6 de septiembre de 2012 12:44 PM
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Exprópiese!! Confiscaron los bienes de Vieira Argentina S.A

La Legislatura de la provincia de Santa Cruz consumó la intempestiva apropiación de las instalaciones, los bienes inmuebles y la flota de cinco barcos tangoneros y dos poteros propiedad de la empresa pesquera Vieira Argentina, filial de la viguesa Grupo SA Eduardo Vieira; la confiscación aprobada por ley autoriza al gobierno santacruceño a concretar el procedimiento expropiatorio.

Por mayoría, con el voto de 20 legisladores del Bloque Frente Para la Victoria Santacruceña-Partido Justicialista y la abstención de dos legisladores radicales, fue sancionado ayer el proyecto de ley 310/12 por el cual se declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación en los términos de la Ley Provincial 21, el predio, sus instalaciones y bienes inmuebles, identificados según registro de las Direcciones de Catastro y Registro de la Propiedad Inmueble Provincial, Manzana 6 bis, Parcela 1-a y 7 bis inscriptos ante la Provincia de Santa Cruz, Sección VI, Departamento Deseado, que comprenden la Planta de Procesamiento y la Planta de Almacenamiento de Productos de Mar y los Buques Pesqueros Matrículas Nº 0370, 02233, 02323, 0179, 0240, 02568, 02563 y la totalidad de los bienes útiles tales como maquinarias, mobiliarios e insumos existentes, propiedad de la empresa Vieira Argentina Sociedad Anónima, y/o quien o quienes resulten ser sus legítimos propietarios, como asimismo las maquinarias e instalaciones que se encuentren dentro de los inmuebles identificados, a fin de propender a la continuidad económica, mantenimiento de las fuentes laborales y explotación en manos de los prestatarios de servicios y trabajadores, en pos de un desarrollo productivo, industrial y social de la provincia de Santa Cruz”, señala expresamente el extenso primer artículo de la ley que obtuvo aprobación en la víspera.

Por otra parte, la norma faculta al gobernador Daniel Peralta, “a designar a quien o quienes deberán efectuar el inventario y las tasaciones”, autorizando también “a conformar una comisión “ad-hoc” y “ad-honorem” integrada con los trabajadores, organizaciones prestatarias de servicios de la planta sujeta a expropiación, Municipalidad de Puerto Deseado y Ejecutivo Provincial como órgano consultor no vinculante para el cumplimiento de la ley”.

La polémica normativa provincial sancionada por la mayoría kirchnerista en la Cámara de Diputados autoriza al gobierno “a realizar los contratos, convenios y concesiones, pudiendo contemplar la participación de los trabajadores organizados para la correcta explotación de la planta en miras a la concreción del desarrollo productivo y social de la misma”. Además se indica que a los treinta días de promulgada esta ley, “el Ejecutivo iniciará los trámites pertinentes para el proceso expropiatorio en los términos de la Ley 21”.

VIEIRA SE DEFIENDE

Por su parte Daniel Badens, vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de Vieira Argentina S.A., le envió un documento a cada uno de los diputados santacruceños y al vicegobernador Fernando Cotillo, titular de la Legislatura, haciéndoles una severa advertencia sobre las enormes consecuencias que para la Provincia traerá la apropiación de los activos de una empresa privada.

“El riesgo mayor de la intervención estatal no jurisdiccional ha sido y es todavía la superación del “Estado de Derecho” en su transformación hacia un malentendido “Estado Social” (entendiéndose por tal aquel Estado preocupado en la cobertura de los intereses generales y públicos) en donde parece no importar si en el camino se lesionan el orden público, los principios constitucionales y el respeto a la división de poderes”, señala uno de los tramos del escrito que Badens le giró a los legisladores. “La intervención de una empresa en situación de crisis no debe fundamentarse en falsos milagros (véase cómo terminó el caso de expropiación de la planta de Barillari en Santa Cruz) sino en una eficaz “tutela de los acreedores” y no en intervenciones coyunturales y episódicas”, argumentó al hacer mención de otra empresa que fue intervenida años atrás, y ahora debe ser resarcida económicamente por orden del Poder Judicial.

DE VIDELA A PERALTA

“El absolutismo intervencionista tiene un alto precio: la pérdida total de libertad económica, del derecho de propiedad y más en general, de la libertad”, advirtió el Vicepresidente de Vieira Argentina. En tanto, cita que “fuera de los casos legislados de intervención dentro del derecho público (intervención del Estado Federal a una provincia e intervención intra-administrativa), en la esfera del derecho privado el único que puede disponer la intervención de una empresa es el poder judicial (Ley 19.550 – art. 113 y ss, 303 inc. 2°)”.

Asimismo, Daniel Badens traza un paralelismo con una medida similar de los años de plomo en la Argentina. “Para encontrar antecedentes de intervenciones extrajurisdiccionales de empresas privadas hay que remontarse a la dictadura militar. Por ley de facto de junio de 1980 el gobierno interviene y desapodera al grupo Greco de todas sus empresas. Luego, el genocida Jorge Rafael Videla argumentará que se realizó “…en virtud de las graves implicancias de las conductas de los mencionados tienen para la economía nacional y la moral pública, constituyendo un caso de subversión económica”. Finalmente, luego de muchos años de idas y vueltas, y ya en democracia, el juez Francisco de Asís Soto establece en 2005 que los daños y perjuicios deberán ser compensados mediante la entrega de Bono de Consolidación por un valor que supera los 600 millones de pesos. En definitiva parece haber sido un buen negocio para unos pocos, pero muy malo para el interés público”, le enrostró a los diputados de la provincia de Santa Cruz.

DESPRECIO POR LA LEY

Ante la crisis de la empresa, “por estos días tenemos que lamentar procedimientos paraconcursales, y no judiciales, lo cual está signado por el grado de arbitrariedad y el consiguiente desprecio hacia las leyes”, cuestiona con vehemencia el ejecutivo de la compañía. “La administración Peralta optó por las vías de hecho para intervenir planta y buques, sin importar el proceso concursal en marcha de Vieira Argentina SA y peor aún, basándose en una norma que ni siquiera estaba vigente cuando la persona designada como interventor tomó posesión de la planta y frigorífico en Puerto Deseado”, dijo en referencia a Diego Marzioni, el hombre elegido por el gobierno para que administre la empresa; y sobre el cual recaerá una demanda. Marzioni estuvo ayer en la sesión acompañado por el Ministro de la Producción, Rafael Gilmartín.

Finalmente, Badens explica en forma clarificadora que “la crisis financiera de Vieira Argentina SA no es terminal, su intención es superarla y seguir siendo fuente de trabajo y riqueza para la provincia, y precisamente el concurso preventivo (Ley de fondo n° 24.522, vigente en todo el país) es la herramienta legal para salir ordenadamente de la crisis. Lejos de ello, las medidas aquí cuestionadas empujan hacia el abismo a esta empresa luego de más de 12 años de inversión en Puerto Deseado”, concluye.

Fuente: Revista Puerto

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