11 de febrero de 2013 00:37 AM
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Cómo operará la Ley de Muestra y Contramuestra

CHILE : Se crea un sistema de laboratorios para que compradores y vendedores puedan determinar la calidad del producto y, en definitiva, el precio, lo que dará transparencia al mercado, principalmente de los granos. Los gremios agrícolas están conformes con la normativa que demoró dos años en salir del Congreso.

Por años los agricultores venían pidiendo una normativa que los pusiera en un plano de igualdad frente a los poderes compradores. La idea era poder certificar en centros independientes las bondades de sus productos y probar que cumplen con los estándares que molinos o plantas lecheras, por ejemplo, les exigen, como nivel de humedad, porcentaje de gluten o cantidad de proteínas, todos los cuales impactan en el precio final que reciben. Hasta ahora no tenían cómo comprobar que los castigos aplicados tenían bases reales.

Tras un largo proceso de conversaciones, con diálogos -algunos más ásperos que amistosos- y acuerdos, al fin se llegó al texto definitivo de la Ley de Muestra y Contramuestra, recientemente promulgada por el Presidente Sebastián Piñera, y que está a las puertas de su publicación en el Diario Oficial.

El nuevo cuerpo legal regula el procedimiento de análisis de muestras y contramuestras, y medición -según corresponda- de los productos agropecuarios que se transan en el mercado nacional y que no se encuentren regulados por una ley especial, esencialmente los granos y cereales. La idea es mejorar la transparencia y el equilibrio en las transacciones.

Para eso establece mecanismos e instrumentos que ayudarán a dar transparencia en los precios de las transacciones de los productos cuyos valores están subordinados a ciertas características, mejorando los procedimientos que determinan la cantidad y calidad de los que son transados en el mercado agrícola.

El texto fija la obligación para los agroindustriales e intermediarios de mantener a la vista los precios de referencia; es decir, aquellos fijados en relación con la cantidad, masa, volumen o características que posean.

Además, crea un sistema de laboratorios y de registro de éstos, considerando tres categorías: laboratorios de ensayo, laboratorios de ensayo arbitradores y laboratorios de calibración. Pero sólo podrán operar aquellos que se encuentren incorporados en el Registro que administrará el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

En las transacciones reguladas por esta ley, el comprador debe tomar una muestra y una contramuestra del producto, a fin de enviar la primera al laboratorio de ensayo y la segunda al laboratorio de ensayo arbitrador.

La nueva ley plantea el siguiente modo de operar:

RED DE LABORATORIOS

La ley crea un sistema de laboratorios y de registro de éstos, considerando tres categorías.

Los laboratorios de ensayo. Se encargan de analizar la muestra del producto, para determinar las características del mismo y, en función de ello, determinar el precio. Pueden ser independientes -sujetos a la supervigilancia del veedor, que es un representante de los productores- o aquellos con los que operan los agroindustriales o intermediarios.

En el caso de que el laboratorio con que operan los compradores se certificare como laboratorio de ensayo, éste quedará sujeto a la fiscalización directa del SAG, el cual hará las veces de veedor.

Laboratorios de ensayo arbitradores. Serán independientes y analizarán la contramuestra del producto cuando alguna de las partes lo solicite, por no estar conforme con el resultado del análisis de la muestra. El resultado del análisis primará por sobre el resultado del análisis de la muestra y tendrá el carácter de plena prueba.

Laboratorios de calibración. Realizarán las calibraciones de los equipos de medición de los demás laboratorios y de los equipos de los compradores con los que se determinen la masa y el volumen de los productos.

Durante los dos primeros años de entrada en vigencia de la ley, podrán actuar para efectos de ésta todos los laboratorios que hubieren iniciado el proceso de registro ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con la autorización de éste.

CÓMO SE OPERA

En las transacciones reguladas por esta ley, el comprador debe tomar una muestra y una contramuestra del producto, a fin de enviar la primera al laboratorio de ensayo y la segunda al laboratorio de ensayo arbitrador.

Cuando el laboratorio del comprador se certifique como laboratorio de ensayo, la muestra podrá permanecer en dicho laboratorio para su análisis.

Si el comprador hubiere obtenido la certificación de protocolos de custodia de contramuestras, conforme a las exigencias del reglamento, podrá guardar la contramuestra sin enviarla al laboratorio de ensayo arbitrador, sino sólo cuando alguna de las partes requiera el examen.

Transcurrido el plazo de ocho días, contado desde la notificación del análisis de la muestra, sin que el productor pida el examen de contramuestra, o cuando antes del vencimiento el productor diere su conformidad expresa o tácita al análisis de la muestra, el comprador podrá destruir o disponer libremente de la contramuestra.

Los productores por sí o mediante asociaciones gremiales u otras entidades de las que participen, podrán designar a un veedor, para que supervigile o inspeccione el cumplimiento de los procedimientos de obtención, custodia, conservación y envío de muestras y contramuestras, así como los procedimientos de medición de la cantidad, masa o volumen de los productos agropecuarios nacionales.

LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

La norma contempla dos géneros de infracciones. La primera es la emisión de informes o certificados sin seguir el procedimiento correspondiente, así como consignar en los informes datos distintos de los entregados por los análisis, incumplir los procedimientos fijados por la ley y sus reglamentos, e impedir la actividad del veedor. Este tipo de infracciones será conocido y sancionado por los jueces de policía local.

El segundo género es el incumplimiento de las obligaciones de los compradores relativas a mantener a la vista los precios de referencia, la emisión de la guía de recepción, la toma de muestras y de contramuestras en la primera transacción comercial de los productos, las funciones del veedor y la constancia de su actuación en la guía de recepción, y la obtención y envío de la muestra de productos importados a un laboratorio para su análisis. Este tipo de infracciones será conocido y sancionado por el Servicio Agrícola y Ganadero.

La ley fija la obligación para los agroindustriales e intermediarios de mantener a la vista los precios de referencia; es decir, aquellos fijados en relación con la cantidad, masa, volumen o alguna característica.

 Conformidad en los gremiosGastón Caminondo, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo) valora como un “gran logro esta iniciativa”, porque es “algo que el sector productor requería con urgencia”.

Aun cuando reconoce que demoró bastante concretar la normativa, sin duda valió la pena el tiempo, porque la ley finalmente recoge en gran medida las expectativas de los productores. “Ahora viene una segunda fase, que incluso puede ser más compleja que la primera: la creación del reglamento que dará vida a este rayado de cancha”, dice. Y es allí donde esperan nuevamente ser considerados para aportar.

Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) opina que la ley recoge el anhelo del sector de transparentar y dar simetría a la relación entre productores e industriales, particularmente en el mercado de los granos. Destaca como un aspecto importante de esta ley la existencia de un tercero que puede arbitrar entre las partes, cuando así se requiera.

Luis Mayol, ministro de Agricultura: “Esta ley era una aspiración de los agricultores, pues a partir de ahora habrá mucha más transparencia en los mercados y en la comercialización de sus productos… Los descuentos no siempre eran bien recibidos; se escuchaba decir que las importaciones eran de peor calidad y que los precios no reflejaban la realidad equivalente en Chile y existían problemas con los pesajes”. Mayol releva que el gran beneficio que trae el cuerpo legal es que tanto compradores como vendedores conocerán lo que se está haciendo, lo que se está pagando y los descuentos que se hacen.

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