17 de diciembre de 2017 12:02 PM
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Biodiesel: retenciones ponen en peligro el negocio

Esta semana, mediante un decreto presidencial se cambió el esquema de impuestos móviles a esa suma fija. El sector no reaccionó orgánicamente, pero especialistas advierten que perjudicará el comercio exterior.

El gobierno nacional decidió aplicarle al biodiesel un impuesto a las exportaciones del 8% y preocupó aún más a un sector que este año padeció el cierre de EE.UU. -el único mercado abierto que tenía le producto nacional- mientras comenzaba a reingresar a la Unión Europea, plaza que nuevamente vuelve a presentarse como una incógnita. La medida se tomó mediante un decreto presidencial, razón por la cual se trataría de una medida inconstitucional, ya que es el Parlamento el órgano exclusivo que puede dictar nuevos gravámenes. A pesar de ello al cierre de esta edición no se conocían manifestaciones institucionales desde el sector.

El decreto 1025/2017, publicado en el Boletín Oficial el miércoles 13 de diciembre con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros Francisco Cabrera (Producción), Juan José Aranguren (Energía) y Nicolás Dujovne (Hacienda), implicó la eliminación el sistema de retenciones móviles que regía desde 2012. En su lugar s determinó un 8% fijo, que comenzará a regir desde el 1º de enero de 2018.

La nueva normativa considera que “la variación de las condiciones en las cuales fue dictado el citado Decreto Nº 1719/12 exige la adecuación de la normativa que rige el sector al contexto en el cual actualmente se desarrolla el mercado”. Además, indicaron que “se hace necesaria una armonización entre los derechos de exportación del biodiésel y el de su principal materia prima, el aceite de soja, para alcanzar una convergencia entre los mismos”. Según el gobierno, “la determinación de un valor fijo para la alícuota correspondiente al derecho de exportación del biodiésel aporta previsibilidad en el ámbito de dicha industria”.

Peligro

Apenas conocida la medida, comenzaron a circular observaciones y análisis. Por ejemplo, se especuló con la posibilidad de que la medida se haya tomado a medida de los reclamos de EE.UU., que argumentó “dumping” para cerrarse al producto argentino por el efecto de las retenciones (del 35%) en el poroto de soja, por las cuales lo fabricantes argentinos de biodiesel compran la materia prima “subsidiada” frente a sus competidores norteamericanos.

Gustavo Idígoras, consultor privado y ex agregado agrícola argentino en la Unión Europea, explicó a Canal Rural que “el sector tomó con bastante sorpresa” la decisión oficial, a pesar de que el gobierno ya había sugerido que haría cambios en la fórmula para fijar el gravamen. Lo positivo fue que esa pauta se eliminó. Pero “el hecho preocupante es que lo pone al 8%”, situación que “puede generar una retracción de ventas, particularmente a Europa que es un mercado que había absorbido más de 300.000 toneladas” desde fines de septiembre. Además se trata de la única salida exportadora para el sector ante el cierre de EE.UU.

El experto describió el efecto que este impuesto tendrá en los números de las empresas exportadoras que quieran ingresar el producto al viejo continente. “Hay que sumarlo al derecho antidumping, que se logró bajar y está en el 7% promedio, más el 6.5%, con lo cual estamos en un 22%, que es lo mismo que la UE nos había establecido como derecho antipumping”.

Tras recordar que al país le llevó cuatro años y muchos recursos humanos y económicos litigar contra la decisión del Bloque ante la OMC, consideró que el gobierno argentino “ahora decide proteger a la industria europea con este derecho de exportación”.

Sobre el efecto que tendría en el corto plazo, Idígoras indicó que está por verse “qué pasa con los precios del mercado” para sabe si Argentina tiene o no chances de colocar su mercadería en el nuevo marco impositivo. Desde su punto de vista, la decisión del gobierno se basa “más en un fin fiscal, para incrementar sus ingresos”. Al respecto consideró que la elasticidad del precio del biodiesel “no justificaría un nivel del 8”.

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“Hay que sumarlo al derecho antidumping, que se logró bajar y está en el 7% promedio, más el 6.5%, con lo cual estamos en un 22%, que es lo mismo que la UE nos había establecido como derecho antipumping”

Gustavo Idígoras

Consultor privado y ex agregado agrícola argentino en la Unión Europea

Fuente: El Litoral

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