6 de agosto de 2012 00:54 AM
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PERU : Abrir los ojos

El presidente ha pedido a las empresas agroexportadoras mejorar los beneficios laborales a sus trabajadores.

El presidente ha pedido a las empresas agroexportadoras mejorar los beneficios laborales a sus trabajadores y ha dejado traslucir que el régimen laboral especial que las rige podría expirar. “Hace una década que les hemos dado un régimen especial, sabemos que hay problemas internacionales, pero que no se hagan los suecos, y así como el Estado pone S/.2.500 millones [en el proyecto Chavimochic], también quiero ver mejoras laborales en nuestra población que está trabajando en la agroexportación”, dijo.

La actitud de Humala recuerda a la de los malos profesores que cuando quieren demostrar autoridad amenazan al estudioso de la clase porque no quieren darse el trabajo que supone enfrentar a los demás. La actividad económica del país que ha logrado incorporar el mayor número de trabajadores a la formalidad en los últimos veinte años es la agroexportación: la enorme mayoría de las 250.000 personas que emplean los fundos agroexportadores está empleada formalmente, con derechos laborales. Mientras tanto, entre el 70% y 80% de los empleados del país está en la informalidad, habiendo solo en el resto del sector agrario 4 millones y medio de trabajadores informales. ¿Y son los agroexportadores los que tienen que dejar de “hacerse los suecos”?

El régimen especial de la agroexportación, es cierto, ofrece menos beneficios legales a los trabajadores que el régimen laboral “general”. Al mismo tiempo, sin embargo, los beneficios que sí ofrece –derechos sociales básicos y beneficios tales como seguro social, AFP, CTS completa y vacaciones de 15 días– son muchísimos más que la ‘nada’ que en esa materia recibe el resto de trabajadores del sector agrícola, cuyos empleadores, puestos a escoger entre el régimen general y la informalidad, han optado masivamente por la segunda. Después de todo, no hay que olvidar que el “régimen general” de “general” solo tiene el nombre: en la vida real es muy particular y se aplica únicamente a las grandes empresas que pueden solventarlo y en las que se concentran los inspectores del Ministerio de Trabajo.

También tiene gracia que el presidente diga que quiere ver “mejoras” en la situación de la población que trabaja en la agroexportación. Si de verdad quisiera verlas, solo tendría que abrir los ojos. Son varios los valles costeños en los que, temporada tras temporada, las empresas ya no encuentran mano de obra para trabajar, lo que ha subido considerablemente los jornales: según un estudio de Apoyo, el jornal promedio del trabajador de campo en época de demanda alta ha pasado de S/.18 en el 2000 a S/.33 el 2012. Lo que es más, muchos fundos deben pagar un mínimo de S/.50 en tiempos de cosecha, además de, en numerosos casos, tener que ofrecer viviendas y mejores condiciones de trabajo, so pena de quedarse sin trabajadores.

Es importante resaltar, por otro lado, cómo toda esta mejora de la situación de los trabajadores de la agroexportación no se ha logrado porque la haya ordenado ley alguna, sino que más bien ha sido posible porque la ley del sector se flexibilizó y simplificó. Si los inversores de la agroexportación hubiesen tenido encima el corset del régimen laboral general y hubiesen sentido, por tanto, que no iban a poder adaptarse con libertad a los inevitables cambios del mercado externo y a todos los otros posibles problemas de una empresa, no hubieran invertido en el sector a los niveles en que lo han hecho, logrando que se multiplique exponencialmente la producción del mismo, al punto de hacer que tenga más demanda que oferta de fuerza laboral. Y no estamos diciendo “exponencialmente” con ligereza: nuestras exportaciones agrícolas no tradicionales pasaron de US$119 millones en 1990 a nada menos que US$2.830 millones el 2011.

Entonces, si su régimen especial ha permitido que la agroexportación genere más empleo formal que ningún otro sector en la última década, además de que haya suficiente competencia por la fuerza laboral como para que los sueldos se dupliquen, mientras que lo que ha producido el régimen general es una economía donde solo entre el 20% y 30% de los trabajadores está en la formalidad, ¿qué sentido tiene buscar acabar con el primer régimen para ampliar el segundo? ¿No se debería buscar más bien lo contrario: hacer que un régimen similar – mutatis mutandis– al especial del agro rija para más sectores? ¿No es lo que funciona lo que se debe generalizar?

La próxima vez que el presidente decida abordar el tema laboral, debería tener en cuenta estas preguntas. Nunca fue el tenerla más a la mano una buena razón para operar la parte sana del cuerpo de un paciente.

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Fuente: El Comercio

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