22 de marzo de 2010 12:02 PM
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El fallo que prohibió el glifosato se basa "en el principio precautorio" aunque aclaran que "no está dada la última palabra"

La justicia santafesina falló a favor de un grupo de vecinos y una entidad ambientalista y determinó la prohibición de aplicar agroquímicos en campos linderos a la ciudad de San Jorge, ubicada 161 kilómetros al oeste de la capital provincial.

El dictamen de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que data de diciembre del año pasado pero se conoció esta semana, avaló el amparo dictado en marzo de 2009 por el juez Tristán Martínez tras una denuncia del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) y vecinos del barrio Urquiza que aseguran haber sido rociados por productos fitosanitarios mientras se pulverizaban lotes agrícolas en las proximidades.

La resolución de los camaristas dispuso la prohibición de aplicar agroquímicos por vía terrestre a menos de 800 metros del límite urbano y a 1500 si se trata de pulverizaciones aéreas. Pero además ordenó al Ministerio de la Producción y la Universidad Nacional del Litoral a que, en un plazo de 6 meses, determinen científicamente la inocuidad de los productos. Tal determinación obedece a que fue la provincia, junto a productores y la intendencia local, quien apeló el fallo de primera instancia.

El nudo del conflicto radica en el incumplimiento de la Ley de Fitosanitarios 11.273, que delega en los municipios y comunas la facultad de determinar la denominada “línea agronómica”, o sea la distancia mínima a la que se pueden utilizar agroquímicos respecto del límite urbano. Justamente el fallo de Martínez que fue apelado ordenaba la suspensión de las aplicaciones hasta tanto las autoridades municipales de San Jorge no cumplan con la normativa.

El propio Ministro de la Producción, Juan José Bertero, brindó un dato que explica la problemática. Pese a que la ley rige desde 1995, “del total de municipios y comunas, poco más de un tercio ha determinado la línea agronómica”, señaló.

Asimismo, el funcionario criticó el fallo de la Sala II por delegar en su cartera una tarea que es propia del Senasa, en tanto autoridad sanitaria nacional que determina la toxicidad de los agroquímicos y regula su uso. “En este informe no está convocado (el Senasa)”, cuestionó, y adelantó que haría las gestiones necesarias para citar al ente nacional para que se expida sobre el asunto.

Por otra parte, el funcionario recordó que existe un estudio realizado por una comisión de científicos creada a pedido de la presidenta de la Nación en enero de 2009 para estudiar el impacto de los agroquímicos, tanto en el ambiente como en la salud, que “también tendremos en cuenta”. Pero, ante todo, llamó a evitar extremismos entre las partes, al declarar que “no hay que pasarse de un lado al otro. Me parece que hay que tener una producción sustentable desde el punto de vista ambiental y de la salud, pero también que gran parte del desarrollo de la sociedad se da a través del trabajo y de la producción”.

En tanto, una de las camaristas, María Cristina de Césaris de Dos Santos Freire, declaró que el fallo se basa en el principio precautorio y que en la resolución se mencionan “muchísimos estudios existentes sobre la inocuidad o no de los glifosatos (sic)”. Pero al respecto aclaró que “nunca está dada la última palabra” porque “los estudios pueden ser

calificados también de interesados según quién los haga y qué intereses estén involucrados”. Por ello es que el dictamen se basa en “una duda razonable ante la cantidad de elementos de prueba que se colectan y las voces que se escuchan”, explicó.

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