29 de marzo de 2018 17:54 PM
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Chile y el estatuto del temporero

Una de las primeras medidas de la administración Piñera fue darle urgencia a la tramitación del proyecto de ley que crea el Estatuto del trabajador agrícola, pero no hay que confundirse, La Moneda no quiere apurar el proyecto que envió el Gobierno de Bachelet en el penúltimo día de mandato, sino que apunta a reactivar […]

Una de las primeras medidas de la administración Piñera fue darle urgencia a la tramitación del proyecto de ley que crea el Estatuto del trabajador agrícola, pero no hay que confundirse, La Moneda no quiere apurar el proyecto que envió el Gobierno de Bachelet en el penúltimo día de mandato, sino que apunta a reactivar la discusión de un proyecto anterior enviado en el primer Gobierno de Piñera, en 2011.

La decisión de desechar la iniciativa del Gobierno de Bachelet recoge los planteamientos de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que intentó, sin éxito, incluir en la iniciativa legal mayores niveles de adaptabilidad o flexibilidad laboral, por ejemplo, en materia de horarios.

Como se recordará, en la mesa de diálogo tripartita en que participaron el Gobierno, los trabajadores y los empresarios del agro durante la gestión anterior, no se llegó a acuerdo en este punto y tampoco en otros que rigidizan la relación empleador-trabajador, y el proyecto que finalmente se envió no fue el resultado de un consenso.

Por ello no sorprende el beneplácito del líder del agro, Ricardo Ariztía, tras su reunión con el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien afirmó que “nos tranquiliza saber que el ministro está alineado con nosotros en este objetivo”, en alusión a la necesidad de que la legislación se adecue a la temporalidad del trabajo agrícola, “que requiere de permanente adaptabilidad y jornadas flexibles”. Y ése es precisamente el tenor del proyecto de ley de 2011.

Y tampoco sorprende el rechazo desde la CUT, que calificó la decisión del Ejecutivo como una “aplanadora política”, al desechar el trabajo de varios años, que comenzó en la primera administración de Bachelet, y reemplazarlo por un proyecto “hecho a la medida de los empresarios agrícolas”, “que no representa a los trabajadores” y que contribuye a precarizar el empleo en el campo, porque según la multisindical, entre los avances que planteaba el proyecto de Bachelet destacaban la limitación de las horas extra, la posibilidad de formar sindicatos y negociar colectivamente.

Desafortunadamente, el Gobierno anterior no pudo sortear con astucia el proceso prelegislativo de la iniciativa, y pese a la falta de consenso entre los actores, envió el proyecto de todas formas, a última hora y sin que las partes conocieran el texto final, más bien como un saludo a la bandera, porque era un compromiso contenido en el programa de Gobierno.

Y si bien es cierto el proyecto de 2011 se asemeja más a la mirada empresarial -aunque en su elaboración también se consultó la opinión de organizaciones de trabajadores-, la apuesta del Ejecutivo es llegar a acuerdos, para lo cual se rescatarían algunos puntos del estatuto de Bachelet, como la definición del trabajador de temporada y el banco de horas, así como la negociación vía pactos con o sin sindicatos. De hecho, para lograr su aprobación, el oficialismo, por no contar con mayoría en el Congreso, se verá obligado a buscar los votos en la oposición.

Es de esperar que la discusión legislativa enriquezca un proyecto tan necesario y urgente, de manera de mejorar las condiciones del trabajo agrícola, caracterizado por la alta informalidad y precariedad y por su temporalidad, incorporando la flexibilidad necesaria, y así también, fortalecer un sector clave de la economía.

Fuente: www.ladiscusion.cl

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