26 de agosto de 2012 21:03 PM
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Denuncias y una investigación sacuden al SENASAG

BOLIVIA : Corrupción. Papeles filtrados a El Deber señalan presuntos cobros irregulares, sueldos impagos y uso indebido de bienes del Estado. El titular del ente aludido espera las pruebas
Pesquisa. Este recibo es visto como prueba de un cobro irregular por servicios.

Todo comenzó con una llamada. Era un funcionario del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Tenía, dijo, papeles que demostraban malos manejos en la oficina del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de Santa Cruz. Un día después documentos de esa oficina estatal son filtrados y el contenido señala supuestos cobros irregulares por servicios prestados a particulares en el laboratorio Lidivet-Senasag, deudas salariales de tres meses y el uso indebido de bienes del Estado.

Desde el anonimato, una media docena de funcionarios asegura que en el Senasag Santa Cruz hay hechos administrativos que ameritan una investigación. Las denuncias apuntan a las ‘cabezas’ de la oficina regional y de la dirección nacional de esta repartición encargada de controlar la salud y calidad del ganado y de los cultivos agrícolas que se destinan al consumo humano.

Planteado el caso, EL DEBER buscó durante tres días conocer la versión de Christian Fernández, jefe distrital del Senasag Santa Cruz. Se hizo numerosas solicitudes de audiencia, pero no hubo respuesta. “Diríjase con el director nacional, el ingeniero Tejerina. El ingeniero Fernández está en una reunión”, dijo uno de los encargados del laboratorio Lidivet.

En la visita a este despacho público, algunos funcionarios trataron de evitar el registro fotográfico del lugar y pidieron el retiro del equipo de prensa.

Quien sí atendió consultas fue el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez. El hombre fuerte del Ministerio de Desarrollo Rural confirmó el inicio de una investigación al interior del Senasag Santa Cruz, entidad que depende de su despacho. Admitió que había problemas con el pago de salarios, pero insistió en que las demás denuncias se deben investigar, que se debe ‘sacudir’ al Senasag con una pesquisa gubernamental.

Cuenta. Un afiche dice que por los servicios de Lidivet se debern pagar en el banco 

Luego de varios intentos, Omar Tejerina, director nacional del Senasag, fue ubicado vía telefónica. Tejerina aseguró haberse enterado de las denuncias “en los pasillos” del Ministerio de Desarrollo Rural y se comprometió a organizar una pesquisa en Santa Cruz.

Lo concreto es que hay tres denuncias acompañadas con pruebas. La cuarta acusación señala que hay nepotismo y contrataciones irregulares, pero no tiene respaldo. “Si se confirman las cosas, vamos a ser severos”, promete  Vásquez.

Una camioneta Mitsubishi Triton ploma fue estacionada afuera de un local nocturno y luce el logotipo del Senasag. Lleva el rótulo de uso oficial. Eso se puede ver en una de las fotografías filtradas.

“Hace dos semanas, al amanecer de un domingo, se encontró esta camioneta oficial afuera de este night club”, relata una de las denunciantes. Ella sostiene que el hecho califica como uso indebido de bienes del Estado. “¿Quién es responsable de este vehículo?”.

Tejerina dice que va a esperar a que esta acusación llegue a su escritorio con los respaldos respectivos. Una vez suceda esto, asegura, llevará el caso ante el Ministerio Público.
La segunda acusación da cuenta de que, hasta hace unas semanas, los servicios de laboratorio prestados por Lidivet, dependiente del Senasag, eran cobrados directamente y no a través de la cuenta fiscal de la entidad estatal (P/1-4349747), tal como ahora se hace, conforme a las normativas de administración pública.

Así lo corroboran unos ‘recibos oficiales’ que llevan los logos del Senasag y del Ministerio de Desarrollo Rural. Para el viceministro Vásquez, esta práctica es ilegal porque puede suponer el desvío de recursos estatales. “Salvo que se trate de oficinas ubicadas donde no hay entidades financieras, cualquier pago que no se haga en la cuenta oficial es irregular”. Tejerina lo secunda.

Además, de acuerdo con las oficinas de servicio al contribuyente (línea gratuita 800-103444) y de transparencia (línea gratuita 800-100333) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), todas las instituciones estatales están obligadas a emitir factura por cualquier venta de servicios a particulares. Caso contrario, se puede investigar si se trata de un caso de evasión fiscal.

La tercera denuncia: “Hay más de 100 funcionarios de Senasag Santa Cruz, entre consultores TGN (con ítem) y temporales, a los que les deben tres meses de salarios. Si alguno reclama, se lo amenaza con despedirlo”, revela otra de las informantes. Vásquez admite el problema. Tejerina asegura que la deuda salarial se debe a un recorte presupuestario que se aplicó este año al Senasag, pero que se está gestionando Bs 6,5 millones para cancelar los impagos hasta finales del próximo mes.
“Comemos todos los días, necesitamos que nos paguen”, explica otro funcionario, que habla de presiones políticas y de un entorno que se beneficia con la administración del Senasag. El viceministro asegura que va a investigar las supuestas intimidaciones en contra de los consultores.

La cuarta denuncia tiene que ver con nepotismo y contrataciones irregulares al interior del Senasag. “El ingeniero Tejerina tiene a su hermana trabajando en el Senasag Santa Cruz”, dice una de las acusaciones. Tejerina admite que es cierto, pero niega que hubiese nepotismo. Según él, su hermana ingresó como técnico en 2005, siete años antes de que lo designarán como director nacional. Sin embargo, para evitar suceptibilidades, dice el director, su familiar se vio obligada a renunciar. 
Se denunció también que hay un funcionario de nivel medio de la oficina de Montero que tiene una cuñada trabajando en oficinas de la capital. Y que en esta regional hay un jefe administrativo que no se ajusta a los requisitos que el cargo demanda.

A estas alturas, el viceministro Vásquez está escandalizado y promete tomar cartas en el asunto. Tejerina da su palabra, asegura que va a procesar las denuncias y que habrá novedades hasta el lunes.
La historia no acaba ahí: un par de días atrás una de las denunciantes vuelve a llamar. Se oye risueña. Cree que ella y sus colegas están en la mira de los despidos, pero que igual están satisfechos. “Ya no más amenazas”, dice.

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Fuente: El Deber

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