10 de febrero de 2013 22:30 PM
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Nerviosismo previsible (y creciente). (Susana Merlo)

“La única verdad, es la realidad…”, dicen que sostenía Juan Domingo Perón, líder político, justamente, del actual Gobierno que, a pesar de tal dogma, aparentemente sigue sin querer aceptarlo.

Y una de las pruebas palmarias es la estratégica agricultura, tan central para los objetivos oficiales, como insustituible en sus aportes a las arcas públicas.
El hecho es que la campaña pasada fue mala, aunque los números oficiales no hayan reflejado su magnitud. La seca provocó fuertes recortes en los volúmenes que determinaron que la recolección total no alcanzara los 85 millones de toneladas, de los cuales la soja no llegó siquiera a los 40.
Ese resultado significó entre 20 y 25 millones de toneladas menos de oferta y, por lo tanto, de divisas para el país, impuestos para el fisco y fondos para los productores que, con semejante déficit (unos US$ 8/10.000 millones para la Argentina y 7.000 millones para los agricultores), debieron salir a afrontar la nueva siembra de la actual campaña 2012/13. Lo que implicó (aunque muy pocos los digan) una notable expansión del endeudamiento privado, ya que la falta de liquidez se suplió con la menor utilización de insumos y con la ampliación del crédito comercial.
La situación, de todos modos, no habría sido demasiado grave si el clima, nuevamente, no hubiera complicado el asunto. Pero resulta que, mientras el Gobierno se empecinaba en no reconocer siquiera la feroz sequía de 2011/12, a partir de agosto pasado, con buena parte del trigo y la cebada ya implantados, comenzó a llover en la Pampa Húmeda (el cinturón granario del país) y no dejó de hacerlo casi hasta diciembre, dejando bajo el agua e impidiendo los trabajos de siembra y cultivo en más de 8 millones de las mejores hectáreas agrícolas argentinas.
Por supuesto, esto tampoco fue reconocido oficialmente a pesar de las filmaciones, fotos, sobrevuelos, testimonios, etc. que se acumulaban, igual que los pedidos de Emergencia y Desastre Agropecuario que salían con cuentagotas, tanto a nivel nacional como provincial (los gobernadores resisten dar este paso porque con Emergencia se posterga el pago de impuestos como el inmobiliario).
El resultado, no oficial, fue el previsible: volvió a fracasar la cosecha fina, básicamente el trigo, de la que no solo se recogieron unas 8 millones de toneladas (reales) -uno de los registros más bajos-, sino que la calidad general fue muy mala.
También se impidió la siembra de una cantidad de hectáreas de granos gruesos (soja y maíz), se perdieron otras tantas por los excesos de agua (que no se resembraron) y, en general, se atrasó casi un mes toda la campaña, lo que implica que habrá menores rindes.
Pero, “como si algo puede empeorar…, empeora” (Ley de Murphy), a partir de diciembre casi dejó de llover y comenzaron a producirse fuertes oscilaciones de temperaturas con calores extremos, situación que se extiende hasta hoy.
El objeto de este relato un tanto abrumador y bastante aburrido es solo para explicar que, técnicamente, es imposible que se hayan cubierto las 35 millones de hectáreas de cultivo que se venían haciendo en el país, y que tampoco es factible que se pudieran totalizar las 19 millones de hectáreas que se anunciaban para la soja. Lo mismo con el maíz que “araña” apenas las 4 millones de hectáreas contra las 5 millones de la ya jaqueada campaña anterior y que, por lo tanto, es quimérico que se obtenga la “cosecha récord” de la que hablan algunos funcionarios (para tratar de aplacar al dólar con la idea de ingresos de divisas en los próximos meses mayores a los que realmente va a haber) y que multiplican algunos medios. De hecho, para que fuera “record” debería superar los 104 millones de toneladas que, dicen los números oficiales, se obtuvieron en el ciclo 2010/11. Más aún, es probable que de continuar las malas condiciones climáticas hasta abril/mayo, ni siquiera se alcancen los 90 millones (oficiales) del año pasado.
Por supuesto que algunos funcionarios esto lo saben muy bien. También conocen que ante la incertidumbre económica, la inseguridad y la falta de alternativas, los productores no venden y prefieren retener el producto hasta el momento de volver a invertir. Pero esto es terrible para un gobierno cuyos números están más que ajustados y que necesita imperiosamente cada dólar ya mismo.
De ahí que no puede llamar la atención el actual embate de la AFIP sobre acopios y grandes productores para detectar dónde esta guardada la soja remanente de la última campaña. Luego harán lo mismo con la nueva cosecha, maniobra que, a todas luces, es intimidatoria aunque, tal vez, no sea demasiado efectiva en términos jurídicos.
Dicho de otra forma, el gobierno no puede obligar a alguien a vender contra su voluntad o a malvender su producto ya que, entre otras cosas, la propia Constitución entroniza la libertad de comercio. Pero… vaya a saber que recoveco se podrá encontrar en la ley como para poner una presión adicional (de hecho ya está sucediendo con amenazas de sacar a los que se nieguen a vender del Registro de Productores) que, de todos modos, no les va a dar los montos que necesitan para apagar el incendio económico que se perfila y, ni siquiera, los volúmenes que se esperaban hasta que el diablo (en este caso el clima) no hubiera metido la cola otra vez.

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