11 de enero de 2018 17:12 PM
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Etchevehere, “el mejor alumno” (Detrás de la escena. El SENASA)

El ministro de Agroindustria busca que el organismo responsable del control de alimentos sea para Macri un ejemplo a mostrar: ajuste, despidos, gremios controlados y participación privada en gestión.

Luis Miguel Etchevehere asumió al frente del Ministerio de Agroindustria con el mandato muy claro de Mauricio Macri de meterse de lleno en el barro y resolver “las mafias que lo ponen la pata en la cabeza al campo”. Pese a las denuncias de su hermana Dolores y las idas y vueltas por el bono de 500 mil pesos que cobró de la Sociedad Rural, el flamante funcionario puso pie en el acelerador contra uno de los principales enemigo que tiene el agro para su gestión: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El año comenzó con 130 despidos en el organismo y el futuro no parece mucho más alentador. Fuentes gremiales confirmaron a Letra P que hay una nueva lista para echar otros 150 trabajadores para los próximos meses, lo que no fue desmentido por ningún funcionario. Esto se suma a la falta de presupuesto que sufre la institución a la que apenas le alcanza para mantener los gastos operativos.

Antes de fin de año, en una reunión con empresarios agro exportadores, Etchevehere les había advertido que el organismo “se iba a agitar”. “Vamos a hacer los cambios que haya que hacer, y vamos a necesitar de la colaboración de todos”, les dijo el ministro. Los empresarios asintieron y se fueron con preocupación.

 

PLAN OFICIAL. El SENASA hoy tiene 6 mil empleados, de los cuales 2.800 están contratados. Según datos del propio organismo, para su normal funcionamiento necesita un presupuesto del doble del actual. Pero eso no es lo que está en la cabeza de Etchevehere ni en la de   “Ricardo Negri, virtual presidente del SENASA” –   aún espera el decreto que oficialice su designación- El plan, según pudo reconstruir este medio, pasa por reducir de 14 a seis o siete los Centros Regionales y delegar funciones de control en entes fitosanitarios que involucren a los privados. Con ese esquema en marcha, en el organismo consideran que sobrarían entre 2.000 y 3.000 empleados.

 

“No tenemos plata para nada, hay programas enteros desfinanciados, no podemos usar los autos porque se vencieron los seguros, nunca en 30 años vi algo así”, confió a este medio un directivo histórico del organismo.

Hugo Lucero, dirigente de UPCN, contó a Letra P que “hoy no hay plata ni para hacer un flete, no tenemos luz en los baños”. “Así es como debemos estar controlando las plagas”, dijo.

La semana pasada, en conferencia con los 14 directores regionales del organismo, Negri dijo que estaba “muy orgullo de los cambios que están ocurriendo”. “Estoy muy feliz de cumplir con las directivas de poner al SENASA en sintonía con el resto del Estado”, dijo.

Desde su creación, a principios del siglo pasado, el SENASA tiene como objetivo fiscalizar las exportaciones agroalimentarias, la producción alimentaria local y las plagas que afectan a las producciones del campo.

 

Ricardo Negri, presidente del SENASA, aunque no fue oficializada su designación.

 

GOLPE GREMIAL. Los cambios que quiere Etchevehere tienen la vía bastante despejada gracias a la intervención del secretario de Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, que es el funcionario más político de Agroindustria. Esos cambios golpearon a ATE, gremio mayoritario del organismo, y a APUMAG, la asociación de profesionales, que supieron tener mucho peso a la hora de enfrentar cambios en otros gobiernos.

Justamente fue Hardie quien designó al militante del PRO Cristian Cunha como director regional de Santa Fe, que rápidamente se hizo con el control de la zona por la que pasan casi el 30 por ciento de las exportaciones argentinas. Sin el apoyo de esa región, cualquier medida de fuerza tiene muy bajo impacto.

Además, en los últimos días desplazaron a Jorge Monteverde, director del área metropolitana que incluye el Puerto de Buenos Aires, otro destino de salida de las exportaciones. Sólo queda la región de Buenos Aires Norte, que incluye a los puertos de Ramallo, San Pedro, Zarate, Baradero, Campana y Lima, el próximo objetivo de Negri.

Con todas esas zonas controladas por la gestión central, el Gobierno se aseguraría que cualquier medida de fuerza no tenga el impacto de paralizar las exportaciones, algo que ocurrió en algunos conflictos años atrás. Estos cargos son concursados, por lo que Negri no tiene autoridad para desplazaros y utilizó otros métodos, como ofertas de mantener el sueldo en alguna otra dependencia pública a cambio de renunciar a las funciones.

En ese plan, Etchevehere y Negri cuentan con aliados que hasta hace dos años eran poco probables. Jorge Dillón, que fue presidente del SENASA hasta hace algunos años y fue un fervoroso militante por la campaña de Aníbal Fernández para gobernador bonaerense, sigue siendo asesor del directorio. Otro hombre que la gestión quiere para hacerse con el control de la Región Buenos Aires Norte es Lisandro Tabossi, un veterinario que creció en el organismo con el kirchnerismo bajo la protección de Aníbal y el paraguas político del intendente de Salto, Ricardo Alessandro, un peronista de muy buen diálogo con el gobierno de María Eugenia Vidal.

 

DUDAS EMPRESARIAS. El plan de Etchevehere incluye la participación de los privados en los controles mediante los entes fitosanitarios. “Queremos que los privados se involucren, tenemos siempre las quejas por la competitividad y lo que les pedimos es que se sumen y colaboren para que todos podamos sacar adelante un organismo más rápido y eficiente”, confió a este medio uno de los funcionarios de Agroindustria que sigue el tema todos los días.

Pese a ese pedido, los empresarios desconfían. “Hoy no queda claro qué es lo que va a pasar. Nos dicen que nos van a trasladar los programas de algunas enfermedades, pero no sabemos si vienen con los empleados, con el presupuesto, no hay un acuerdo claro”, dijo a este medio un directivo de la principal exportadora de cítricos del mundo, que tiene sede en Tucumán, Buenos Aires, Montevideo, Lima y Porth Elizabeth.

Para un empresario cerealero, que maneja una de las pocas empresas que siguen estando en manos argentinas, “es ridículo que los privados participemos en los controles”. “Nosotros pagamos impuestos, en ningún lugar del mundo fiscalizan los que son parte, puede haber cualquier conflicto y perder algún mercado de exportación”, se quejó.

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Fuente: www.letrap.com.ar

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