6 de noviembre de 2017 12:13 PM
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Pesqueras de Comodoro pedirán pescar en el Golfo

Plantearían la necesidad de poder capturar langostino en aguas del Golfo San Jorge rechazando la medida de veda y cierre total de la pesquería del crustáceo en esa área. De esas plantas dependen 700 empleos directos y otros 200 indirectos.

Las empresas pesqueras con plantas de procesamiento radicadas en Comodoro Rivadavia plantearían, en los próximos días, la necesidad de que los barcos afectados a las mismas sean autorizados a pescar langostino en la jurisdicción provincial del Golfo San Jorge, actualmente vedado para la pesca del crustáceo.

El requerimiento se haría en función de la falta de materia prima para procesar y en pos de preservar la dotación actual de mano de obra ocupada por esas plantas, que en forma directa totalizan alrededor de setecientos trabajadores en forma directa y otros doscientos de manera indirecta.

Desde las plantas advierten que sin posibilidad de aprovisionamiento de materia prima tienen infraestructura y mano de obra ociosas, lo que hace inferir que de no poder contar con pescado para procesar no podrán mantener los actuales niveles de empleo.

Representantes de las diferentes empresas pesqueras de Comodoro Rivadavia no ocultan que la decisión de cerrar totalmente la pesca de langostino en el Golfo San Jorge fue una medida inconsulta y que ha causado un alto impacto negativo en la provisión de materia prima a esas plantas procesadoras.

En las últimas semanas se comenzó a gestar un planteo que formalizarán por estos días y que incluiría un pedido para que el Consejo Federal Pesquero revea la medida y analice una serie de circunstancias que expondrían para su evaluación a fin de flexibilizar la veda total de pesca de langostino que actualmente rige dentro de ese caladero interprovincial.

Como se recordará, en junio de 2017, el CFP acordó medidas de manejo del recurso, y en el Acta 14 quedó establecido que Chubut y Santa Cruz comprometieron “la prohibición de pesca de langostino en el Golfo San Jorge durante el corriente año, y dado que esto genera un impacto en el desarrollo de la actividad en sus provincias solicitan que se contemple la situación de los buques fresqueros que cuentan con permiso de peca vigente, se dirigen a la especie como objetivo y descarguen en sus jurisdicciones”.

En esa misma oportunidad se resolvió por unanimidad, de manera excepcional para el corriente año, “establecer la posibilidad de modificar las autorizaciones de captura de langostino de los buques fresqueros que cuentan con permiso de peca vigente, se dirigen a la especie como objetivo y descarguen en sus jurisdicciones, que las Provincias del Chubut y Santa Cruz indiquen, hasta un tope total de 2.300 toneladas por cada provincia, sujeto al compromiso de ambas de prohibir totalmente la pesca de langostino en el Golfo San Jorge durante el mismo período”.

Las empresas con plantas procesadoras insisten en que se trató de una medida discrecional e inconsulta y resulta insuficiente para tratar de compensar el perjuicio ocasionado ante el cierre del Golfo San Jorge para la pesca de langostino, y sobre esta lógica es que piden que esas 2.300 toneladas se destinen a las plantas de esa ciudad.

Según trascendió, Pesquera Puerto Comodoro tiene 80 empleados en relación de dependencia en su planta; Barano cuenta con 140 trabajadores; Pesquera  Del Sud tiene 66 obreros en su planta; Pesquera Mar del Chubut 120 empleados; Hielos de la Patagonia otros 30 trabajadores; Logística Protesur revista una dotación de 130 trabajadores y Ecoprom otros 130 empleos, lo que totaliza casi 700 trabajadores en forma directa en las diferentes pesqueras comodorenses.

Desde las plantas insistirán con el argumento de que requieren tener garantizado el aprovisionamiento de materia prima para sostener los puestos laborales, lo que implica la obligación de cumplir compromisos económicos tales como pagos de sueldos y jornales, aportes patronales, pago a proveedores de servicios, moratorias, pagos de juicios laborales, entre otros. Reiteran que sin materia prima no podrán continuar con los 700 empleos en forma directa, lo que amenazaría la paz social del sector.

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Fuente: Revista Puerto

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