8 de agosto de 2011 09:14 AM
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Frigoríficos: la retirada de los grupos extranjeros

Cargill traspasó sus plantas y JBS negocia la venta de San José. La crisis empuja la renacionalización del sector industrial.

El lunes pasado, la gigante Cargill concretó el traspaso de su planta de Nelson a Friar, el frigorífico de la aceitera Vicentín; mientras, está negociando dejar la bonaerense de Bernal en manos de un consorcio formado por cuatro frigoríficos nacionales (Gorina, Arre-Beef y Ecocarnes y Compañía Procesadora de Carnes). La multinacional no habla, pero en el sector aseguran que ambas operaciones son por poco y nada de dinero, y la promesa de los nuevos dueños de mantener el personal por un año. Hace seis, cuando compró Finexcor (que era dueño de esas plantas), en el sector decían que había pagado 70 millones de dólares.En tanto, JBS, el mayor grupo frigorífico de Brasil y tal vez del mundo, vendería la planta de San José (Entre Ríos) si el Banco Nación le aprueba un préstamo de 70 millones de pesos a una sociedad anónima formada por la provincia y un grupo de inversores privados. La Legislatura entrerriana le dio visto bueno el 28 de julio al Ejecutivo para ese endeudamiento. Según fuentes del mercado la firma brasileña pretende 18 millones de dólares por esa planta que fue de Vizental y después de Swift. Las otras dos instalaciones que había cerrado y puesto en venta en 2010 (en las ciudades cordobesas Colonia Caroya y Juárez Celman) no tuvieron oferentes.Tanto Cargill como JBS incursionaron en el negocio cárnico argentino durante el gobierno de Néstor Kirchner. Fueron parte del vendaval de capitales extranjeros que irrumpió en esta industria entre 2004 y 2007, cuando cuatro empresas se quedaron con 18 plantas exportadoras de carne en la Argentina.La mayoría de ellas estaban entre las más importantes del país y concentraban un tercio de la cuota Hilton, el cupo arancelario que otorga la Unión Europea para los cortes bovinos de más alto valor, que es la cereza del negocio. JBS compró siete plantas; su compatriota Marfrig, ocho; Cargill, las dos que acaba de vender, y una la también estadounidense Tyson.¿Por qué salen del país estos grupos si la conducción política no ha variado, si el precio de la carne vacuna en el mundo promete subir para siempre y ya se acerca a los valores récord de 2008, previos a la crisis mundial? Más allá de motivos particulares, hay razones estructurales para salir del negocio, como las hubo para entrar. Y las unas están en las antípodas de las otras.El escenario post devaluación. El comienzo de siglo planteó un nuevo escenario en el comercio internacional de carne. Estados Unidos y Canadá comenzaron a tener serios problemas sanitarios a raíz del mal de la vaca loca (EEB). Europa pasó de exportador a importador neto. Australia y Nueva Zelanda encontraron un techo a su productividad y un límite a su expansión territorial: todavía no se pueden poner vacas en el desierto. Así, el Mercosur pasó a ser el único lugar en el mundo con posibilidades ciertas de abastecer la cada vez más firme demanda mundial de carne vacuna, un producto destinado a ser cada vez más caro, por el tiempo de inmovilización de capital que requiere respecto de la producción de las otras proteínas animales (un huevo tarda menos de 70 días en convertirse en un pollo listo para faena; un novillo tarda tres años en hacerse desde que lo engendran).En ese escenario, la Argentina bailaba con la más linda, si resolvía -como lo hizo- el problema de la aftosa. Tenía más de 100 años de la mejor genética en los rodeos y pasturas excelentes (algo con que no cuentan Brasil ni Paraguay), conocimiento del negocio, posibilidad de expandir las áreas ganaderas (una limitante en Uruguay), y mucho por crecer en productividad (por las pobres tasas de parición y destete que hay en el país). Además, la devaluación de la moneda en 2002 generó una rentabilidad interesantísima para todos los commodities agropecuarios.Algo así vieron los ganaderos, y se pusieron a retener vientres y a criar más. También los grupos extranjeros, que amén del negocio en sí buscan estar en varios países para diversificar riesgos (sanitarios, climáticos, políticos). En ese contexto empezó a subir el precio internacional de la carne, el de la hacienda y el de los bifes en los supermercados. Frente a eso, el gobierno decidió intervenir pero sin brújula.
