21 de julio de 2018 00:20 AM
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El país federal sigue en deuda, con el agro como protagonista

10 años de la resolución 125, el capítulo de cómo mejorar el sistema tributario sigue como asignatura pendiente

La foto de tapa de este viernes en Agrovoz refleja un entorno diferente al que se tenía dos años y medio atrás, cuando el trigo y el maíz tenían retenciones del 23 y 20 por ciento, respectivamente.

Mirando la botella medio llena, el sistema agrícola intensificado en el sudeste cordobés transita por una vereda más potable en materia de rotaciones. La salud de los recursos no aparece muy a simple vista en los libros contables y tampoco es común advertir este análisis en quienes argumentan en la actual coyuntura a favor de frenar la poda o sustitución de las retenciones agropecuarias.

La quita de derechos de exportación al trigo, al maíz y a las carnes hizo posible encontrar hoy buenas noticias en la compleja ingeniería agronómica y financiera del campo, y también en la ansiada perspectiva de diversificar la canasta exportadora.

Estas mejoras en la rama agrícola y sus derivados argumentan a favor de un modelo de inversión en el cual el agro no solo aparece como un aliado circunstancial del gobierno de turno, sino como un soporte económico más solvente en el largo plazo.

Renta y política

El paso del tiempo es capaz de borrar muchas cosas y datos claves del contexto histórico. Por ende, cabe refrescar que, en 2008, por encima de la demanda sectorial, el agro contó con fuertes avales para frenar la controvertida Resolución 125.

Un amplio colectivo advirtió que esa norma económica frenada hace 10 años por el Congreso, en medio de un prolongado conflicto, no contenía solo un mecanismo del gobierno para capturar una “renta extraordinaria”, producto del viento de cola de los precios internacionales de los granos y del petróleo.

Detrás de la rebelión fiscal había algo más. Lo que hoy aparece desdibujado por el paso de los años, conviene anotarlo como dato político. La reacción rural no fue solo un asunto de productores agropecuarios. Otros actores sociales, aun urbanos, y sus representantes en el Congreso, habían puesto en la vereda de enfrente al modelo y al relato gobernante. La discusión excedía el flanco fiscal y económico.

El triunfo y la derrota dividieron aguas frente a un diseño centralista de gestión, que exhibía un reparto discrecional de los recursos. Las retenciones agropecuarias, con una larga trayectoria histórica (generalmente para compensar devaluaciones y desajustes fiscales) se instalaron en el “período K” como medio para hacer caja y construir poder sin tomar demasiado en cuenta los modales republicanos y federales.

Reparto forzado

La creciente oposición a este diseño político y económico no solo hizo caer la herramienta de las retenciones móviles, sino que forzó en poco tiempo un esquema de coparticipación con las provincias que antes no era tenido en cuenta. Un 30 por ciento de las retenciones a la soja pasaron al sistema de distribución federal.

No obstante, el capítulo de cómo perfeccionar el sistema tributario sigue como asignatura pendiente. El mandato de una república federal es la lección por repasar cuando se echa una mirada por el espejo retrovisor a 10 años del voto “no positivo” del senador y vicepresidente Julio Cobos.

Fuente: Agrovoz

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