22 de septiembre de 2012 12:22 PM
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Sin estabilidad tributaria para el agro

Una cuestión que preocupa a muchos productores es la falta de estabilidad en materia tributaria, ya que en los últimos tiempos han visto incrementada la presión fiscal provincial y nacional. En efecto, son varias las provincias que han dispuesto importantes modificaciones en las valuaciones de los inmuebles rurales como Entre Ríos, Santa Fe y Buenos […]

Una cuestión que preocupa a muchos productores es la falta de estabilidad en materia tributaria, ya que en los últimos tiempos han visto incrementada la presión fiscal provincial y nacional. En efecto, son varias las provincias que han dispuesto importantes modificaciones en las valuaciones de los inmuebles rurales como Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, que implican significativos incrementos en los impuestos inmobiliarios rurales. No sólo se han aumentado las valuaciones fiscales, sino que se han modificado alícuotas y escalas de progresividad que han potenciado los aumentos del referido tributo, a la vez que inciden directamente sobre el cálculo de impuestos nacionales.

La incertidumbre es mayor aún en la provincia de Buenos Aires, ya que por una simple resolución se dispuso que la base imponible para el cálculo del impuesto inmobiliario rural, exclusivamente para el año 2012, sea el 50% de la valuación fiscal de las partidas inmobiliarias.

En consecuencia, si no se dicta una nueva resolución que disponga el mismo u otro porcentaje de reducción, las bases imponibles serán iguales a la valuación fiscal, como ocurre en otras provincias y, por lo tanto, el impuesto resultante para 2013 se duplicaría, en el mejor escenario, ya que seguramente el aumento sería aún mayor, por la progresividad de las escalas determinativas de dicho tributo.

Asimismo, muchos productores deben tener en cuenta que los revalúos dispuestos incidirán directamente sobre el cálculo de los impuestos sobre los bienes personales o sobre la ganancia mínima presunta a liquidarse en el próximo ejercicio fiscal, afectando a las sociedades que cerraron balance el 30 de junio pasado o a las personas físicas en su determinación al 31 de diciembre venidero.

Para la caja provincial

Los gobiernos provinciales, ávidos de hacerse de mayores recursos, en vez de pelear por una mayor coparticipación optaron por aumentar sus propios impuestos, pero las modificaciones en las valuaciones fiscales han potenciado la recaudación de impuestos nacionales.

También esta voracidad sin límites se ha visto en la reforma de otros impuestos provinciales, como sellos e ingresos brutos. Particularmente excesiva ha sido la suba de la alícuota aplicable a los arrendamientos, que en el caso de Buenos Aires casi se duplicó, pasando del 3,5 al 6%. Un productor que arrienda su campo, además de tener que afrontar pesadas cargas en materia de impuestos patrimoniales, como el inmobiliario rural y bienes personales o ganancia mínima presunta, debe afrontar el pago de ingresos brutos a una tasa del 6 por ciento. La sumatoria de todos estos impuestos es claramente confiscatoria.

Entre tantas malas noticias, asoma otra que viene a confirmar lo que varios tributaristas sosteníamos en contra de la opinión del fisco. Me refiero al reciente fallo “Molaro”, del Tribunal Fiscal de la Nación, que aclaró que los establecimientos rurales explotados por personas físicas tributan, exclusivamente, ganancia mínima presunta y no, también, bienes personales. La AFIP, por medio de su nota externa 5/2006, disponía que los mismos estuvieran también gravados en bienes personales, constituyendo ésta una doble imposición. Esto confirma que no hay que tener miedo a efectuar reclamos administrativos o presentaciones judiciales, ya que es un mito creer que a quien inicie un juicio le llega una inspección. Y muchas veces la Justicia da la razón al contribuyente.

Y en esta carrera por lograr mayores ingresos fiscales en varias jurisdicciones se han dispuesto o se discute otras formas de imposición, como alícuotas adicionales a quienes no residen en la provincia -en el caso del inmobiliario rural, impuesto adicional a los grandes predios, impuestos a los pools, etcétera, constituyendo toda una maraña de elucubraciones en materia impositiva que afectan a un sector muy castigado en materia tributaria.

Frente a este panorama sombrío, los productores pueden recurrir a distintas acciones legales para tratar de detener este abuso fiscal, como asimismo seguir apoyando a las entidades del sector en sus reclamos.

No obstante, le cabe al sector una importante tarea de concientización frente al resto de la sociedad, para hacer conocer la verdad y demostrar el aporte que el agro realiza al conjunto de la economía. Y junto con ello debe lograr que su voto tenga fuerza electoral, para reclamar una disminución de la presión fiscal y una significativa baja del gasto público.

Por otra parte, las autoridades deben tomar conciencia de que el aumento de la recaudación fiscal debe lograrse por el efecto combinado de una baja de impuestos y gasto público y de una notoria reactivación de la economía. Si ello se produjera, el efecto multiplicador del campo y la agroindustria se vería reflejado en el bienestar general de los argentinos.

Fuente: La Nacion

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