   En agosto de 2005, ante el enorme aumento de las exportaciones, elevó el peso mínimo de faena a 300 kilos, prohibiendo la matanza de mamones y terneros. La medida, que apunta a obtener más carne por cabeza sacrificada y contar con cabezas a futuro, enfureció a productores y frigoríficos, porque en el corto plazo restringe las ventas, pero fue la única que miró más allá de las necesidades de los tiempos políticos. No duró mucho: dos meses después, el gobierno flexibilizó esa obligación escalonándola en tres etapas. En diciembre, dio una nueva prórroga. Un mes antes, cuando la inflación comenzaba a preocupar, se habían subido de 5 a 15% las retenciones a la exportación para cortes bovinos, excluyendo los cortes con hueso, las carnes procesadas y las conservas, productos que se hacen con vacas que la cadena descarta pues ya han completado su ciclo reproductivo.   En febrero de 2006, la hacienda de exportación cotizó 0,84 dólares el kilo en pie, frente a los 0,76 dólares de un año antes. El gobierno intervino más profundamente y estableció el Registro de Operaciones de Exportación (ROE), que implicaba solicitar un permiso antes de vender al exterior, cuando hasta entonces sólo se informaba por declaración jurada.El otro Mundial de Alemania perdido. Un mes después, tras un fracasado intento de acuerdo para congelar el precio de la hacienda, se prohibió la exportación de carne por 180 días. La conmoción fue grande: se venía el Mundial de Fútbol en Alemania y los frigoríficos estaban cerrando contratos para abastecer la demanda extra de carne que tendría ese país, que es el mayor comprador de carne argentina en la UE y el mejor pagador de todos. Aunque se reabrieron antes, en mayo, ya era tarde.   Los frigoríficos brasileños y uruguayos estaban agradecidos y fueron los que sustituyeron la falta de oferta argentina. Además, la reapertura de la exportación fue parcial: el gobierno fijó que cada uno podría despachar entre junio y noviembre el 40% de lo que había enviado en el mismo período del año previo. Cuando se cumplió ese plazo, repitió la mecánica por otros seis meses. En tanto, se había suspendido la venta “al oído” en el Mercado de referencia de Liniers y se perseguía a los consignatarios.   A partir de marzo de 2006, el precio de la hacienda empezó a plancharse (ver gráfico), quedando claramente rezagado respecto de los países vecinos. En el afán de que los argentinos comieran la carne que quisieran, y que su precio no incidiera en el índice de inflación, el gobierno redujo el peso mínimo de faena. Luego, directamente suspendió la restricción.   En marzo de 2007, como el valor de los animales, aunque desacoplado, volvía a subir, se incorporó a los feedlots al sistema de compensaciones que administraba la ex Oncca. El engorde a corral acelera la terminación de los animales para faena, lo que a la corta aumenta la oferta de carne. Las compensaciones eran tan buen negocio (más allá de los supuestos negociados que investiga la Justicia), que los feedlots se multiplicaron por doquier, y demandaban animales con avidez. Sin perspectivas de mejoras de precio, y sin restricciones de peso mínimo, los ganaderos mandaron a faena animales muy jóvenes, hembras que en tiempos normales se retienen para incrementar o reponer los rodeos y machos a los que se les hace ganar más kilos.   A mediados de marzo de 2008 comenzó el conflicto de cuatro meses por la resolución 125; el 1º de abril, sin norma mediante, la Aduana paralizó la exportación de carne, al punto de obligar a bajar contenedores embarcados. En mayo, se reglamentaron los ROE Rojo (para carne), que ponían un tope de exportación de 45.000 toneladas anuales y obligaban a las empresas a tener en cámaras (destinado al consumo interno) tres veces lo que pretendían despachar.   La peor sequía en más de 70 años fue funcional a la política de mucha carne barata. En el norte de Santa Fe, una vaca llegó a valer menos que un par de zapatos y frente a eso el gobierno aflojó la restricción para exportar. Los feedlots, un negocio de rotación rápida, trabajaron como nunca y absorbieron casi toda una generación de animales de la base de la pirámide poblacional. Los frigoríficos se cansaron de faenar animales pequeños, vacas buenas (también de razas lecheras, por el cierre de tambos) y hasta vacas preñadas. Era desconsolador ver fotos con pilas de fetos bovinos depositados a un costado en las playas de faena. Sin agua, con los precios pisados, los criadores, sobre todo los más chicos, liquidaron sus stocks.   Numerosas instituciones y analistas advertían entonces sobre el “infanticidio” bovino y sobre la matanza de vacas, que entró en un nivel crítico a partir de que representó el 45% del total y muchos meses estuvo en el 50%. El gobierno no escuchó, o no supo qué hacer. En 2009, año electoral, lo que hizo fue abrir la canilla de la exportación, que durante varios meses de 2009 superó, anualizada, los volúmenes récord de 2005. Los frigoríficos produjeron 3,4 millones de toneladas de carne y exportaron el 20%. A fin de ese año empezaron a llegar las facturas, con una disparada de precios en góndola por escasez de hacienda.   Desde 2006, cuando empezó el cuidado de la mesa de los argentinos, el kilo de novillo subió 236%; los argentinos comen 11 kilos de carne menos por año; hay 12 millones de vacunos menos. El gobierno encorsetó la exportación, pero ya era tarde. La vaca de los terneros de oro se había hecho asado. La producción de carnes cayó en 900.000 toneladas. Los frigoríficos exportadores tienen una estructura de costos que los deja fuera de competencia en el mercado interno. Se cerraron plantas, las que quedaron pasaron a trabajar al 40% de su capacidad y sobraron más de 6.000 obreros en el sector manufacturero que más empleo genera

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