6 de febrero de 2014 00:17 AM
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En Entre Ríos y por Ley, los agrónomos son competentes ante la sanidad animal

UNA VEZ MAS, SE MENOSPRECIA A LOS VETERINARIOS : La nueva normativa que regula los feedlots de la provincia también estipula la competencia de estos profesionales en lo referido al bienestar de los bovinos.

En septiembre de 2013, se publicó en el Boletín Oficial de Entre Ríos la Ley Nº 10.233, por medio de la cual la Legislatura de la provincia sancionó la regulación de la actividad productiva de engorde intensivo de animales a corral, en la que -una vez más- se han afectado las incumbencias de nuestra profesión.

En el texto en cuestión se enuncia que tanto los médicos veterinarios, como los ingenieros agrónomos pueden desempeñar funciones de “Responsables Técnicos” de los establecimientos pecuarios (no “agropecuarios”).

EL PROYECTO ORIGINAL ERA DISTINTO

Según publicaran medios entrerrianos a lo largo de este año, el “proyecto de Ley de feedlot” tuvo su origen en la Cámara Alta y recibió media sanción en diciembre de 2008, llegando a Diputados recién en diciembre de 2012. En ese contexto, y tras una serie de discusiones, el Senado había aprobado, con reformas, la iniciativa que tiene como objetivo regular la actividad productiva de engorde intensivo de animales a corral, por lo que volvió a Diputados en tercera revisión.
El texto original creaba el Registro de Responsables Técnicos de los feedlots, que abarcaría a los profesionales veterinarios matriculados en el Colegio local.
Sin embargo, fue el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Copaer) el que habría objetado algunas modificaciones, exigiendo que se incluyera la figura del agrónomo dentro del contexto de Responsable Técnico, tal como ocurrió y con las incumbencias que se destacan en el artículo central.

Si nos planteáramos que la función del responsable técnico no va más allá de las cuestiones formales que implican la inscripción del establecimiento, podría aceptarse que los agrónomos cumplan con ese rol, pero al leer la nueva normativa, vemos que en su Artículo 9º se afirma textualmente que: “Es competencia del titular del establecimiento y del responsable técnico la sanidad y el bienestar de los animales a su cargo y la prevención de los efectos negativos sobre el medio ambiente que podrían derivar de su explotación”.

A pesar de que nuestro Colegio solicitó una reunión previa a la aprobación de la Ley con los diputados que trataban el tema, a fin de poder ilustrar sobre los alcances de las incumbencias de nuestra profesión y las que limitan a los agrónomos en esta cuestión, no se hizo eco de nuestros fundamentados reclamos y el proyecto siguió adelante.
Ponemos especial énfasis en el artículo 9º de esta nueva Ley, ya que en las cuestiones inherentes a sanidad y el bienestar animal, los ingenieros agrónomos no tienen incumbencias que puedan competir con las nuestras y, en este caso, estarían desarrollando actividades que naturalmente deberían estar ejercidas por los médicos veterinarios.
Es importante destacar que, antes de la aprobación definitiva de esta normativa, desde nuestro Colegio se envió un texto correctivo del mencionado artículo que permitía salvar esta diferencia y contradicción, cuyo contenido se traduce textualmente:

Artículo N° 9: “Establécese que las funciones, asuntos o temas higiénicos – sanitarios relacionados a los rodeos y/o animales existentes en los emprendimientos comprendidos en la presente Ley son de incumbencia exclusiva y excluyente de los médicos veterinarios”.

“No ponemos en tela de juicio que con los ingenieros agrónomos compartimos ciertas incumbencias en estas producciones, pero en aspectos sanitarios y de bienestar animal la cuestión es realmente diferente e incuestionable”.

Y los fundamentos de esta encendida defensa van más allá de lo estipulado por los alcances reconocidos por el Ministerio de Educación de la Nación para cada profesión. Además se trata de una cuestión de “racionalidad”, atributo que no aplican muchos de nuestros legisladores.

Es inútil abundar en más argumentos, pero lo que lamentablemente observamos es que parece que en nuestra provincia la sanidad animal es patrimonio “de muchos”. Basta sólo con mencionar lo que sucede con el Plan de Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa, donde los veterinarios privados no pueden participar, a pesar de que las normativas actuales nos habilitan para tales tareas.

