7 de abril de 2014 15:37 PM
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Crece la concentración vertical en el mercado de granos de la Argentina

Con la problemática surgida en torno a la liquidación de la cosecha a partir de la devaluación del peso en los primeros meses del año, recobró fuerza el cuestionamiento sobre la estructura de mercado del sector productor y comercializador de cereales y sus principales derivados.

Lo que entra en cuestión en el actual debate es si el grado de concentración –horizontal y vertical– de esta principal actividad económica y generadora de divisas del país, es capaz de generar efectos negativos en la economía general que requiera de otro tipo de control e intervención por parte del Estado.

Pero el tema de la concentración económica aborda diferentes aspectos. Por un lado la llamada “integración horizontal” del sector presupone un significativo volumen de producción distribuida en una reducida cantidad de entidades. En este sentido la tensión se habría dado antes bien con grandes productores, dado que según declaraciones a un medio local por parte del ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, “los pequeños y medianos productores no tienen capacidad de mantener en silos y silobolsas su producción. Generalmente venden cuando van sacando cosecha. Quien tiene stock de soja cuenta con una espalda financiera importante.”

Por ello también quedaron en la mira las principales cerealeras exportadoras, que por su parte agrupadas bajo la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), desmintieron tal especulación argumentando los límites impositivos, legales e incluso productivos que tal parate generaría en su propia rentabilidad. De esta forma quedaba en el tapete la polémica de si los productores de grano, o antes bien, sus comercializadores, eran los que especulaban con la liquidación de las ventas del producto.

Asimismo en el marco del actual debate, la noción de “integración vertical” también podría dar cuenta del avance en la cooptación de las mismas empresas en diferentes eslabones de la cadena productiva (producción-procesamiento-comercialización), lo que desdibujaría la visión de una tajante fragmentación entre las diferentes etapas de producción y distribución. Para dar cuenta de ello se requiere de una investigación que profundice los alcances de la centralización y concentración del capital para este segmento en particular, que aún así se vislumbra como un proceso histórico a lo largo del globo y en torno a las diferentes ramas productivas.

La polémica sería cuáles son los objetivos de una mayor intervención estatal sobre la producción y distribución de una de las principales actividades del país.
Si bien la complejidad en las tramas de comercialización y asociación entre firmas, sumado ello a cuestiones fiscales, puede oscurecer o más bien encubrir tal proceso, comprenderlo como parte de un fenómeno más general pero con su particularidad local puede adelantar los alcances de la acumulación capitalista actual y en definitiva el potencial (o limitado) rol del Estado sobre esta cuestión.

¿LOS MISMOS DE SIEMPRE? En un informe realizado por Nicolás Zeolla del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO) de julio 2013, se indican guarismos sobre la estructura de mercado del sector sojero donde se afirma que “en nuestro país, las principales firmas exportadoras son, en general, las mismas que procesan el grano. Estas empresas, además, operan las terminales portuarias y brindan servicios de almacenamiento, carga, descarga y comercialización abarcando distintas etapas dentro de la cadena de exportación y procesamiento del grano de soja.”

Las principales exportadoras de grano de soja (Cargill, Toepfer, ADM Argentina, Bunge Argentina, Dreyfus, ACA y Nidera) concentran el 90% del total del volumen exportado, y a su vez coinciden con las principales firmas procesadoras de grano y exportadoras de harina y aceite de soja. Respecto de la industria oleaginosa “del total de la capacidad instalada para procesamiento de soja y girasol, Cargill ocupa el primer lugar seguido por Aceitera General Deheza (AGD), Molinos Río de la Plata, Dreyfus, Bunge, Vincentin, Noble y Nidera que entre todos poseen el 83,1% de la capacidad total” señala el informe.

En cuanto a la producción de harinas, las principales empresas procesadoras también serían líderes en su comercialización, y siete de las mismas ocho empresas encabezarían también la exportación de aceites. “De este modo, –concluye el estudio– a partir del año 2002 se consolidó el modelo de negocios de procesamiento de granos del sector en donde ocho empresas concentran casi el 90% de la comercialización y procesamiento de la producción de soja en la argentina.”

