25 de febrero de 2013 12:42 PM
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La Mesa de Enlace sólo quiere reuniones conjuntas

Las entidades que integran la Mesa de Enlace protagonizaron un nuevo tironeo con el gobierno nacional al ser convocadas, separadamente, por el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, a reuniones durante marzo.

La Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) rechazaron la invitación individual, pero le aconsejaron usar una de las fechas sugeridas del mes próximo para una audiencia conjunta.
Así las cosas, todo está como al principio: sin diálogo a la vista y con el eventual boicot a la venta de la soja nueva en la agenda. Este tema surgió en la última asamblea de productores –realizada semanas atrás en Pehuajó– y enseguida dividió a la dirigencia. “Es una medida insostenible”, sentenció Carlos Garetto (Coninagro).
Un exvicepresidente de CRA, Néstor Roulet, dio otra perspectiva. “El sector está desfinanciado en 5.000 millones de dólares”, aseguró en base a los elevados costos que debieron asumir los productores ante la campaña 2012-1013.
De acuerdo con ese análisis, de los 50 millones de toneladas de soja que se cosecharán, el 56 por ciento (28 millones) servirá para pagar insumos (34 por ciento), servicios de cosecha (8 por ciento), transporte (10 por ciento) y otros gastos de comercialización (4 por ciento).
Para pulir las diferencias internas y despejar incógnitas sobre la actitud final del sector, desde el sábado próximo, habrá asambleas en Chaco, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos.
Para la periodista Susana Merlo, el productor es el eslabón más débil de la cadena: sufre falta de infraestructura vial, problemas de comercialización, dificultad para acceder a créditos, carencia de financiamiento, ahogo económico, endeudamiento y fletes caros.
“Las negativas intervenciones del gobierno distorsionan los precios, sumándose la alta presión impositiva y los desfavorables factores climáticos”, se quejó Roulet.
Suspender la venta de soja, que concentra cerca del 25 por ciento de las exportaciones y paga retenciones del 35 por ciento, haría tambalear la estructura fiscal de ingresos.
El negocio se reparte entre un 20 por ciento de pooles de siembra, empresas y grandes productores y el 80 por ciento restante de pequeños y medianos productores, con acceso a mucha menor cantidad de hectáreas. Son los que no tienen espaldas para aguantar.

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