El otro aspecto delicado de esta cuestión hace referencia al “Bienestar Animal”, actividad que incluye, entre otras tantas cosas, el conocimiento sobre la etología animal (no “vegetal”) y cuyo alcance también es relativo a los veterinarios.

Creemos, con absoluta convicción, que los temas que incluyen las pautas del comportamiento animal (en esta oportunidad los bovinos), para el caso de comportamientos individuales o sociales, en el que se deben analizar situaciones como la reactividad (o comportamiento reflejo o reacción); las pautas de pastoreo (horarios de ingestión de alimentos y de rumia); el cuidado corporal de los animales para que se encuentren en estado de armonía con el ambiente; los hábitos de territorialidad de los animales confinados y las interacciones derivadas del comportamiento social de los bovinos, son tareas que deben llevar a cabo los veterinarios por su natural formación académica.

 

No ponemos en tela de juicio que con los ingenieros agrónomos compartimos ciertas incumbencias que son claramente aplicables a este tipo de producciones, pero en los aspectos sanitarios y de bienestar animal la cuestión es realmente diferente e incuestionable.

 

¿Y QUE MAS DICE LA LEY?

En la misma, quedan comprendidos todos los establecimientos de engorde intensivo de bovinos a corral existentes, los que se instalen y los que amplíen o modifiquen sus instalaciones dentro de la jurisdicción de Entre Ríos.
La autoridad de aplicación es el Ministerio de Producción provincial.
Interesante es mencionar que se entenderá por Establecimiento Pecuario de Engorde a Corral a un área de confinamiento con comodidades adecuadas para una alimentación directa del animal con propósitos productivos.
Otro dato: las instalaciones para acopio, procesado y distribución de alimentos se consideran parte de la estructura del EPEC.
¿Y qué requisitos deberán cumplir? Tendrán que presentar un estudio de impacto ambiental, aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia y una constancia de factibilidad de localización, emanada de autoridad competente, Junta de Gobierno y/o Municipio.
Además, la normativa estipula que los EPEC no podrán instalarse a menos de 1.000 metros de granjas avícolas y/o porcinas de carácter comercial y de 3.000 metros de granjas avícolas y/o porcinas con carácter de multiplicación genética. Deberán mantener entre sí una distancia mínima de 1.000 metros y estar a una distancia no inferior a 1.000 metros de escuelas u otras instalaciones sociales.
Vale mencionar que actualmente, en Entre Ríos -y según datos de la Dirección de Ganadería-, existen 160 EPEC oficialmente registrados.
¿Pero es este el total real de feedlots en la provincia? La duda de muchos tiene cierto fundamento, sobre todo al ver que en los últimos meses, se ha intimado al menos a unos 22 establecimientos que estaban funcionando sin la inscripción correspondiente.

 

 

No escapará (o no debería escapar) al criterioso juicio de nadie que este tipo de explotaciones pueden ocasionar un grave impacto a la Salud Pública si ocurriera algún episodio relacionado con un brote epidémico y que no pueda ser controlado o prevenido a tiempo.

Con el debido respeto, los agrónomos no están capacitados, ni preparados para este tipo de tareas.

Creemos que éstos y muchos otros debates que involucran a la sanidad animal en nuestra provincia podrían mejorarse si todos aquellos que tienen poder de decisión se toman el trabajo de consultar y apoyarse en quienes puedan realizar aportes técnicos y no poner en vigor normativas legales carentes de fundamentos y con aplicaciones prácticas que no brinden los beneficios esperados.

La sociedad debe pensar y madurar. Los profesionales veterinarios, por un lado, debemos asumir el compromiso de capacitarnos para ofrecer servicios de calidad, pero nuestros dirigentes políticos y sociales deben ser coherentes en los destinos que le dan a la comunidad por intermedio de las leyes y otras normas legales.

No es lógico ni razonable que ciertos temas se traten con absoluta liviandad, cuya aplicación obedezca a algún interés sectorial y que no comprenda la racionalidad en sus contenidos, ajustándose simplemente a algún capricho del funcionario de turno y que no siga el camino de una verdadera “Política de Estado”, para que los temas importantes y que hacen a la producción y al cuidado de la Salud puedan trascender en el tiempo, independientemente del político del momento.

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