13 de noviembre de 2017 03:50 AM
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Una ganadería carcelaria

una de neta lógica socialista -la forma imperativa de querer gobernar la agricultura- y otra que últimamente llama bastante la atención, que es un principio de cambio en la mansedumbre gremial, en general perezosa para no reaccionar con la fuerza que quizás cabría esperar. Hoy me refiero a la ganadería carcelaria, también una forma de […]

una de neta lógica socialista -la forma imperativa de querer gobernar la agricultura- y otra que últimamente llama bastante la atención, que es un principio de cambio en la mansedumbre gremial, en general perezosa para no reaccionar con la fuerza que quizás cabría esperar.

Hoy me refiero a la ganadería carcelaria, también una forma de enfocar la política sectorial desde una perspectiva socialista, imperativa, llena de permisos previos, autorizaciones, registros, como si el Estado fuera el dueño de la facultad de producir que delega en algunos –los registrados- cuando obviamente es al revés. Ponerse por encima de las decisiones de los ciudadanos y obligar en lugar de sugerir, no solo es un agravio a la libertad, sino generalmente un mal negocio.

Trazabilidad.

Desde un comienzo me opuse al régimen de trazabilidad obligatorio, porque convertía en imperativo un negocio propio del ámbito privado. Ya me parecían muy peligrosos antes y mucho más ahora, ese conjunto de conceptos que se quieren adosar a la rentabilidad privada cuando se habla del agro o de la tierra. Se menciona el interés general, que la tierra tiene un fin social, que el cuidado del suelo es un tema de todos, que el país necesita los recursos del agro, etc. Todas estas afirmaciones contienen algo de verdad, pero no en el sentido socialista que supone que hay un poder con derecho a imponer el qué, cuánto y cómo producir para defender el interés de algunos, sin mirar los derechos de propiedad de los empresarios. No es así. El fin social de la propiedad —rural, urbana— no tiene absolutamente nada que ver con la decisión estatal que desplaza a la privada. Su contribución al bien común es precisamente a través de la acción libre y responsable de sus legítimos dueños y no de otra manera. La trazabilidad obligatoria nació mal, y además esto no es lo más importante- hoy en día no sirve casi que para nada. Su administración es costosa, sus trámites se van convirtiendo en una caricatura llena de travesuras y, lo más insólito, el MGAP se niega a evaluar lo realizado. Se llega incluso a señalar con error que la cuota 481 justifica la trazabilidad cuando justamente es al revés. La cuota 481, de ser un buen negocio, debería justificar la trazabilidad sin necesidad de obligación estatal que es lo malo, no la identificación del ganado.

Pero hay más ganadería carcelaria. Es la de la prohibición de las explotaciones por parte de titulares de acciones o de fondos salvo claro está- que pidan permiso, presenten un proyecto, etc. Lo de siempre. Me imagino que en cualquier momento se vendrán los planes de suelos en ganadería y —por qué no— el permiso para tener ovejas en tierras agrícolas, o cultivos en zonas de basalto, entre otros.

Libre comercio.

Y como paradigma del fin de la libertad empresarial como fundamento del dinamismo económico, como apoteosis del intervencionismo en la ganadería, se encuentra el régimen actual de exportación e importación de ganado en pie, todo sometido a permisos previos, registros etc., que encuentran su expresión más acabada en la resolución del MGAP del 18 de noviembre de 2013. A partir del año 2005, pero muy especialmente desde 2010, desapareció la exportación en pie libre para los productores. Al principio se empezaron a cajonear trámites sanitarios para exportar, siendo vox pópuli que el MGAP no iba a “autorizar” exportaciones de ganado gordo, y que solo iba a permitir la de terneros en un número “in pectore” del ministerio. Este atentado a la libertad comercial consiste en desplazar la decisión del productor hacia exportadores que se deben registrar y someter su operación a permiso previo. La resolución mencionada establece que para exportar hay que inscribirse en un registro, para el cual hay que aportar certificados notariales y otra información inútil, un responsable técnico, un predio de cuarentena aunque no lo pida el comprador (también con certificado notarial), contrato marítimo (sic) también certificado, pago de tasas, y esperar el permiso que además tiene fecha de caducidad. Por si todo esto no fuera suficiente disuasivo, nos enteramos que para exportar a Argentina, uno de los dos o tres destinos lógicos de la exportación en pie, no teníamos protocolo sanitario. Si se lograra, esto tampoco tendría absolutamente nada que ver con la libre exportación de ganado en pie. Y en cuanto a la importación de ganado, si ésta se lograra, por exigencias de la trazabilidad el ganado adquiriría una caravana que impide se venda a frigorífico.

Ha habido ventanas de precios para exportar ganado a Argentina y para importar desde Brasil. No obstante eso no ha ocurrido, el ternero vale US$ 2,20 y el ganado gordo 1,66 y no puede salir. Están así los elementos de un problema económico en puerta.

Sin embargo, no es lo económico lo fundamental como en la trazabilidad obligatoria. El tema es como siempre la libertad, los roles del estado y del sector privado, agraviado también en el caso del ganadero por el incremento de la tributación sobre la tierra que se había comprometido no tocar y que, honrando a la ideología, sí se lo hizo.

Libertad era otra cosa. No resisto transcribir aquí, en su espectacular sencillez, el decreto 457/1992 que en 5 artículos declaró totalmente libre y sin intervención previa la exportación e importación de ganado y carne de todas las especies. Y que en sus considerandos señala precisamente que la legislación anterior determinaba que “la liberalización se ve fuertemente limitada por exigirse la autorización “caso por caso” del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”.

Termino como el mes pasado, expectante por el momento en el que vuelva el derecho pleno de la gente a trabajar, contratar, enajenar, producir, adquirir, comerciar, exportar, importar, etc.

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Fuente: El Pais

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