21 de septiembre de 2012 21:08 PM
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Audacia extrema ! ! ! (Susana Merlo)

Audacia extrema, o una gran inconciencia, es la que hay que tener para encarar ciertas actividades en la Argentina de hoy.

Por ejemplo, los tamberos (que ahora cobran nominalmente menos que el año pasado a pesar de la inflación, oficial o de la otra) siguen reclamando soluciones desde 2005, y los productores de trigo o maíz continúan sin cobrar los precios que le corresponden (obviamente, tras la quita de las retenciones), a pesar de la cantidad de promesas oficiales en sentido contrario.
Basta que caigan algunas gotas de más para que buena parte del territorio productivo se vuelva a inundar, y las obras que se habían comenzado hace 15/18 años para evitar, o al menos, atenuar esos impactos negativos se discontinuaron; nadie sabe por qué (o si, pero no se dice) y esto, sin que hayan bajado una pizca los impuestos que se cobran. Todo lo contrario.
Si se invierte en una fábrica no se sabe si se va a contar con la energía eléctrica o el gas suficiente. Tampoco si van a dejar que se importen los insumos necesarios para completar la producción.
Tampoco hay demasiada estabilidad en materia de impuestos. Por ejemplo, muchos de los que hicieron importantes inversiones (de distinta magnitud) para fabricar biocombustibles se encontraron de la noche a la mañana con que les sacaban los reintegros, simultáneamente les subieron las retenciones, y como si fuera poco, les cambiaron el sistema de cálculo para el precio interno que, naturalmente, terminó resultando más bajo.
Todo eso de golpe y luego, a pesar de las correcciones obligadas pocas semanas después, ya que todo el sector se había inmovilizado, no está claro todavía que los resultados económicos hayan quedado, aunque sea, en equilibrio.
Como estos, los ejemplos se multiplican. Primero se actúa, luego se piensa, después se modifica.
Nunca se corrige, y las pérdidas, daños y perjuicios se siguen acumulando.
En este contexto sorprende que todavía algunos se pregunten por qué no hay más inversiones (ni de capitales externos, ni de los propios).
Por eso, también, genera tanta atención el movimiento alrededor del “Ordenamiento Territorial” que se lanzó desde distintas áreas oficiales. Aparentemente hay cuatro versiones, por lo que muchos se preguntan si no sería más lógico unificarlas primero, y que el Gobierno presente la oficial.
Pero no es lo único. Naturalmente, todo lo que incida de una u otra forma sobre la propiedad privada es delicado, y mucho. Es que el uso de las palabras que dan algunos funcionarios, sumado a ciertas acciones, determinan que lo que en otro contexto no entrañaría ningún riesgo, pase a tener connotaciones un tanto alarmantes.
Así, la “función social de la tierra”, el “uso y la ocupación del territorio”, la “distribución racional”, el “acceso al suelo”, la “intervención oficial en el mercado de suelos”, el “desarrollo sostenible”, etc., etc., conceptos todos absolutamente lógicos para ser tratados –y considerados– en una sociedad moderna, más vale traen a la memoria imágenes como las del Indoamericano, los hechos recientes en Jujuy, las luchas y los intrusamientos en Santiago del Estero, el casi enfrentamiento entre todos en Salta o, para llevarlo a lo más urbano, la anarquía de la proliferación de las villas de emergencia y, en contraposición, la multiplicación de los barrios cerrados también acentuada por la inseguridad, mayor en áreas suburbanas.
Es que una nueva ingerencia del Estado, aunque sea justificada, actualmente es irritativa y alarmante, no solo por los riesgos de arbitrariedad y de inseguridad jurídica que conlleva, sino también por algo muchísimo más simple, que es que no existen los equipos idóneos ni la suficiente información, ni a nivel Nacional ni en las provincias, para poner un esquema de estos en marcha y poder controlarlo razonablemente bien.
¿Alguien sabe cuánta tierra fiscal hay hoy en el país? ¿En que estado están los catastros provinciales? ¿Hay un mapa de agua subterránea con evaluación de caudales? ¿Cómo se puede evaluar el aprovechamiento racional del suelo sin esto? ¿Qué impacto se le asigna a las nuevas tecnologías de producción? Por caso, antes de la labranza cero se podían perder 7/8 toneladas de suelo por hectárea y por campaña (por erosión, etc.), cifra que ahora se redujo 90% con la nueva técnica.
¿Cuál es la función social de los suelos públicos? Y, ¿dónde están esas tierras?
Falta información, faltan datos “duros”, creíbles y, además, faltan equipos capacitados.
Por eso, tal vez, sería conveniente comenzar “por el principio” y conseguir toda la información posible y preparar a los funcionarios antes de pensar en una ley que aleje más aún los capitales que se necesitan en forma inmediata.

Fuente: Campo 2.0

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