14 de noviembre de 2009 07:39 AM
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El campo, en busca de una salida

Mientras aconsejaron aplicar esquemas impositivos alternativos a las retenciones, expertos y líderes del sector debatieron sobre el papel del agro en el contexto político actual

Las retenciones a las exportaciones son tal vez uno de los obstáculos más grandes que la agroindustria argentina ve para su desarrollo. Por otro lado, en un país con crecientes índices de pobreza, ni el más opositor a la política oficial cree viable eliminar el tributo que es considerado un dolor de cabeza para el campo, pero que, por dar un ejemplo, le aseguró al Estado 17.700 millones de pesos en 2008. En resolver este dilema se centró el contenido de la 6° Jornada de la Cadena Agroindustrial, organizada por el Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina en la Bolsa de Rosario el martes. Por eso, procesadores, exportadores, productores y corredores se mezclaron con economistas y políticos para definir cómo el campo puede bajar su nivel de impuestos sin afectar las finanzas nacionales ni incrementar los precios de los alimentos. Sin impacto fiscal "La eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos no tiene que tener ningún impacto fiscal ni producir un déficit ni un daño social, si se complementa con otras iniciativas que, por ejemplo, prevengan el aumento de la pobreza", coincidieron Alberto Porto, Julio Nogués, César Ciappa y Alejandro Onofri, economistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y autores de un trabajo que propuso un esquema de reemplazo de las retenciones presentado en la jornada. Según Porto, hay cuatro alternativas para compensar la brecha que significaría eliminar de las retenciones: disminuir la evasión un 1,5%; aumentar la eficiencia del gasto público un 1,5%; implementar un impuesto alternativo a las retenciones, como un gravamen a la renta potencial de la tierra, y reordenar la relación fiscal entre la Nación y las provincias. "Con estas medidas, la Nación perdería unos 17.700 millones, pero recuperaría 7900 millones si mejorara la recaudación un 1,5%. Por otro lado, las provincias percibirían 3900 millones de pesos con el impuesto a la renta potencial de la tierra, y 5300 millones extra derivados del aumento de la base de recaudación, generado por la supresión de las retenciones", explicó Porto. "Con ese flujo a las arcas provinciales, la Nación se ahorraría 9000 millones de pesos de envíos a las provincias. Si a eso si se le suman los 7900 millones obtenidos de la mejora de la recaudación, se cubre la pérdida originada por la eliminación de las retenciones", agregó Porto. Paralelamente, para minimizar el impacto de la quita de las retenciones en la canasta de alimentos, el economista aconsejó aplicar un plan de bonos alimentarios para pobladores pobres e indigentes. "El uso de derechos de exportación como subsidio indirecto al precio de los alimentos es una herramienta que favorece mucho a hogares no pobres, que no necesitan subsidios", explicó César Ciappa. Para el experto, es más eficiente aplicar programas alimentarios focalizados hacia los sectores necesitados, como el mencionado plan de bonos alimentarios. La propuesta de Ciappa consiste en dar un bono de 40 a 60 pesos por persona por hogar pobre o indigente, una suma que compensaría la suba de precios internos de los alimentos que generaría la eliminación de las retenciones. "La idea es paliar la diferencia de precios generada por la eliminación de retenciones, no solucionar el problema de la pobreza en general, que merecería otro estudio", agregó Ciappa. De acuerdo con el experto, esta herramienta le costaría al Estado entre 4000 y 6000 millones de pesos. Más allá de las retenciones, otro de los temas de debate en la jornada fue el actual contexto económico-político, y el papel que juega la agroindustria en el mapa político nacional. Concentración de poder "Hoy en día hay una concentración de poder excesiva en el Poder Ejecutivo. Y su nueva cruzada, el Proyecto de Reforma Política, es una iniciativa nefasta para la transparencia y la equidad en la competencia electoral", explicó la consultora en Gobierno e instituciones Delia Ferreira Rubio. "Esperamos que esta reforma no sea sancionada, pero no hay muchas esperanzas. Después de parar la Resolución 125, el Congreso aprobó los superpoderes, privatizó Aerolíneas Argentinas, se quedó con los ahorros de las AFJP y aprobó una ley de medios que es una afrenta a la libertad de expresión", agregó Ferreira Rubio. "Vivimos enfrentados por dilemas falsos. El Gobierno ha puesto reglas de juego que intentaron hacer confrontar a las poblaciones urbanas con las rurales, pero el 28 de junio pasado la sociedad acompañó al reclamo del campo y puso un rotundo no a una forma de hacer política", explicó por su lado Ricardo Buryaile, ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y flamante diputado electo (ACyS-Formosa). Por su lado, el diputado Francisco Ferro (CC-Buenos Aires) dijo que "la agroindustria tiene un carácter estratégico y central", y advirtió que "en aquellos sectores en los que hubo una más profunda intervención del Gobierno, más cayeron los volúmenes de producción, como fueron los casos del trigo, el maíz y la carne". A su turno, el diputado de Pro por Buenos Aires, Christian Gribaudo, se quejó del "problema permanente de la intervención del Gobierno en todos los ámbitos". Pese a esto, el diputado se mostró optimista respecto del futuro. "Vamos a tener un congreso diferente. Pero los cambios no son de un día para el otro. Lo importante es dar un proceso serio de debate. El Congreso que viene es de inteligencia, de creatividad, pura y exclusivamente para el consenso", dijo Gribaudo. Finalmente, el presidente de la Bolsa de Rosario, entidad que ofició de anfitriona del encuentro, Jorge Weskamp, instó a los presentes a trabajar para revertir la imagen de que el sector es un simple productor de materias primas. "Hacer que hacer ver que detrás de cada grano, cada litro de leche y cada kilo de carne, hay una cascada de industrias, hay biotecnología, hay maquinaria y hay conocimiento y espíritu emprendedor", destacó.

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