Esto en cuanto a la integración entre el procesamiento y comercialización de granos. Respecto de la integración con la producción misma del cereal, el Informe del Complejo Oleaginoso 2011 del Ministerio de Economía, establece que cinco de los 37 productores de aceite concentran el 60% de la capacidad instalada de molienda. Muchas de estas empresas suelen estar integradas con otras vinculadas a actividades que, en general, se ubican aguas arriba de la cadena: producción de semillas, siembra de oleaginosas en campos propios y producción de fertilizantes. Asimismo, la mayoría posee plantas de almacenamiento de granos y terminales portuarias propias, lo que permite la comercialización, exportación de granos y producción de aceites y pellets.”

A modo de ejemplo, tanto la francesa Dreyfus, como Nidera, compañía de origen holandés, son empresas donde su participación en el mercado en la Argentina se centra tanto en las etapas de producción y distribución de semillas para el cultivo, como en las de procesamiento y comercialización del cereal cultivado. Con la reciente adquisición del 51% de Nidera argentina por parte de la proveedora más grande de productos y servicios agrícolas en la industria alimenticia china, la estatal Cofco (China Grains and Oils Group Corporation), queda pendiente los alcances de tal integración considerando que las empresas chinas, mayormente estatales, fueron adquiriendo a lo largo de la región tierras para el cultivo, trasporte, terminales portuarias, así como también empresas petroleras y mineras.

No puede dejar de mencionarse que en la etapa de cultivo misma, también se dio un proceso de integración con el sector financiero que se profundizó en la posconvertibilidad y que fue identificado con los reconocidos pools de siembra. Según Zeolla en ese contexto “irrumpen nuevas formas de organización de la producción, con una elevada participación del capital financiero y extrasectorial, los conocidos Pools de Inversión en agronegocios, que tienen el fondeo suficiente para comprar y aplicar este nuevo paquete tecnológico orientado a la exportación que, operando sobre grandes extensiones arrendadas, se asocian con los propietarios tradicionales evitando la inmovilización de recursos en la adquisición de tierras.”

También en el mencionado informe del Ministerio de Economía se menciona la participación de estos actores señalando que “si bien la producción primaria involucra a una importante cantidad de productores (73 mil), solo el 6% de los mismos explicarían el 54% de la producción”. Siendo que “este reducido grupo, representativo de la agricultura a gran escala (pools de siembra), se ha consolidado como nuevo actor en la última década. Ocupan el rol de gerenciadores de los medios de producción de terceros a través de un modelo de organización de la producción basado en una red de contratos, que consiste en: arrendamiento de tierras ajenas; alquiler de equipos y maquinarias; uso masivo de nuevas tecnologías de proceso como la siembra directa y el doble cultivo (soja de 1º y soja de 2º) y nuevos paquetes de insumos en base a semillas genéticamente modificadas (soja RR), herbicidas asociados (glifosato) y fertilizantes”.

De aquí que si bien algunos mencionan una tendencia al achicamiento de la actividad de estos pools en el país para estos últimos años –lo que en definitiva se condice con su propia razón de ser en torno al carácter más volátil de estos capitales–, no deja de quedar en evidencia la asociación entre los grupos inversores en el cultivo de la tierra junto a los proveedores de semillas y comercializadoras, lo que de conjunto da cuenta de un poder de mercado crecientemente centralizado pero, fundamentalmente, privado.

EL ROL DEL ESTADO. La discusión actual y proyectos de ley presentados en tono a la posibilidad de armar algún instituto o símil de lo que fue en su momento la Junta Nacional de Granos, presenta la problemática de los condicionamiento en que el mercado actual se encuentra para su alcance, lo que en definitiva pone en valor los objetivos de tal iniciativa.

Gustavo López, funcionario de la Junta Nacional de Granos (JNG) desde sus comienzos con la democracia hasta su disolución en el año 1991, comentó a Tiempo Argentino su visión al respecto. “En términos de su origen histórico –señaló el especialista– esta institución estuvo vinculada a un mundo más intervenido después del crack de fines de los años 20 y que se consolida en los 60 centrándose en tres grandes objetivos: la administración del comercio de granos, la de la red de elevadores púbicos (hasta ese momento sólo el estado podía tener puertos para canalizar las exportaciones de granos) y la regulación sobre los mercados externos e internos”.

