El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), dependiente de la Universidad de Chile, detectó que maíces transgénicos contaminaron genéticamente siembras de maíz convencional en Chile, en un estudio realizado a principios de año en la Región de O'Higgins.

En el muestreo se identificó que cuatro de los 30 predios estudiadios, los que se encuentran contiguos a semilleros de Organismo Genéticamente Modificados (OGM), dieron resultados positivos para contaminación transgénica, lo que a juicio de ecologistas pone en riesgo las exportaciones en agricultura orgánica y semilla convencionales de las empresas de dicha región.

La situación fue considerada como de "extrema gravedad", por María Isabel Manzur, miembro de la Fundación Sociedades Sustentables, ya que "estos maíces contaminados son ilegales, pues no están aprobados para consumo humano ni están autorizados por el SAG para uso como semilla".

Manzur y la ecologista Sara Larraín solicitaron al Ministerio de Agricultura que realice estudios independientes para evaluar la extensión de la contaminación de los cultivos y semillas en el país, además de implementar medidas de control de la contaminación existente, la ratificación del Protocolo de Bioseguridad y una ley que prohíba estos cultivos en el país por ser, a su juicio, peligrosos para el ambiente y la salud humana.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) autorizó en 2007 cerca de 25.000 hectáreas de OGM en territorio nacional, la mayoría de maíz. En paralelo, en el Congreso se discute un proyecto de ley, proveniente de senadores de diversos partidos políticos, que apoya la expansión de los cultivos transgénicos y no considera su etiquetado