20 de octubre de 2018 12:36 PM
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Los inmuebles rurales en el impuesto sobre los Bienes Personales

Un especialista en tributos agropecuarios analiza el proyecto que se debate en Diputados y encendió las alarmas del campo.

El impuesto sobre los bienes personales que había languidecido y se suspendía desde 2019, estaría renaciendo nuevamente al entrar un proyecto en la Cámara de Diputados con tratamiento express al acordarse con las provincias un nuevo consenso fiscal. Una parte relevante de la recaudación – casi el 60% – será coparticipado con ellas.

Esta acción legislativa afecta la seguridad jurídica e incrementa la presión fiscal reinante en nuestro país.

Esencialmente consiste en un acuerdo para imponer nuevamente la vigencia de esta carga fiscal para personas humanas, plagada de inequidades, con modificaciones relevantes.

El contador Santiago Saenz Valiente es especialista en tributos agropecuarios.

El contador Santiago Saenz Valiente es especialista en tributos agropecuarios.

Las tasas aplicables directas previstas para 2016, 2017 y 2018 fueron del 0,25%, 0,50% y 0,75% respectivamente por una reducción especial en la ley de blanqueo. Es decir, sin progresividad y con un mínimo no imponible de $ 1.050.000 para este último periodo. Recordemos que en la época del Kirchnerismo llegó la alícuota al 1,25%.

En esta nueva versión, se dispone un mínimo de $ 2.000.000 no alcanzados y una tasa progresiva en cada escalón del 0,25% llegando al 0,75% por bienes valuados en más de $ 18.000.000.

Hasta el periodo 2018 los inmuebles rurales quedaban excluidos del tributo ante la duplicidad impositiva que reconocieron los jueces en causas judiciales de suma relevancia. Así era con independencia del destino, arrendado, explotado o inexplotado, a pesar de las interpretaciones intrincadas y equivocadas del fisco que finalmente aceptaron el criterio de la jurisprudencia.

Con la nueva normativa propuesta, el campo se verá afectado al incluirse expresamente la gravabilidad de las tierras rurales en este tributo.’ Inclusive habría una distorsión inaceptable cuando el comprador concretara la operación en todo o en parte con fondos de terceros, pues las deudas no son aceptadas como deducción en este tributo aun cuando fuera hipotecaria, salvo que fuera por adquisición de vivienda propia.

Las alarmas iniciales indicaban que la mayoría de los campos iban a quedar alcanzados con la tasa de su ultimo escalón de la tabla, o sea del 0,75%. De haberse seguido dicho camino, se hubieran producido incrementos en los costos de arrendamientos pues los propietarios debían aportar un impuesto elevado no contemplado en sus costos actuales. También el mercado inmobiliario rural hubiera reaccionado con alguna retracción en la demanda de campos.

Los propietarios de inmuebles rurales serán pasibles en forma directa -sobre el valor impositivo de esas tierras- con una tasa del 0,25% sin deducción de mínimo alguno. Si bien ello parece discriminatorio, resulta un cambio sensible del planteo inicial en favor de los propietarios rurales.

La mayoría de los contribuyentes de campo tendrán otros bienes (vivienda propia, autos, créditos, dinero en efectivo de moneda nacional o extranjera), con los cuales podrán absorber el mínimo no imponible dispuesto en tales casos.

Los cambios propuestos son coherentes con el Impuesto a la Participación Societaria que le corresponde a toda sociedad regular con la misma alícuota en la actualidad. Aunque debemos destacar que este gravamen alcanza el valor contable del patrimonio el cual puede detentar disparidades relevantes con la valuación en Bienes Personales.

Por su parte, quienes tenían el beneficio de buen cumplidor y por tanto exento la totalidad de sus bienes que integraban el patrimonio, mantendrán esa condición por el 2018. La vigencia nueva seria para ejercicios cerrados desde el período 12/2019 en adelante.

Si bien existe una base mínima (valuación fiscal) para determinar el valor de la tierra, la inequidad es manifiesta para quienes han adquirido estos inmuebles en periodos recientes, al corresponder declarar su costo de adquisición con una cotización del dólar incrementada en el tiempo.

Se dispone expresamente que para el periodo fiscal 2018 se aplicará la valuación fiscal al 31/12/2017 actualizada por el Índice de Precios al Consumidor.

Fuente: Clarin

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