26 de marzo de 2010 12:58 PM
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La Federación Agraria rechazó la denuncia por evasión con cartas de porte que hizo la AFIP

El titular de la FAA, Eduardo Buzzi, negó en forma terminante la evasión adjudicada a esa entidad por la recaudadora estatal AFIP, recordando que las cartas de porte eran emitidas por el Estado y controladas por ese organismo

El kirchnerismo sigue utilizando al Estado para perseguir y amedrentar a los que piensan distinto. No hay problemas con los controles, pero esto coloca a la presidenta en una situación de falta de calidad institucional", advirtió Buzzi este viernes.

El dirigente rural dijo que también se debería analizar qué ocurre con el sistema actual, que ya no lo manejan ni la Federación Agraria ni el Centro de Acopiadores.

Buzzi destacó la "buena predisposición" del ministro Julián Domínguez para resolver los problemas del campo, a pesar de los problemas que tuvo con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por las trabas a la exportación de carnes.
Indicó que con Domínguez "se abrió un compás de espera hasta que obtenga una respuesta al pedido de eliminar el IVA a los alimentos que solicitó la Mesa de Enlace" y destacó que el ministro de Agricultura "se diferencia porque no se subordina a lo que dice el secretario de Comercio Interior" (Guillermo Moreno).

Sin embargo, Buzzi consideró "sospechoso" que "justo el sector que tiene que decidir una posible eliminación del IVA para los consumidores de la carne y otros alimentos aparezca poniendo un manto de sospecha sobre Federación Agraria", en alusión a la denuncia de la AFIP por evasión con Cartas de Porte.

Recordó también que en la reunión del martes último con Domínguez no se habló de "maíz y trigo", a pesar de "la importancia de la situación", pero se planteó de qué manera abaratar los alimentos para "los consumidores en blanco y ver qué hacer con los de menores recursos". "Hay una campaña de desprestigio en marcha" dijo, pero añadió que en este sentido hay que "preservar la figura del Ministerio de Agricultura".  

El embate de la AFIP

La AFIP había denunciado una evasión impositiva de 300 millones de pesos a través de las cartas de porte que involucran a "prestanombres e intermediarios insolventes y a productores agropecuarios (reales y ficticios), como así también a firmas destinatarias de los granos, como molinos, aceiteras y exportadoras".

El ente recaudador oficial no había efectuado nunca una denuncia de tal magnitud contra una entidad civil, a la que acusó de "evasión originada a partir de la obtención irregular de más de 130 mil cartas de porte que representan 3.250.000 toneladas de granos, por las cuales los productores no pagaron IVA y Ganancias, y que generaron ventas por 2.800 millones de pesos".

La maniobra, según la AFIP, empezó cuando el sistema de emisión de cartas de porte, que es un documento indispensable que necesitan todos los productores para transportar sus granos, era administrada por la Federación Agraria Argentina y la Federación de Acopiadores. En ese sentido, el organismo recordó que a partir de febrero de 2009, implementó un sistema gratuito de tramitación de ese documento "para evitar que terceras personas, con documentación adulterada, adquiriesen las cartas de porte en nombre del verdadero productor".

La investigación de la recaudadora "se inició a partir de la denuncia realizada espontáneamente por un pequeño productor agropecuario, quien declaró que se realizaron 350 compras de cartas de porte a su nombre. Esa cantidad de documentos no está relacionada con su capacidad económica y productiva", puntualizó la AFIP. Añadió que también se logró detectar "la intervención de profesionales, principalmente contadores públicos, tanto en los trámites como en la creación de las empresas ficticias involucradas".

La operatoria -siempre según la AFIP- tenía ramificaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis y La Pampa. En el marco de esta investigación, se realizaron allanamientos ordenados por el juez federal de Mercedes, Héctor Echave.

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