19 de julio de 2011 09:41 AM
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La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Cámara de Empresarios del Autotransporte de Cargas (Cedac) de Córdoba lograron que la Justicia frenara la aplicación del decreto provincial 560/11, que establecía que los transportistas de cereales se inscribieran en un registro y pagaran un canon para operar.

De hecho, tras la presentación de un recurso de amparo realizado por Fadeeac y Cedac, el Juzgado Civil y Comercial N° 51 de la capital cordobesa suspendió la aplicación del decreto que obligaba a los empresarios dedicados al transporte de cereales a anotarse en un registro especialmente creado por el gobierno provincial, junto con el pago de un canon, como condición para operar, los transportistas de cargas de cereales a inscribirse en un registro provincial y a pagar un canon para poder operar.

"El recurso fue presentado de manera conjunta por los representantes legales de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y su entidad de base en esa provincia, la Cámara de Empresarios del Autotransporte de Cargas (Cedac)", destacó la federación empresarial por medio de un comunicado.

Ambas entidades consideraron en la presentación que el decreto 560

11 del Poder Ejecutivo cordobés era una medida "arbitraria e inconstitucional" que pretendía "legislar en materia de transporte interjurisdiccional, lo que se encuentra vedado a los gobiernos provinciales" y además establecía "reglamentaciones inaceptables para el tráfico con origen y destino dentro de la provincia".
Superposición

"La creación de un registro obligatorio -destaca Fadeeac en su comunicado- para el transporte interjurisdiccional colisiona con la existencia y atribuciones del Registro Unico del Transporte Automotor (RUTA), en el que se encuentran inscriptos obligatoriamente todos las empresas de transporte interjurisdiccional, que funciona en el orden nacional y fue creado por la ley 24.653, que regula el transporte de cargas de todo el país", señala.

La resolución del Juzgado 51 ordena al gobierno cordobés que "se abstenga de exigir el cumplimiento de la inscripción y habilitación para realizar transporte de carga de cereales" durante un "plazo de sesenta días", mientras el magistrado resuelve el tema de fondo de la cuestión planteado por los transportistas, relativo a la inconstitucionalidad del decreto.

Tanto Fadeeac como Cedac advirtieron que el decreto 560/11 "vulnera derechos y garantías", que encarecería todavía más el transporte y generaría que los transportistas "no puedan transportar más que en su lugar de radicación, lo que es un absurdo porque perjudicaría a los propios transportistas y a la economía en su conjunto".

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