24 de febrero de 2018 10:43 AM
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Fitosanitarios : “La voz que faltaba y se necesitaba”

Había una voz que faltaba. En las decisiones polémicas de consejos deliberantes de diferentes municipios de restringir o prohibir las aplicaciones de fitosanitarios, tomadas sin criterios técnicos o científicos, el estado nacional permanecía ausente, como si no tuviera nada para decir.

El anuncio que hicieron los ministerios de Agroindustria y Ambiente que se conformará un grupo de trabajo interministerial, que incluye las carteras de Salud y Ciencia, organismos como el Senasa y el INTA y representantes provinciales de los consejos federales de Agricultura y Ambiente, para establecer criterios de aplicación, monitoreo y control de productos fitosanitarios viene a llenar un vacío que estaba perjudicando a la producción agropecuaria.

Pese a que el anterior gobierno, en 2009, había creado la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA), que avaló la utilización del herbicida glifosato en condiciones de uso responsable, poco había hecho el estado nacional para establecer criterios técnicos respecto del uso de agroquímicos.

En la resolución conjunta de ambos ministerios, se establece que la aplicación de productos fitosanitarios “en especial en zonas de amortiguamiento o buffer, deben realizarse conforme a buenas prácticas agrícolas y sujetas a sistemas de control y monitoreo adecuados”.

“No se ponen límites ni distancias” en las aplicaciones, aclara la coordinadora de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Agroindustria, Maria Beatriz “Pilu” Giraudo.

El grupo de trabajo deberá elaborar en 90 días recomendaciones sobre el uso y la aplicación de fitosanitarios, el desarrollo de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y los métodos de control y monitoreo de las actividades de aplicación. En otras palabras, se habilitara a la sanción y al control, aspectos sobre los que hay enormes asimetrías entre jurisdicciones municipales y provinciales.

“Este grupo tendrá un aval científico y técnico”, señala Giraudo y pone énfasis en que no hay colisión entre los ministerios de Ambiente y de Agroindustria. “Es un privilegio a nivel mundial, en Agroindustria creemos que se puede maximizar la producción sin dañar el ambiente y en el Ministerio de Ambiente creen que se pueden cuidar los recursos sin afectar la producción”, se entusiasma. Aunque admite que hay desacuerdos en algunos puntos entre ambos ministerios, Pilu Giraudo afirma que esa “sintonía” se gestó en el gabinete nacional sobre Cambio Climático. La funcionaria cree que la Argentina puede mostrar en los foros globales su sistema productivo basado en la agricultura de conservación que tiene como eje la siembra directa.

El protagonismo que está teniendo a partir de ahora el estado nacional no anula lo que hagan las provincias y los municipios ya que estas mantienen la potestad sobre los territorios. No obstante, si esta iniciativa conjunta de los ministerios a nivel nacional prospera y se concreta, muchos creen que esto desembocará en una ley a nivel nacional. “La ley es necesaria”, sostiene Giraudo.

Las normas claras y transparentes son el mejor antídoto frente a quienes se manejan al margen de la ley o quienes promueven conspiraciones donde no las hay.

Estas y otras acciones que se llevan adelante, como la Red de BPA, los programas de incentivo a estas prácticas que impulsa el gobierno de Córdoba y trabajo de Agricultura Certificada de Aapresid, reflejan que el campo tiene qué mostrar. Los desarrollos tecnológicos de maquinaria agrícola van en la dirección de aplicar productos con mayor eficiencia que en el pasado. Las pulverizadoras con sensores de malezas son un ejemplo de esa tendencia. También los productos fitosanitarios de baja acción residual están contribuyendo a reducir los riesgos sobre el ambiente. Y la adopción de las BPA tiene cada vez más relevancia en los planes de negocios.

Al mismo tiempo, en los mercados de destino de la producción argentina están creciendo las exigencias de trazabilidad. China y la Unión Europa están elevando los estándares de residuos permitidos. Aunque en algunos casos pueda utilizarse ese argumento como barrera arancelaria, lo cierto es que los procesadores de esos mercados sienten la presión de los consumidores.

Por: Cristian Mira
Fuente: La Nacion

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