24 de septiembre de 2018 07:57 AM
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Retenciones son clave en el Presupuesto pero no garantizan el déficit cero

El proyecto de Presupuesto 2019 se basa en supuestos y estimaciones, que buscan alcanzar el objetivo de equilibrar las cuentas públicas y determinar la distribución de partidas. Pero también, como todos los años, el Presupuesto nacional sobreestima algunos ingresos y la subestima ciertos gastos. Como muy pocas veces en la historia económica argentina, el objetivo […]

El proyecto de Presupuesto 2019 se basa en supuestos y estimaciones, que buscan alcanzar el objetivo de equilibrar las cuentas públicas y determinar la distribución de partidas. Pero también, como todos los años, el Presupuesto nacional sobreestima algunos ingresos y la subestima ciertos gastos.

Como muy pocas veces en la historia económica argentina, el objetivo de déficit cero adquiere esta vez un carácter crucial para el Gobierno. Planteado como una precondición para conseguir el acompañamiento financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI), en momentos en que los mercados voluntarios de deuda se han endurecido para los mercados emergentes, el Ministerio de Hacienda parece apelar a lo que alguna vez un superministro de Economía calificó como “contabilidad creativa”.

“El ajuste fiscal, equivalente a 2,6 puntos del PIB, para llegar a un equilibrio primario en 2019, se basa en mayor medida en una suba de tributos (explica 50% del ajuste), luego en una caída del gasto de capital nacional (23%), en el traspaso de gastos en subsidios a las provincias (15%), en menor gasto de capital en provincias (8%), y finalmente en un menor gasto corriente nacional (4%)”, explica un informe de la Fundación Mediterránea.

Es que para lograr el equilibrio primario de las cuentas públicas, antes del pago de servicios de la deuda, la “ley de leyes” plantea un ahorro de 2,6% del PBI, basado en un incremento de 1,3% del PBI en los ingresos, con un aporte del 1,1% del PBI en derechos de exportación, y una baja de otro 1,3% en menor gasto público (0,56% del PBI en inversión pública y 0,44% del PBI por traspaso de subsidios al transporte y la energía a las provincias).

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