Explica “en lo que corresponde a la fiscalización del comercio de grano, tuvo mucha importancia porque el sistema era muy anárquico en sus comienzos, donde la junta intermediaba en la compra y la venta y salía de garante. Pero con el tiempo los usos y costumbres fueron cambiando, y la fiscalización se centró más en un control de balanzas, silos y cuestiones sanitarias que siguen siendo hoy potestad del Estado mediante otros organismos públicos luego de la disolución de la JNG. Incluso hay regulaciones a través de la AFIP que son más estrictas que antes. En cuanto a la red de elevadores públicos ya prácticamente no existe porque en su mayoría los puertos y terminales fueron privatizados y muchos de ellos se encuentran incluso asociados con la industria aceitera”. Respecto de su potencial de acción en el mercado, López afirma que “en lo que se refiere al sector externo, no puede pretenderse una relación país a país como se hacía antes dado que existían organismos similares en otros países que hoy ya prácticamente no existen. El grueso ya se comercializa entre empresas privadas. En cuanto al mercado interno, la sojización de la estructura productiva y el escenario de mejores precios internacionales respecto de la época de la JNG, presentan un contexto muy diferente. En su momento se creaban precios sostén para la defensa de los productores, y la JNG salía a comprar, era una empresa más en el mercado que compraba productos en determinados momentos lo cual implicaba no sólo poder pagarlos sino también tener la capacidad de manejar esa mercadería, almacenarla y distribuirla en el mercado interno. Creo que hoy no se cuenta con los recursos y la logística necesaria para recrearla bajo las mismas condiciones.”

En definitiva la polémica sería cuáles son los objetivos de una mayor intervención estatal sobre la producción y distribución de una de las principales actividades del país. Productores, consumidores, cuentas externas, son todas variables que no muchas veces confluyen en el marco de una misma política agraria.

Y en términos de las características actuales de acumulación, tampoco la visión puede fragmentarse sin tomar en cuenta la integralidad productiva que va desde las formas de la propiedad de la tierra, pasando por los procesos de cultivo, industrialización y comercialización de los productos primarios, lo que incluye la cuestión de los puertos y el transporte. De aquí que cuestiones clave, y más profundas, reaparecen en su dimensión histórica como la cuestión de la apropiación de la renta, la reforma agraria, las nacionalizaciones y las privatizaciones, la extranjerización del capital y sus necesidades de acumulación, el financiamiento, y, por sobre todo, cuál es en definitiva el interés social en un avance en la productividad de la elaboración de alimentos y materias primas.

Monopolio horizontal en las expo

Según el investigador y docente de la UBA, Joaquin Farina, “en el complejo sojero desde el año 1996 al 2010 los 3 mayores exportadores de granos siempre acapararon entre el 46 y el 72% de las exportaciones (promediando casi un 54%) y los 7 mayores entre el 77 y el 93% (87% en promedio).

En el caso del aceite de soja, los tres mayores nunca representan menos de un tercio de las exportaciones, aunque siempre rondan más cerca de la mitad hasta llegar a los dos tercios con un promedio del 51 por ciento. Por el lado de los siete mayores exportadores de aceite de soja el control de las exportaciones va de casi el 72% al 93% promediando casi un 86 por cietno”.

Si se observa la comercialización de trigo nos encontramos con los mismos nombres, lo que da cuenta del nivel de centralización en las exportaciones del sector agrario en general.

Ernesto Mattos, economista del CIGES, elaboró un documento donde señala que el comercio exterior de este cereal presenta “una fuerte concentración” en 7 empresas que representan más del 85% del total del volumen exportado de trigo sin procesamiento.
Entre ellas se encuentran nuevamente las multinacionales Bunge, Cargill, Dreyfus, ADM, Nidera, y las locales ACA y Oleaginosa Moreno.

En su investigación, Mattos señala que entre las empresas que se dedican a la molienda podemos encontrar casos de empresas que realizan este proceso en sus propios puertos y terminales de exportación como ser el caso de Cargill SA.

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