4 de noviembre de 2017 11:56 AM
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Subas de impuestos que irritan al agro

Nada bien cayó entre los productores agropecuarios bonaerenses el anuncio del gobierno de María Eugenia Vidal que en 2018 aumentará un 50% promedio el impuesto inmobiliario rural, según el proyecto de presupuesto enviado a la Legislatura. El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, no dio detalles de cómo se aplicará el incremento, pero explicó que […]

Nada bien cayó entre los productores agropecuarios bonaerenses el anuncio del gobierno de María Eugenia Vidal que en 2018 aumentará un 50% promedio el impuesto inmobiliario rural, según el proyecto de presupuesto enviado a la Legislatura. El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, no dio detalles de cómo se aplicará el incremento, pero explicó que se exceptuará a los campos de menos de 50 hectáreas y a aquellos declarados en emergencia por inundaciones en 2017. Ese anuncio opacó la buena noticia que significa la intención del gobierno bonaerense de reducir el impuesto a los ingresos brutos y a los sellos.

“Es una barbaridad, no acompaña a la inflación ni a las paritarias”, dijo a LA NACION el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco. El gobierno nacional calcula una inflación de 12% para el año próximo y en 2017 el inmobiliario rural tuvo un incremento de 38 por ciento. El ruralista refutó la argumentación de Lacunza respecto de que el tributo no se actualiza desde hace 12 años. “Este año se revaluaron 17.000 partidas”, señaló, respecto del formulario 911 con el que se declarar los cambios en los parámetros productivos. Según explicó el economista José Luis Espert en TV, en 2009 un campo de la zona núcleo pagaba 0,6 quintales de soja por hectárea de inmobiliario rural y ocho años después se pasó a pagar 2,7 quintales por hectárea.

La discusión promete ser ardua. El gobierno bonaerense replica que está dispuesto a bajar el gasto del Estado, fundamentalmente el político, en la Legislatura, y que lleva adelante un ambicioso programa de infraestructura, junto con la Nación. Según sus cálculos, hay 1000 millones de dólares destinados a terminar la etapa IV del plan maestro de la cuenca del Salado, 11.000 millones de pesos en rutas provinciales y $ 12.000 millones en rutas nacionales. “Los impuestos vuelven en obras”, dicen, para responder a quienes los acusan de ser iguales al gobierno de Daniel Scioli.

Respecto de la reforma impositiva propuesta por el gobierno nacional, los especialistas tributarios elogian el propósito de reducir paulatinamente ingresos brutos y la progresiva eliminación del impuesto al cheque, señalados como dos de los más distorsivos de la presión tributaria. “También es pro-inversión la reducción del impuesto a las ganancias a las empresas de 35 a 25 por ciento para aquellas que reinviertan sus utilidades”, explicó el especialista Héctor Tristán.

Sin embargo, en los anuncios de Dujovne hubo un misilazo: la suba de impuestos a los vinos, cervezas y bebidas azucaradas. El argumento de que eso sirve para mejorar la salud de la población le abre la puerta a imaginar nuevos tributos. ¿Por qué no aplicar en el futuro impuestos a las carnes rojas o las harinas, cuyo consumo excesivo aumentan el riesgo de provocar enfermedades cardiovasculares? Hay mucho para hacer en pos de mejorar la dieta de la población, pero comenzar por subir la carga tributaria puede conducir a la destrucción de las cadenas productivas.

“En 1980 se tomaban más de 80 litros per cápita por año y en 2017 no llegamos a los 20 litros; es difícil fundamentar el aumento de un impuesto por razones de salud pública”, explica Francisco do Pico, vicepresidente de Bodegas de Argentina, entidad que agrupa a la mayor parte de las bodegas del país. La industria vitivinícola y los productores creen que las rebajas tributarias y laborales prometidas por el Gobierno no compensarán la suba del impuesto interno.

La situación de la actividad es dura. “En los últimos cuatro años se perdieron más de 30.000 hectáreas de viñedos”, señala Do Pico y advierte que si prospera el aumento habrá una caída en la producción de vino, y el desplome de los precios de la uva. Por razones climáticas y de falta de competitividad las exportaciones de vino cayeron 35% en los últimos años y el mercado interno se redujo 20 por ciento. Cada punto de caída de mercado de vinos, según datos de la cadena, representa la pérdida de 1500 hectáreas. “Nos agarra en el peor momento”, dice Do Pico. La cadena vitivinícola le había solicitado al gobierno nacional incrementar los reintegros a las exportaciones y aumentar los fondos para la promoción en los mercados externos que son 20 o 50 veces más bajos respecto de competidores como Chile o Australia. La respuesta, hasta ahora, fue la suba de los impuestos internos. Con esta reforma al “supermercado del mundo” le pueden quedar vacías las góndolas de los vinos.

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Fuente: La Nacion

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