30 de octubre de 2017 12:40 PM
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El CFP distribuyó la Reserva de merluza negra y generó polémica

Un precio promedio de 30.000 dólares hace que 600 toneladas sean un motivo más que justificado para presentar batalla en el seno del Consejo Federal. La polémica surgió luego de que se aprobara distribuirlas bajo los parámetros de la cuotificación. Tierra del Fuego y San Arawa críticos.

Tras posponer durante meses la discusión respecto de la distribución de la Reserva de Administración, de merluza negra, finalmente en el Acta 31 del CFP se abordó y resolvió el tema. El criterio utilizado fue el de los parámetros de cuotificación, teniendo en cuenta la evolución y modificaciones que han tenido las empresas en el período que va de 2010 a 2015. Pese haber sido su pedido en 2016, el Representante de Tierra del Fuego se opuso: los valores de redistribución que él manejaba eran distintos a los de la Dirección de Pesca, aumentando exponencialmente la participación de San Arawa y borrando a la firma Argenova. Desde el sector empresario se manifestaron conformes con la decisión adoptada por el CFP, con la excepción de San Arawa.

En el año 2009 se efectivizó la cuotificación y mediante la Resolución 21 del CFP, se establecieron los parámetros específicamente para la merluza negra. Bajo esos criterios se otorgó el valor de ponderación del 50% por historia de captura; 30% mano de obra; 15% producción y 5% inversiones.

Con estos parámetros el reparto de cuotas de la merluza negra quedó establecido de la siguiente manera: 23,02% para Argenova; 40% para Estremar; 14,98% Pesantar y 3,2% para Prodesur y San Arawa, de un mismo grupo empresario.

A partir de las transferencias definitivas que realizaron las empresas  desde 2009 a 2014 se vio modificada la participación de Estremar  y San Arawa por transferir cuota fuera del grupo, quedando la primera en 35% y la otra en 2,7%. Pesantar, en cambio, a partir de la compra de cuota aumento su participación llegando al 19,94%. Argenova se mantuvo sin modificaciones.

El Fondo de Administración está compuesto por el 15% y es distribuido anualmente. Ese valor en toneladas es variable en función de las declaraciones de la captura de esta especie como by catch y las solicitudes anticipadas de las empresas. Hasta 2015 quienes hubieran consumido el 80% de las cuotas podían solicitar el otorgamiento de volumen complementario; pero ante algunos abusos cometidos esto se modificó y es la autoridad la que otorga un porcentaje por empresa.

Este reparto puede hacerse bajo los parámetros de la cuotificación o por la aplicación de otros distintos, según el criterio que considere conveniente el Consejo Federal Pesquero. El año pasado se utilizó un criterio arbitrario que no tuvo ninguna relación con la legislación vigente, distribuyéndose en partes iguales entre las cuatro empresas. En ese momento Tierra del Fuego había propuesto, considerándolo el único criterio legal, ajustarse a los parámetros de la cuotificación; pero ello no fue tenido en cuenta.

Este año se produjo un informe pormenorizado desde la Dirección Nacional de Control y Fiscalización Pesquera, con el mapa de la distribución de la cuota de merluza negra desde su aplicación en 2009; y tomando en cuenta los mismos parámetros se consideraron las variaciones y las capturas desde 2010 a 2015 para establecer un reparto del Fondo de Administración.

Pese a tomar en cuenta lo propuesto por Tierra del Fuego, el consejero Juan López Cazorla votó de forma negativa, dado que a su criterio los porcentajes que corresponden a cada empresa son muy diferentes. En septiembre pasado presentó un reparto que dejaba afuera a la firma Argenova; le asignaba 4,73% a Estremar; 26,01% a Pesantar y a San Arawa 41,67%.

Esos son los valores que el representante provincial presentó como resultado del análisis de la información sobre la cantidad del personal empleado en relación de dependencia, mes a mes, y el promedio de cada año tanto en tierra como embarcado; la producción y exportaciones; las inversiones realizadas en el período y el análisis de las presentaciones de los últimos cinco balances anuales.

Sin embargo del informe de la DNCP surge que el reparto de cuota en las condiciones actuales debe ser otro: Argenova 29,45%; Estremar 24,41%; Pesantar 28,92% y San Arawa 9,22%. Estos valores surgen de analizar la producción, en la que Argenova y Pesantar se destacan con los mayores porcentajes al igual que en la ocupación de mano de obra. En el rubro inversiones Estremar y Pesantar son los que mayor incidencia muestran. Todas registran infracciones.

Ante esta disparidad de cifras desde el Consejo desestimaron la presentación del Representante de Tierra del Fuego y al momento de votar no hubo dudas entre el resto de los consejeros para apoyar la propuesta de la autoridad de aplicación.

De esta forma el reparto del Fondo de Administración de 599 toneladas se distribuyó de la siguiente manera: Argenova recibió para sus tres buques 187 toneladas; Estremar para el gigante Centurión del Atlántico 170 toneladas; Pesantar para el Echizen Maru 184 toneladas y San Arawa para su barco Tai An 58 toneladas.

El Consejo indicó que el uso de esta asignación está sujeto a la comprobación de ausencia de sanción aplicada por parte de la Provincia de Tierra del Fuego a las empresas allí radicadas y el representante de esa provincia, el único que votó en contra, se quejó por el requerimiento y señaló que antes debería solicitarse un informe sobre infracciones a la Ley de Pesca, en clara alusión a la falta de resolución del Ministerio sobre los casos Pesantar y San Arawa.

López Cazorla se quejó diciendo que no se trató el tema con el informe de los sumarios administrativos llevados a cabo por las autoridades nacionales y provinciales, indicando además que “la decisión adoptada no se ajusta a lo dispuesto en el Acta CFP 45/2015, ni recepta los resultados que surgen del Informe de la DNCP” y que se ajusta solo a lo dispuesto para la cuotificación en 2009 sin “reflejar la realidad actual de la pesquería y de las empresas”.

Sin darle mayor importancia a los pataleos del consejero fueguino -veterinario oriundo y residente de la provincia de Buenos Aires-, el Consejo decidió comunicar la decisión adoptada a las empresas, que en su mayoría se mostraron conformes con lo resuelto. Consideran que se utilizó “un criterio ajustado a la ley y representa un gran avance en cuanto a la transparencia”. Mientras desde San Arawa opinan todo lo contrario.

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Fuente: Revista Puerto - Mar del Plata

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