10 de septiembre de 2012 11:54 AM
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Derechos de Mendoza sobre el río Atuel

Desde agosto de 2008 los mendocinos estamos asistiendo a actos, omisiones y declaraciones de las más altas autoridades de la gestión del agua pública de Mendoza, sobre los supuestos derechos de La Pampa en los actuales caudales del río Atuel.

Primero fue el convenio firmado por el ex Gobernador Celso Jaque y su par de La Pampa en agosto de 2008. No es mi propósito volver sobre este convenio que en su momento recibió duras críticas (por algo lleva cuatro años sin que haya entrado a la Legislatura mendocina para su tratamiento, tal como lo dispone el art. 99 de la Constitución de Mendoza, vigente).

Segundo y más recientemente, las afirmaciones de que se deben respetar los derechos de La Pampa sobre el río Atuel en razón de que existe una sentencia de la Corte Suprema de la Nación (3 de diciembre de 1987) que declaró la interprovincialidad del río.

Para determinar si La Pampa tiene “hoy” algún derecho sobre el río Atuel, estimo absolutamente necesario transcribir la parte dispositiva de esa sentencia, que dice así:

Primero: Declarar que el río Atuel es interprovincial ?

Segundo: Rechazar la acción promovida por la Provincia de La Pampa y las pretensiones de que se dé cumplimiento a la resolución 50/49 y que se regule la utilización en forma compartida entre ambas provincias de la cuenca del río Atuel y sus afluentes, siempre que la Provincia de Mendoza mantenga sus usos consuntivos actuales aplicados sobre la superficie reconocida en el considerando 88 (75.761 has).

Tercero: Exhortar a las partes a celebrar convenios tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos futuros de las aguas del río Atuel, sobre la base de los principios generales y las pautas fijadas en los considerandos de esta sentencia.

La interprovincialidad

Para entender correctamente esta parte (punto 1º) de la sentencia es necesario leer la totalidad de la misma, como lo aconseja Amílcar Moyano, una y más veces.

Pero basta tener presente la relación entre los tres puntos de la parte dispositiva de la sentencia para afirmar que “hoy” La Pampa, no tiene ningún derecho sobre las aguas del Atuel.
Valgan para fundamentar esta opinión:

1) El rechazo de la aplicación de la resolución 50/49 de Agua y Energía Eléctrica que disponía sueltas periódicas del embalse El Nihuil, equivalente al 2 ½ del derrame anual del río destinado a bebida de poblaciones y ganado, regadío de praderas naturales y alimentación de represas y lagunas en la zona noroeste de La Pampa.

La Corte Suprema aplicó aquí el principio jurídico de la prioridad en el uso, sobre todo de un uso racional que Mendoza venía realizando desde hacía más de medio siglo.

2) La Corte también rechazó a La Pampa su pretensión de regular el uso compartido de las aguas del Atuel.

3) Pero el punto clave para afirmar que “hoy” La Pampa no tiene ningún derecho sobre las aguas del Atuel, es el 3º, que exhorta a ambas provincias a celebrar tratados interprovinciales, tendientes a la regulación de los usos futuros de las aguas del Atuel.

Cuando la Corte habla de usos futuros, evidentemente que se está refiriendo a la existencia de excedentes de agua en el Atuel después de que Mendoza abastezca sus 75.671 has reconocidas como de riego efectivo. Es evidente que los usos están vinculados a la existencia de agua, pues ningún uso puede hacerse si no hay agua. Los usos están inescindiblemente unidos a la existencia del agua.

¿Es posible generar excedente de agua en el Atuel? Evidentemente que sí, pero son obras a largo plazo y algunas son de costos tal altos que resulta difícil hacerlas. El mejoramiento de la red de riego, donde se pierde un 60 a 70 por ciento del agua; la adopción gradual de métodos de riego presurizado; evitar el desaprovechamiento; incentivar un uso racional del agua para abastecer poblaciones; evitar la dispersión en las juntas y, sobre todo, pensar con seriedad en el aprovechamiento integral del río Grande. Todas estas iniciativas requieren serios estudios técnicos y económicos. El marco legal para ello es la CIAI (Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior).

Se ha dicho también que La Pampa podría tomar represalias que afectarían los derechos de Mendoza sobre el río Grande.

De hecho La Pampa lo viene haciendo y la provincia de Mendoza ha claudicado sus derechos.

Según informaciones de la prensa oral y escrita, el Gobierno de Mendoza comunicó oficialmente al Comité Interjurisdiccional del río Colorado que “por el momento desistió de encarar el trasvase”.

Se ha dicho que La Pampa en el Coirco puede oponerse a las obras del trasvase mientras no se le asegure un caudal fluvio ecológico en el Atuel. Que lo digan los pampeanos es una cosa, pero que lo digan los mendocinos, es otra.

La VI Conferencia de Gobernadores de la cuenca del Colorado, que aprobó los estudios del MIT y ratificó el tratado de las nuevas áreas de riego, consolidado por la ley nacional (ley convenio) 21.611 le concedió a la provincia de Mendoza el derecho a comenzar de inmediato los estudios para la ejecución de las obras necesarias “bajo la fiscalización” del Coirco. No hace falta ser suficientemente instruido en letras para comprender la diferencia que existe entre “autorizar” y “fiscalizar”. Autorizar es dar permiso para hacer alguna cosa y fiscalizar es controlar que las obras se hagan de acuerdo a lo estipulado.

Consecuentemente constituye un grave error dejarse asustar por los pampeanos y postergar más tiempo las obras del trasvase.

Una última reflexión: ¿Por qué no quiere La Pampa el trasvase del Grande al Atuel? Sería útil que el Gobierno de Mendoza, haciendo uso del derecho de información que le compete como condómino de la cuenca del Colorado, pregunte a las otras provincias qué están haciendo con las aguas de la cuenca del Colorado. Podemos sorprendernos.

Las opiniones vertidas en este espacio, no necesariamente coinciden con la línea editorial de Diario Los Andes.

Fuente: Los Andes

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