10 de septiembre de 2012 10:59 AM
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¿Porqué la nación no decreta la emergencia por las inundaciones?

La medida ayudaría a difereir el pago de impuestos nacionales o de créditos con el Banco Nación.

Una de las incógnitas que sobrevuelva el agro argentino durante los últimos meses es la razón por la cual no se reunió desde el primero de febrero la Comisión de Emergencia Agropecuaria de la Nación.
Sin embargo, diversas voces se han alzado para dar cuenta de las dificultades por las que atraviesa el agro con mercados intervenidos y contingencias climáticas, primero la sequía (dos años del fenómeno La Niña), luego las heladas sobre el litoral y ahora las inundaciones bonaerenses.
En el medio, la presión fiscal conspira contra el negocio agropecuario en la actualidad, aún cuando para el Estado el campo es fuente de ingresos de divisas por retenciones y exportaciones.
Hubo provincias que declararon la situación de desastre o emergencia agropecuaria, pero no le siguió el correlato en la Nación. Abruptamente, la Comisión que dirige el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar secundado por Haroldo Lebed, secretario de Coordinación Política, Institucional y Emergencia Agropecuaria dejó de reunirse y no se convalidaron las situaciones provinciales.
De este modo los productores agropecuarios no pudieron acceder a diferimientos en los impuestos nacionales ni en deudas con el Banco Nación.
La necesidad de recaudación fiscal podría ser uno de los argumentos que avalen la no declaración nacional de emergencias y desastres, la otra es que no quieren ver unidos en el ámbito oficial a las entidades que integran la mesa de Enlace.

En rigor, la situación es que se enviaron fondos para asistir a productores frutihortícolas entrerrianos que junto con correntinos sufrieron las brutales heladas de junio que congelaron la fruta y destruyeron la producción, pero la emergencia o desastre nacional no fueron declarados.

Noticias Argentinas intentó conocer cuáles son las intenciones ministeriales respecto de una futura convocatoria de la Comisión, pero fue infructuoso. No hubo respuestas. Entre enero y febrero cuando el campo sufría los estragos de la sequía, la Nación había decretado la Emergencia Agropecuaria a Buenos Aires y Santa Fe, decidió extender la medida a La Pampa, San Juan, Neuquén y Misiones.

En ese momento, Yauhar señaló que “la Mesa de Enlace acompaña estas medidas que estamos tomando. El encuentro sirvió para seguir monitoreando la situación de las diferentes regiones, con el compromiso de que la Comisión continúe sesionando de manera permanente”.

Luego el silencio y después la lluvia. De todos modos, a pesar de las precipitaciones del incipiente El Niño, las consecuencias de la sequía se hacen sentir todavía, porque muchos productores quedaron desfinanciados y no venden su soja todavía para sustentar después la siembra de la nueva campaña de la oleaginosa, en muchos casos. También los magros resultados obtenidos en el ciclo agrícola 2011-2012 conspiran contra la implantación del maíz 2012-2013.

Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, un productor con campo propio obtiene de rentabilidad por hectárea, un cinco por ciento, 68 dólares, en cambio mejora el panorama en aquéllos que poseen 500 hectáreas o más. Un tercio de la provincia de Buenos Aries, 10.5 millones de hectáreas se encuentran bajo agua total o parcialmente anegadas y ya son 40 los partidos en emergencia o desastre agropecuario.

Hace falta un decreto del gobernador Daniel Scioli para acceder a los beneficios que son diferimientos en obligaciones impositivas, mientras tanto llegó el reajuste de la segunda cuota del inmobiliario rural bonaerense, según las pautas del decreto refrendado por la Legislatura que aumentó las valuaciones fiscales de las tierras.

En noviembre, será distribuida la tercera cuota. Algunos de esos productores que deben pagar están aislados por las inundaciones. Aún cuando el último informe climático semanal del INTA alegó que las lluvias se mudarán al centro y norte del país, los daños en la provincia de Buenos Aires pueden mantenerse, analizaron, durante dos años por lo menos y en los productores citrícolas litoraleños también.

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