24 de diciembre de 2017 01:13 AM
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¿Humo blanco por semillas?

En base al encuentro entre el ministro con los representantes de la industria y de las entidades, parece sobrevolar un principio de acuerdo para generar un nuevo marco legal superador a la norma de 1973.

El Ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, se reunió esta semana con los representantes de entidades gremiales y técnicas agropecuarias y las máximas autoridades de la industria semillera quienes le presentaron una propuesta consensuada para la modificación de la Ley de Semillas.

El funcionario, que para la ocasión estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago del Solar y por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo, recibió un acta de entendimiento en la que el sector privado propone una serie de puntos para la actualización de la Ley.

“Con el documento que nos entregan estamos dando un paso muy importante para una Ley de Semillas adaptada a la realidad productiva”, sostuvo, a la vez que manifestó que “es un importante avance en la búsqueda de consenso siendo un claro ejemplo de cómo debe funcionar la articulación público y privada” agregó el ministro.

La propuesta tiene el objeto de promover la competitividad agrícola a través de nuevas tecnologías en los cultivos de autógamas como soja y trigo.

Dentro de los puntos presentados se encuentran: el uso propio y la fiscalización de semillas, inversión en tecnología, regalías en genética y biotecnología, control del comercio de semilla y granos, muestreo, y la conformación de una mesa de trabajo público y privada.

Según informaron desde la cartera productiva, este instrumento representa “una herramienta importante para la elaboración de nuevas normas” y será analizado por las autoridades de Agroindustria para avanzar en la regularización y competitividad del sector.

Como en cada tema litigioso, todas las partes deberían entender que todas tendrán que ceder algo para poder consensuar un nuevo marco que permita dar vuelta la página y encarar el sistema productivo con un contexto legal que lo favorezca.

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Fuente: El Litoral

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