14 de abril de 2014 20:33 PM
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Las dudas que dejan las desvinculaciones de directores regionales en el agro

CHILE : La solicitud de la renuncia no voluntaria de los 15 directores de Indap y de los 15 del SAG -elegidos por Alta Dirección Pública- en un lapso de dos semanas por parte de las nuevas autoridades, genera preocupación entre agricultores y asociaciones gremiales del sector, por la ralentización de la gestión en ambos servicios.

Eran las 9:30 de la mañana del jueves 20 de marzo cuando el en ese momento director regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) de la Región de Tarapacá, Claudio Koplow, recibió la llamada del nuevo director nacional (transitorio) del servicio, Octavio Sotomayor.

La conversación duró un par de minutos y el motivo era la solicitud de la renuncia no voluntaria inmediata por razones de confianza política. Koplow había llegado al cargo seleccionado por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), y le quedaban dos meses de servicio para así cumplir los tres años que contempla el puesto. Cuenta que, en ese intercambio telefónico, no se le pidió una presentación del trabajo realizado en la región ni se efectuó una evaluación de su desempeño, no se le respetaron las vacaciones que tenía pendientes ni se le permitió cerrar el mes. Así, el lunes 24 de marzo estaba desvinculado del Indap.

Su relato coincide con el de los directores de otras regiones de ese servicio y también con el de sus pares del SAG, aunque estos últimos llegaron a un acuerdo con el director Ángel Sartori -también transitorio, ya que debe ser ratificado mediante concurso por la ADP- para completar el mes de trabajo, manteniéndose en funciones hasta el pasado 31 de marzo. En total, en las dos instituciones se desvinculó a los 30 directores regionales -todos elegidos por el sistema de ADP y que corresponden al segundo nivel jerárquico, con un perfil más técnico que político- en las dos primeras semanas del gobierno de Michelle Bachelet.

La situación en sí no tiene muchas diferencias con lo que viene pasando en otras instituciones del Estado y sería similar a lo que ocurrió a inicios del gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, en el caso puntual de los 30 directores regionales de estos servicios, genera inquietud entre los productores y gremios agrícolas locales, por la ralentización que puede generar en el SAG e Indap el cambio de directivos, debido a que se trata de posiciones donde se requiere un importante conocimiento del rubro, y al tiempo que toma conocer las particularidades de cada zona agrícola y generar las confianzas con el sector privado, especialmente en aspectos complejos, como por ejemplo el control de la lobesia botrana entre los productores de uva.

También critican que en este tipo de puestos prevalezca el criterio político, ya que plantean que generar una especie de “silla musical” al compás de cada cambio de gobierno puede transformarse en un desincentivo para que los más aptos lleguen a dirigir las instituciones del agro que se seleccionan por ADP.

Desde el Minagri, en tanto, aseguran que estas 30 peticiones de renuncia no voluntaria se realizaron cumpliendo estrictamente con los procedimientos que consideran la ley y sus reglamentos complementarios, los que no consideran la necesidad de una evaluación de desempeño. “Este ministerio ha sido particularmente respetuoso de la normativa que rige los mecanismos de nombramiento y vacancia de los cargos sujetos al sistema de ADP, de acuerdo con la Ley 19.882”, indicaron por escrito a Revista del Campo, insistiendo en que no entregarán ningún otro tipo de respuesta.

Pese a que en el Servicio Civil afirman que, hasta el cierre de esta edición, aún no han sido notificados de estas 30 desvinculaciones, al llamar a las oficinas regionales informan que los ahora ex directores ya no están en funciones y han sido reemplazados, en su mayor parte y en forma transitoria, por personal que ocupaba otras posiciones al interior de los organismos.

 

Cambio inoportuno

Si bien en el ministerio optaron por no referirse sobre si había una evaluación caso a caso desde el punto de vista técnico y el trabajo profesional de los desvinculados, en las regiones algunos de estos jefes de servicio eran altamente respetados.

El ex director regional del SAG en la Región de O’Higgins, Álvaro Alegría, es una de las tres autoridades de ese rango en esa institución que venían desde el primer gobierno de Michelle Bachelet y que se mantuvieron durante la administración de Sebastián Piñera.

