3 de julio de 2017 00:38 AM
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Bruselas regulará la cadena alimentaria

La UE elaborará una ley para evitar las prácticas abusivas de la gran distribución

El equilibrio entre los intereses de todos los operadores que actúan en a cadena alimentaria desde que sale un producto del campo o de una industria hasta que el mismo llega a los lineales de la gran distribución, constituye uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta, en primer lugar, el sector agrario y en, muchos casos, básicamente todo el conglomerado de pequeñas y medianas empresas de la industria alimentaria. Al margen de otras consideraciones, se trata de un problema de estructuras y de la capacidad de cada una de las partes para hacer valer sus intereses, básicamente de calidad y precios. Un problema al que el comisario de Agricultura, Phil Hogan acaba de señalar que quiere dar respuesta definitiva con una ley de aplicación en todos los países para acabar con las prácticas abusivas de los fuertes contra los demás.

El sector agrario, por la especificidad de sus producciones, unas con fecha de caducidad ligada a su recogida y la imposibilidad de su almacenamiento como frutas y hortalizas, y otras como las producciones ganaderas, junto a la no existencia de unas estructuras organizativas potentes para la defensa de sus intereses, sufre tradicionalmente una doble dependencia en esa cadena alimentaria donde la gran distribución ha suplido a los históricos intermediarios. De un lado, agricultores y ganaderos deben soportar su fuerte dependencia de las industrias de transformación, en líneas generales, más fuertes, que imponen sus condiciones en precios. En la actualidad, muchos productores han dado un paso más en la comercialización directa con los grupos de distribución, pero manteniendo esa misma posición de inferioridad.

De esta dependencia tampoco escapa la industria alimentaria compuesta en su mayor parte por pequeñas y medianas empresas. Aunque han hecho un importante esfuerzo para abrir mercados exteriores, siguen teniendo al interior y su distribución minorista como principal salida.

Articular una respuesta a esta situación de evidente desequilibrio ha sido una de las preocupaciones en os últimos años de todas las Administraciones.

España fue uno de los países pioneros en la búsqueda de una salida equilibrada a esta situación y que dio lugar a la puesta en marcha en 2014 de la Ley de la Cadena Alimentaria por la que, ante as presiones de otros Ministerios económico, Agricultura solamente pudo incluir en la misma las competencias para controlar los plazos de pago y el cumplimiento de los contratos suscritos entre las partes, agricultores y ganaderos, industria y distribución. Sin embargo, fuera de la misma quedaban otras cuestiones como las posibles presiones de las partes con mayor sobre el resto de la cadena, las imposiciones graves, amenazas a o coacciones, el miedo a represalias en caso de una denuncia y, ya en una segunda fase, la posibilidad de perseguir la venta a pérdidas o el abuso de los precios reclamo baratos que hunden la imagen de calidad de un producto.

Estas carencias de la Ley se trataron de suplir, con más voluntad que resultados, en la búsqueda y firma de compromisos con la distribución y la industria con la aplicación de un Código de Buenas Prácticas, voluntario, contra cuyos incumplimientos no existe ningún tipo de medidas punitivas, así como tampoco medidas de apoyo para quienes cumplieran los compromisos.

Estos desequilibrios de intereses entre todos lo que operan en la cadena de comercialización de un productos desde que sale del campo o de una industria hasta que llega a la distribución, no es solamente un problema de España, sino que sucede en todos los países comunitarios, aunque en menor medida en función de su capacidad organizativa en entidades asociativas. En esa línea, cada país puso en marcha sus propias disposiciones con España como pionera..

Ante la gravedad de la situación, las autoridades comunitarias, a través de diferentes organismos e instituciones, se hicieron eco del problema y pusieron ya sobre a mesa, hace nada menos que siete años, los primeros trabajos para poner orden en una situación sobre la que en las últimas fechas el comisario ha vuelto a realizar nuevas promesas. Las cosas de Bruselas van despacio, salvo en as reformas de las PAC que se cuecen casi cada año

En el marco de la Unión Europea, en 2010 se creaba una plataforma dentro del Foro ya existente de Alto Nivel sobre el funcionamiento de la Cadena Alimentaria para luchar contra las prácticas comerciales desleales en el sector alimentario. Tres años más tarde, en 2013, la propia Comisión adoptaba un Plan de Acción para el Comercio Minorista y la puesta en marcha de una campaña, un Libro Verde de consultas sobre prácticas comerciales desleales entre empresas. Este Plan contemplaba la necesidad de capacitar a os consumidores a la hora de hacer su elección con una mejor información, mejorar la accesibilidad a los servicios minoristas con el intercambio de buenas prácticas entre los países miembros a la hora de planificar el comercio, garantizar unas relaciones más justas y sostenibles a lo largo de toda la cadena, apoyar una mayor vinculación entre el sector minorista y la innovación y mejorar el nivel de empleo en el sector.

Los esfuerzos para lograr ese equilibrio de intereses entre los operadores parece no dieron los resultados esperados, cuando la propia Comisión Europea lanzaba en julio de 2014 una Comunicación contra las prácticas desleales en la cadena de suministros alimentario para que haya unas condiciones de competencia leales y equitativas. Bruselas defendía poner por escrito en los contratos las cláusulas comerciales esenciales, rechazar los cambios unilaterales retroactivos sobre costes o precios de los productos o servicios, la transferencia de riesgos injustificados o desproporcionados para una parte contratante, la alteración deliberada de los calendarios de entrega o recepción, o la terminación de una relación comercial sin previo aviso o mediante un plazo corto sin previo aviso o sin motivo justificado.

España es uno de los países de la Unión Europea más interesados en la existencia de una normativa comunitaria que regule las relaciones en la cadena alimentaria y que evite las prácticas abusivas desde las posiciones de poder que existen en la misma si tenemos en cuenta que el grueso de las exportaciones españolas de productos como frutas y hortalizas, vino porcino o aceite se comercializan en el resto de los países miembros en líneas generales a través de los grandes grupos comunitarios de la distribución. Por la alta dependencia de los productores españoles de los mercados comunitarios para dar salida a sus producciones y la gran capacidad de compra de esos grandes grupos, los desequilibrios que puedan existir en el mercado español entre producción y distribución, se multiplican en ese tipo de operaciones con graves riesgo de que las mismas se desarrollen desde posiciones de fuerza ya denunciadas, especialmente desde el sector de las frutas y hortalizas donde hubo exigencias reiteradas de altas rebajas de precios con amenazas de romper los contratos.

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