6 de noviembre de 2017 11:27 AM
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¿Agua o vino?: por qué el Gobierno se mete en la mesa de los argentinos

Los cambios de impuestos internos se basan en la teoría de un economista inglés, contemporáneo a Keynes. Salud, empleo y economías regionales, en la mira.

La polémica por los cambios en los impuestos internos provocó una guerra de lobbies entre distintas industrias. Las bebidas con alcohol y con azúcar salieron perdiendo en el proyecto de reforma tributaria, mientras que ganaron las aguas y los productos electrónicos. Pero antes de buscar “culpables” o responsabilidades en el ministerio de Hacienda, conviene remontarse a la teoría desarrollada hace poco más de 100 años por un economista: Arthur Pigou.

Este académico, contemporáneo a John Keynes, es el padre de la teoría relacionada con las “externalidades” relacionadas con el consumo de bienes. ¿Qué significa? Básicamente estudió de qué manera impacta en la sociedad que la gente vuelque sus preferencias a determinados productos en detrimento de otros.

Las “externalidades” positivas y negativas estudian el efecto que tiene la demanda de determinado producto en la sociedad, más allá del efecto puntual sobre el consumidor.

Así nació el concepto de “impuestos pigouvianos”, en honor a este economista inglés. Los gravámenes establecidos bajo este paraguas procuran influír en la compra de determinados bienes por parte de la población, pero al mismo tiempo desincentivar el consumo de otros, por considerarlos nocivos.

(NA)

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La figura de Arthur Pigou reapareció en las discusiones que se dieron en la “mesa chica” de Hacienda que proponen cambios vinculados con el peso de determinados impuestos internos. Entre los cambios aparecen dos ejes fundamentales: encarecer el consumo de bienes supuestamente nocivos para la salud y también los suntuarios, ya que están reservados para la franja de población más rica y que tiene más poder adquisitivo para pagarlos. Se trata de un impuesto que, al menos en teoría, no persigue tanto fines recaudatorios como de influenciar sobre los hábitos de la población.

Con ese espíritu se propone un fuerte aumento en los impuestos sobre las bebidas alcohólicas como cervezas y espumantes (que pasarían del 8% al 17% de impuesto interno). Y, claramente la medida más polémica, aparece un nuevo gravamen sobre el vino, que pasaría del 0% al 10% en el transcurso de cinco años. También hay un incremento impositivo sobre el consumo de gaseosas azucaradas. Como contrapartida, se elimina el impuesto interno de 4% que insólitamente se aplicaba sobre el consumo de agua mineral. Esa decisión la adoptó José Luis Machinea, ministro de Economía de la Alianza como medida para achicar el déficit fiscal recibido del Gobierno anterior.

Insólitamente, la Alianza había gravado con un impuesto interno del 4% al consumo de agua mineral en 1999. Ahora Dujovne propone eliminarlo, pero a cambio crea un gravamen para el vino.

El mensaje luce claro: desde el Gobierno se busca incentivar un mayor consumo de agua y castigar el de bebidas alcohólicas y las de alto contenido de azúcar.

¿Tiene derecho el Estado a tomar este tipo de medidas que impactan directamente en los hábitos de consumo? La respuesta que daría Pigou es que sí y lo sustenta en la teoría de las “externalidades” positivas y negativas. Por ejemplo, si la gente tiende a emborracharse por un consumo excesivo de alcohol, o engorda mucho por tomas gaseosas azucaradas, el problema excede a esas personas porque termina impactando en toda la sociedad.

Si aumenta el consumo de alcohol habrá más propensión, por ejemplo, a accidentes automovilísticos y crecerá la cantidad de muertos por ese motivo. Y el aumento de la obesidad por consumir bebidas con azúcar demandará de un mayor gasto estatal para dar atención en los hospitales públicos. O sea que toda la sociedad terminará pagando por los malos hábitos alimentarios de determinado grupo. Por lo tanto, también tiene lógica que se incentive el consumo saludable, en este caso de agua mineral. Los médicos recomiendan tomar dos litros por día como un hábito saludable.

Claro que la teoría es una cosa y lo que sucede en la vida cotidiana no se ajusta exactamente a los libros. En el caso del vino, existen varios alicientes. El primero es que el consumo ha caído sustancialmente en las últimas décadas a menos de la mitad per cápita, perdiendo espacio contra otras bebidas como la cerveza. Pero además los médicos coinciden en que el vino tiene propiedades “antioxidantes” muy positivas para la salud. “Una copa por día” es hoy una recomendación totalmente generalizada. Por lo tanto, no está claro que corresponda la aplicación de una mayor carga tributaria para desincentivarlo.

En Hacienda respondieron con un mapa global, que muestra que el impuesto especial al vino se cobra en casi todos los países del mundo, por lo tanto tendría lógica hacerlo también en la Argentina. Pero en CAME, en defensa de las economías regionales, esbozaron una particular defensa: “Al vino prácticamente hay que considerarlo como parte de la canasta básica de los argentinos”. Es decir, habría que equipararlo al pan, al arroz o a la leche. En ese caso, obviamente, no habría que aumentarle la carga tributaria sino todo lo contrario.

Pero los técnicos de Hacienda tienen otro punto de vista: “No se puede mirar la presión tributaria en forma aislada. Un 70% del costo de la actividad vitivinícola es el personal. Y nosotros proponemos una reducción fuerte de aportes patronales, que bajarán a cero para los sueldos de 12.000 pesos mensuales. Por lo tanto, el sector tendrá un alivio fiscal significativo”.

La discusión acerca de los “impuestos pigouvianos” también llegó a los bienes electrónicos. La propuesta de la reforma es eliminarle los “Internos”, que hoy se ubica en el 17%. “Consideramos que una pantalla de TV o un celular no son bienes de lujo, lo mismo que un auto de gama media, y queremos que la gente tenga más acceso a los mismos”, indicaron.

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Fuente: Infobae

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