comercialización de semillas genéticamente modificadas, porque los actos administrativos -que gozaban de presunción de legitimidad- en los que había intervenido la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), daban cuenta de que el organismo genéticamente modificado “no generaba un impacto sobre el ambiente que difiriese significativamente del que produciría el organismo homólogo no modificado genéticamente”.

Con fundamentos similares, que giran en torno a que, por la complejidad de la causa, no se puede dictar una resolución de tal  dimensión, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso de apelación de los amparistas, que acompañaron diversos informes que acreditarían el efecto nocivo de las semillas.

La Alzada, integrada por los camaristas Sergio Fernández, Jorge Argento y Carlos Grecco, mantuvo firme el criterio de que, pese al volumen de documentación acompañada por la parte actora, no se daban los requisitos para los dictados de la medida innovativa.

En su fallo, los jueces reiteraron que los organismos estatales con competencia en la materia “han informado sobre la inexistencia de daño ambiental significativo, en tanto los riesgos en el agroecosistema no eran significativamente diferentes de los inherentes al cultivo no genéticamente modificado”.

“En la etapa inicial que se halla el proceso, no se advierte que las circunstancias base del planteo de autos aparezcan prima facie acreditadas, ni menos aún que sea exacto afirmar que los peligros para el medio ambiente y la salud por utilización de agrotóxicos resulten de público y notorio conocimiento”, sostuvo el Tribunal de Apelaciones.

La Cámara consideró, en consecuencia, que pese a la profusa cantidad de informes presentados en la causa, los mismos no permiten llegar a una conclusión “sobre la prueba relativa a la existencia de peligro concreto de producción de un daño grave e irreversible sobre el ambiente y la salud, ni -por ende- a formar convicción suficiente que torne procedente las medidas requeridas”.

Fuente: AgroVoz

Publicidad