25 de febrero de 2013 02:06 AM
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La inseguridad de las algas tóxicas

La Justicia federal de Santiago del Estero indagará a trece empresarios tucumanos cuyos ingenios y empresas citrícolas y papeleras están acusadas de haber vertido residuos que contaminaron el embalse de Río Hondo y causaron una masiva mortandad de fauna silvestre.

Las indagatorias serán dirigidas por el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, a partir del lunes 4 de marzo. La medida fue confirmada por el fiscal federal local, Pedro Simón, quien explicó que las indagatorias se producirán en el marco de la violación de la ley de residuos peligrosos 24.051. Entre los imputados se encuentran Julio Colombres, quien es presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán; Jorge Rocchia Ferro, responsable del grupo Los Balcanes que administra tres grandes ingenios; Luis Lorenzo Pardo; Gonzalo Tanoira; Fernando José Terán; José Gasep; Héctor Gregorio Mateos; Mario Menéndez; Roberto Mario Ortiz y José Antonio Fernández, entre otros.

La primera causa que originó la intervención judicial data del año 2009, cuando el entonces intendente de Las Termas de Río Hondo, Luis Saleme, denunció una mortandad de peces por falta de oxígeno en el agua.

Sin embargo, la mayor catástrofe para la fauna ictícola se produjo en noviembre de 2011, cuando murieron varias toneladas de peces producto de la contaminación de su medio de vida.

Esta causa fue promovida por la fiscalía de Estado, la Defensoría del Pueblo de la provincia y la ex concejal termense, Anita Loto.

Además, en el caso puntual de Rocchia Ferro será indagado por otras dos causas penales, debido a dos volcamientos de vinaza en el canal del Este, que llevó el desecho de la producción de alcohol a las localidades santiagueñas de El Palomar y El Arenal, a fines del año pasado.

El último episodio tuvo lugar hace dos semanas cuando vecinos de Villa Río Hondo denunciaron un masiva mortandad de fauna silvestre, como peces, aves, vacunos y perros, tras la aparición de una mancha tóxica azul y verde de 1500 metros de longitud en el lago Dique Frontal. Los habitantes se encontraron con un paisaje desolador que parecía salido de un película catástrofe: una mancha aceitosa y una enorme espuma arrastraba ostras, miles de peces, un centenar de aves –incluidos teros, flamencos y garzas– y más de una veintena de animales vacunos muertos, además de un olor que tornaba irrespirable el aire. Hasta un perro que tomó agua falleció en el acto.

Según los peritajes, el episodio se produjo por una concentración atípica de algas tóxicas en descomposición. De acuerdo con los primeros estudios de laboratorio de Prefectura Naval, que tiene jurisdicción sobre el lago, el fenómeno no es muy común en esa magnitud ni en esta época del año. Sin embargo, advirtieron que hubo una serie de factores que contribuyeron a que apareciera y matara a la fauna ictícola que se hallaba en un área de unos tres kilómetros de extensión, así como también a las aves, vacunos, perros y porcinos que se acercaron a beber el agua contaminada.

Los especialistas sostuvieron que el bajo nivel del Dique Frontal por la falta de lluvias en las nacientes de los afluentes, las altas temperaturas y la cantidad de material orgánico en las aguas se conjugaron para que crecieran las algas.

En aquel entonces, la senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, Ana María Corradi (FpV), apuntó contra las empresas y los vuelcos de desechos en el lugar. “Año tras año se constata la muerte de peces por los ingenios en Tucumán y hoy hablamos también de vacunos y aves. Hay que ver qué es lo que ha hecho el Comité de la Cuenca, los funcionarios de la Nación y las provincias y las empresas. Creímos que no iba a pasar más y pasó”, lamentó. La funcionaria, que tiene dos proyectos presentados sobre el tema, hizo énfasis en la necesidad de un monitoreo constante y la efectiva realización de los tratamientos pertinentes por parte de las industrias. “Hay que realizar monitoreos en forma permanente porque, de lo contrario, las empresas tiran la vinaza cuando no se controla. Hay que obligarlas a que hagan sus tratamientos”, puntualizó.

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