14 de noviembre de 2009 07:54 AM
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Se espera un cambio de rumbo

A comienzos de octubre se creó el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (Magpya), para dar respuesta al ansiado anhelo de todo el sector agropecuario de fortalecer institucionalmente al máximo órgano rector de la política agropecuaria argentina.

Con este paso el país nivela sus instituciones respecto de países vecinos como Brasil, Uruguay y Chile, que cuentan desde hace buen tiempo con sus respectivos organismos públicos específicos de máxima jerarquía para atender los problemas y contribuir al desarrollo de las actividades agropecuarias y agroalimentarias. Hasta la fecha parecería no estar resuelto aún, o al menos no se ha hecho público, cuál será la visión de la nueva institución y los objetivos que guiarán su funcionamiento; no ha sido explicitado a la sociedad si el Magpya continuará el camino que impulsó hasta sus últimos días la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (Sagpya) y toda la política pública en general, preocupada básicamente por garantizar el abastecimiento interno de alimentos o si, por el contrario, definirá un nuevo rumbo para la política agropecuaria que contemple como un objetivo estratégico, entre otros, la inserción de los productos argentinos en los mercados globales. Sería muy interesante que en la definición de los objetivos del Magpya, que serán claves para evaluar hacia dónde va la política agropecuaria, se haga una revisión de lo que han establecido como principios rectores aquellos países que han tomado seriamente la decisión de crecer a partir de sus cadenas agroalimentarias, caso de los vecinos antes mencionados. Veamos. El Ministerio de Agricultura de Brasil (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento) tiene como misión principal "estimular la producción agropecuaria, con el objetivo de atender el consumo interno y formar excedentes exportables". El Ministerio de Agricultura de Chile ha fijado una agenda estratégica a diez años (2008-2018), siendo el eje de la agenda la intención de "convertir a Chile en una potencia alimentaria y forestal". El caso de Uruguay es similar al de los vecinos (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y entre sus principales objetivos figura el de "contribuir al desarrollo permanente de los sectores agropecuario, agroindustrial y pesquero, promoviendo su inserción en los mercados externos". Podrían enumerarse casos similares de otros países (México, por ejemplo), donde se encuentra una definición explícita de entrar en la competencia internacional, de superar el techo natural que impone al crecimiento de la producción el consumo interno y de llevar adelante una estrategia decidida de colocación de productos en los mercados del mundo. La Sagpya argentina, el antecedente del Magpya, quizá bajo un exceso de confianza, tenía por cumplir veintidós objetivos de acuerdo con el decreto 1940/2008. Para la sorpresa seguramente de todos los actores de la cadena agroindustrial, en ninguno de estos veintidós objetivos aparecían las palabras "competitividad", "generación de saldos exportables", "inserción de la producción argentina en el mundo", etcétera, que son tan comunes en los países vecinos tal como se refiriera. Quizá no es casual que no aparezcan, quizás obedece a una mirada y una política consecuente hacia la actividad agroalimentaria en la Argentina, que ve en ella sólo una actividad que debe proveer de alimentos baratos al mercado interno, recursos de fácil recaudación al fisco y que prescinde o no le interesa que ésta asuma un rol protagónico en el desarrollo productivo y competitivo del país, en la generación de divisas, empleo e ingresos. La creación del Magpya abre expectativas de un cambio de rumbo. Concentra la atención y genera la esperanza de que entre sus objetivos, que serán explicitados en los próximos días, y en su funcionamiento, que se hará evidente con el transcurso de los meses, prime un criterio más amplio que el que tenía la Sagpya, que contemple la salida exportadora como un destino inevitable para un país que posee 30 millones de hectáreas que se cultivan todos los años (Chile tiene por caso sólo 600.000), que entienda de la potencialidad que disponen nuestras actividades agroalimentarias en un mundo que crece y crecerá necesitado de alimentos y que acepte que el mercado actuando en libertad está en mejores condiciones de tomar las decisiones que hagan de este país un proveedor diversificado de alimentos al mundo. Juan Manuel Garzón El autor es economista de la Fundación Mediterránea.

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