Llegó al puesto en 2007, fue confirmado al cumplir tres y seis años, por lo que al mes pasado le quedaban dos años para finalizar su tercer período como director regional del SAG y completar los nueve años que permite como máximo la Alta Dirección Pública para un cargo. Pero también se le solicitó la renuncia.

“No entendemos por qué se le pidió”, comenta el presidente de Frusexta, Felipe García Huidobro, ya que asegura que Alegría es alguien que conocía muy bien la región y a los productores, y que a través de los años se había ganado la confianza del sector privado.

Tal es la sorpresa que provocó en la zona la salida de Álvaro Alegría -quien no quiso hacer declaraciones para este artículo, argumentando que ya “dio vuelta la página”- que el presidente de Frusexta envió una carta al director nacional, Ángel Sartori, para solicitar que se vuelva a considerar la decisión, argumentando la necesidad de contar con él para combatir la plaga de la lobesia botrana, que afecta a los productores de uva de la región.

“Son materias estrictamente técnicas y no se puede jugar con fuego a estas alturas, por lo menos en el caso de esta emergencia sanitaria, para lo cual don Álvaro Alegría cumplía perfectamente con los requisitos para enfrentarla. No sé por qué el SAG regional requiere de tanta confianza política, nosotros como gremiales no lo entendemos”, afirma García Huidobro.

Si bien admite que un nuevo director puede tener las mismas o, incluso, mejores competencias técnicas, el líder de Frusexta insiste en la importancia de generar confianzas entre el ámbito público y el privado al abordar situaciones como el control de la lobesia, lo que toma tiempo. “Esto implica un retroceso y poner en riesgo al sector con el período de adaptación de una nueva persona. Creo que estar haciendo cambios en estos momentos no era lo más oportuno”, insiste.

 

Molestia por la forma

Una de las regiones más relevantes para el Indap, en términos de presupuesto y de agricultores con los que trabaja -en torno a $24 mil millones para 2014 y a 25 mil usuarios, respectivamente- es la del Biobío.

Ahí se desempeñaba como director regional el ingeniero agrónomo Fernando Acosta, cuyo contrato por ADP finalizaba en octubre de este año, y a quien también se le pidió la renuncia por teléfono el pasado 19 de marzo. Dice que su intención no es llorar por la herida, pero cuenta que en esa conversación pidió explicaciones a Octavio Sotomayor sobre la solicitud de renuncia, ya que no es militante de partidos políticos y sus evaluaciones en el cargo eran óptimas. “El año pasado cumplí el 109% de las metas que tenía”, recalca.

En la región, el gerente de la Asociación de Canalistas del Laja, Héctor Sanhueza, reafirma la conformidad con su gestión. “Durante su período a la cabeza de Indap tuvimos muchas facilidades y logramos financiar inversiones importantes en mejoramiento de la infraestructura de riego que beneficia a los pequeños productores. Con él encontramos una priorización importante del aspecto del riego y considero que habría sido conveniente que continuara”, plantea.

Respecto de la solicitud masiva de renuncias en el Indap, Sanhueza también se muestra preocupado por las interrupciones y dificultades que pueden generar para los pequeños agricultores. A eso suma el desincentivo que se crea al intentar atraer a los más idóneos para el cargo de director regional: “Si alguien tiene la experiencia, el manejo y el interés para trabajar en el servicio público, pero sabe que en el país se modifican constantemente las direcciones, no le da garantías de desarrollo en el tiempo y, por lo tanto, no va a postular”.

El ahora ex director regional del Indap Biobío -quien es master of science en Extensión Agrícola, habla varios idiomas, cuenta con experiencia técnica para el puesto y fue elegido entre más de cien postulantes- asegura que su molestia está en los términos en los que se le pidió la renuncia.

“(Octavio Sotomayor) Me dijo que lo lamentaba mucho, pero que no tenía más explicaciones y tenía que formar su equipo de confianza”, dice, y explica que no se le permitió dejar la renuncia para fin de mes ni tomar parte de los 35 días de vacaciones que tenía pendientes, considerando las horas de trabajo compensadas, las que tampoco se le pagaron.

La misma situación describe Luis Verdejo, ex director de Indap en el Maule -donde esa institución trabaja con unos 20 mil usuarios-, lo que en su caso califica como una falta de respeto y una despreocupación por las necesidades de la agricultura de la zona, al no pedirle un informe o una evaluación previa a su salida.

