29 de julio de 2017 01:50 AM
Imprimir

Colombia : Tras 10 años, estos son los avances en la implementación del decreto 1500

CONtexto ganadero presenta los avances en la implementación del Decreto 1500 de 2007, que pretende modernizar el sacrificio, formalizar la cadena cárnica y cumplir con los estándares de los TLC
Ha pasado una década desde que se expidió la norma que regula las plantas de beneficio en Colombia, pero paradójicamente entró en vigencia  9 años después, el 8 de agosto de 2016.
Con la expedición de la norma se pretendía que las plantas de sacrificio del país se modernizaran en aras de que la carne resultante del proceso de beneficio y desposte cumpla los requisitos en materia sanitaria y de inocuidad, cadena de frío y calidad.
El decreto ha sido aplazado en 7 ocasiones, lo que generó graves inconvenientes y motivó en gran medida el sacrificio ilegal.
Sobre el tema, el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie Rivera, reiteró que los daños que por cuenta de los aplazamientos sufrieron aquellas plantas que desde el comienzo hicieron la tarea, son irreparables.
El dirigente señaló que la entrada en vigencia de este Decreto abre las puertas de la admisibilidad sanitaria con países con los cuales hay Tratados de Libre Comercio vigentes, que representan una oportunidad comercial para el sector ganadero y que a los que actualmente “no les exportamos ni un solo kilogramo de carne”.
Asimismo, explicó que los efectos se verán reflejados en otros aspectos tan importantes como la salud pública de los consumidores, la comercialización del producto en condiciones inocuas y un verdadero impulso para el sector.
Las plantas certificadas
De acuerdo con los registros del Invima, hay 7 plantas de beneficio animal que cumplen con los requisitos sanitarios exigidos por el decreto 1500, el decreto 2270 de 2012 y las resoluciones que los reglamentan.
Entre estas, 21 se dedican al desposte de bovinos o mixto y las otras 6 fanean aves de forma exclusiva. El departamento con el mayor número de plantas aprobadas es Antioquia con 9, seguido por Meta y Santander con 4 cada uno, y Valle del Cauca con 3.
En Antioquia se encuentran Alimentos Cárnicos en Envigado, la Sociedad Despostadora de Carnes y Comercializadora y Distribuidora Dizamar en Medellín, El Cortesano en Sabaneta, Frigorinus en San Roque, Frigocolanta en Santa Rosa de Osos, y una última de porcinos.
En Santander están la planta de la Ganadería Manzanares, el frigorífico Río Frío, Carnes y Carnes de la empresa Inversiones Zuluaga Rueda y Avidesa Mac Pollo, de aves, mientras que en Meta se encuentran Carnes La Costela en Villavicencio y 3 más especializadas al beneficio de aves.
Además, en el beneficio de bovinos se destacan las plantas Districarnes El gran novillo en Florencia, Caquetá; Red Cárnica en Ciénaga de Oro, Córdoba; Frigocórdoba en Dosquebradas, Risaralda; Refrescos Gómez Plata en Barranquilla, y Agropecuaria Criadero Villa María en Jamundí, Valle del Cauca.
Las plantas que están en proceso
De otro lado, están los frigoríficos que presentaron el Plan Gradual de Cumplimiento y que obtuvieron una autorización sanitaria de un año cuando comenzó a regir el decreto 1500 en agosto de 2016, que es prorrogable un año más si muestran un avance del 50% en la implementación de la norma.
En noviembre de 2008, el Invima estableció un listado oficial de 750 establecimientos, de los cuales 558 estaban dedicados al sacrificio de las especies bovina y bufalina, 56 al desposte único de estas especies, 62 de desposte mixto junto con porcinos y 74 de régimen especial.
En enero de 2016, el número se redujo a 721, de las cuales 397 contaban con autorización para exportar o comercializar carne a nivel nacional. Hoy en día, 326 sitios cuentan con la autorización sanitaria que establece el decreto 1282 de 2016, la norma que otorgó los plazos.
Entre estas, uno de los ejemplos más notables es el frigorífico Villanueva, ubicado en el municipio homónimo en La Guajira. Según su gerente, Ricardo Hernández, la implementación de los requisitos que establece el decreto 1500 tiene un avance de más del 95%.
Este es el único frigorífico de nivel nacional en el departamento, mientras que los otros 2 mataderos autorizados (en Fonseca y Maicao) han tenido dificultades para implementar el decreto.
De hecho, son más comunes los casos de las plantas que no han podido cumplir con el Plan Gradual, debido a la falta de recursos para realizar las adecuaciones que exige la norma, sin hablar de los numerosos inconvenientes que deben sortear los administradores para lograrlo.
Por ejemplo, la Asociación de Ganaderos de La Mesa, Asomegan, actual administradora del matadero municipal, ha tenido dificultades para cumplir con los requisitos porque están recibiendo muy pocos bovinos para faneamiento, generando pérdidas para los productores.
Orlando Ortega, director de Asomegan, reveló para CONtexto ganadero en abril de este año que sus ingresos por cuenta del beneficio se han reducido porque ingresan menos bovinos. A pesar de tener una capacidad de faneamiento entre 25 y 30 animales, apenas llegan 5 o 6.
Nosotros estamos a punto de cerrar. Para sostener la planta, nos tocó bajar la nómina, sacar los empleados. (…) Nuestra planta labora con 14 operarios y en este momento, estamos con 8”, dijo.
Las plantas cerradas
Desde agosto de 2016, se han efectuado cierres a mataderos que no cumplieron con el decreto ni con el Plan Gradual. El Invima, acompañado por las Secretarías de Salud departamentales, se ha encargado de clausurar los sitios.
Hasta el pasado 22 de mayo, la entidad sanitaria ha cerrado 122 establecimientos en todo el territorio nacional, siendo la mayoría mataderos municipales dedicados al sacrificio de bovinos y porcinos, y unos cuantos al desprese de aves.
En los próximos meses están programadas las clausuras restantes, con el fin de que todas las plantas a nivel nacional se ajusten al decreto. Y a partir de agosto de este año, empezarán los cierres de las plantas que pidieron la autorización provisional, cuando se cumpla el primer plazo que dio el Invima para implementar el decreto al menos un 50%.
Si bien se ha avanzado en la norma, la autoridad sanitaria tiene el reto de hacer valer la norma en las zonas donde los mataderos han dejado de funcionar, pues el abigeato y el sacrificio clandestino han aumentado de forma desmesurada, no solamente afectando la economía de los establecimientos legales sino también poniendo en riesgo la salud pública de los consumidores.
Según las estadísticas, en lo corrido del 2017, el faneamiento legal ha disminuido un 13% con respecto al año anterior, una tendencia a la baja que viene así de 2013.
Por esta razón, los productores exigen mayores controles del Invima, las secretarías de Salud y Gobierno municipales y departamentales, los Ministerios de Agricultura y Salud, la Policía, el Ejército y demás autoridades involucradas para que el cumplimiento de la norma no se quede únicamente en cierres sino que se vuelva una verdadera política para mejorar la calidad e inocuidad de la carne que consumimos todos.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Fuente: ContextoGanadero

Publicidad