Respecto de su labor, el productor de frambuesas Tomás González, de Teno, la califica como “buenísima”. Dice que fue más cercano y proactivo, al desarrollar nuevos proyectos y ayudar a los pequeños productores a enfrentar la sequía. “Yo lo vi bastante en terreno, como a ningún otro ex director. Estuvo comprometido, apoyando los temas de las buenas prácticas agrícolas y de energía. Si uno necesitaba hablar con él, llegaba, no como los directores anteriores, con los que costaba mucho llegar a conversar”, asegura González.

 

Cuestionan desempeños

En otros casos, las evaluaciones de desempeño de los locales son más críticas.

En Biobío, el ahora ex director del SAG, Leonidas Valdivieso, cree que la petición de renuncia de Ángel Sartori -a quien dice no conocer personalmente- fue una excusa para poner a simpatizantes de la Nueva Mayoría, ya que por su desempeño había sido ratificado por tres años en el cargo en diciembre.

“Este cargo es un 95% técnico, profesional. Mi relación con los gremios fue independiente de lo que pensara cada uno, al igual que con los usuarios y clientes, y no tengo militancia política. Entonces, cuando me dicen que el cargo es de confianza, me parece que es un mero argumento para echar gente y poner a otros de su lado”, critica.

También manifiesta su molestia por no haber realizado un análisis de su gestión, algo que la Presidenta Bachelet dijo que se haría en los puestos elegidos por Alta Dirección Pública.

A nivel de campo, la evaluación de su labor es disímil. Mientras en la Asociación de Canalistas del Laja se muestran conformes con su desempeño, destacando su apoyo ante la intendencia en el aspecto del riego, en la Asociación de Productores de Carne de Ñuble -uno de los gremios que tuvo conflictos con el SAG tras el cierre de las exportaciones a la UE- dicen que apenas lo vieron por la zona.

“En Ñuble tuvimos cero contacto con el director regional del SAG. Este señor vino a una reunión con los socios en septiembre del año pasado, donde le dijimos las cosas pan, pan, vino, vino, pero hasta ahí llegó todo”, cuenta el presidente de la organización, Carlos González.

Al igual que lo que ocurre en el Biobío, en Tarapacá hay usuarios que se muestran conformes con la desvinculación del encargado de Indap, Claudio Koplow, como la agricultora y microempresaria Nancy Guzmán, de la comuna de Pica. La creadora de Tentaciones de Pica, que produce mermeladas, syrup y concentrados de fruta, reconoce la buena disposición de Koplow, pero dice que el director anterior había dejado la vara muy alta y que a Koplow le jugó en contra no conocer el lugar. “Se esforzó (Koplow), pero como era de fuera no estaba empapado con la realidad local, no conocía a los agricultores ni podía preveer situaciones de emergencia en ciertas zonas, porque conocer un lugar toma mucho tiempo”, comenta, recogiendo la petición que se repite en la zona central, de seleccionar idealmente a personas que sean de la región donde van a trabajar.

Por el contrario, en el caso del director del SAG de esa región, Fernando Chiffelle, Nancy Guzmán asegura que tuvo un buen manejo porque conoce bien la zona y fue eficiente, especialmente en la plaga que en los últimos meses afecta a los limones. Ve como negativa su salida, porque no han recibido nuevas instrucciones sobre cómo va a continuar el programa de control de la plaga que todavía los afecta.

Es el mismo Chiffelle quien apunta a lo que considera el fondo del problema que dejan las 30 desvinculaciones realizadas en el agro. Dice que tienen que verse como una oportunidad para perfeccionar las falencias del sistema de Alta Dirección Pública, para no desincentivar la postulación a los cargos.

“Esto es parte de la modernización del Estado y dentro de eso se debe crear una estabilidad y proyección en el tiempo en estas dependencias técnicas, porque cuando uno viene de afuera, el primer año te adecuas, en el segundo empiezas a producir y recién en el tercero estás con proyectos y cosas más interesantes, pero ahí te sacan”, concluye.

 

25 cargos del SAG se seleccionan por ADP.

El servicio fue el primero del agro en incorporarse al sistema, en 2004. En 2006 se sumó Indap, con 23, y en 2007, la Comisión Nacional de Riego (CNR), con 3 puestos.

3 directores regionales del SAG, al menos, venían desde la administración anterior de Bachelet y también se les solicitó la renuncia por confianza política

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