29 de abril de 2014 14:10 PM
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Chubut y Santa Cruz reclaman sanciones contra Yaganes

La Legislatura de Chubut aprobó días atrás un pedido de informes dirigido al ministro de Gobierno, Javier Touriñán, quien deberá explicar si la empresa Yaganes SA, que alquilaba una parte de la planta de Conarpesa en Puerto Madryn y despidió a todo su personal hace 15 días, se encuentra inscripta en la Inspección General de […]

La Legislatura de Chubut aprobó días atrás un pedido de informes dirigido al ministro de Gobierno, Javier Touriñán, quien deberá explicar si la empresa Yaganes SA, que alquilaba una parte de la planta de Conarpesa en Puerto Madryn y despidió a todo su personal hace 15 días, se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia.

“En caso afirmativo, deberá indicar domicilio, objeto social, integración de su capital social, titulares del paquete accionario, nombres del presidente y demás autoridades empresarias, así como también de los apoderados de los socios de la firma”, sostiene el pedido de informes formulado por el diputado Jerónimo García.

La empresa operaba en Chubut, con el alquiler de una parte de la planta de Conarpesa en Puerto Madryn, y en cuya jurisdicción provincial cuenta con permisos de pesca de centolla en el Golfo San Jorge, resolvió hace un mes desprenderse de los 53 trabajadores que tenía y luego de varias negociaciones y audiencias en la cartera laboral, la empresa Conarpesa anunció que a partir del 1 de mayo, el personal despedido sería absorbido por ellos.

En esa línea desde el Sindicato de la Alimentación y tras la decisión empresarial de despedir a todo su personal, se solicitó a las autoridades que se revoquen las licencias provinciales de pesca de la especie centolla, y ello también fue planteado por la entidad sindical en diferentes reuniones mantenidas en la Cámara de Diputados de Chubut.

En tanto, en la provincia de Santa Cruz, la situación de la empresa Yaganes también tuvo su repercusión en el ámbito legislativo, a instancias del diputado Rubén Contreras, se solicitó al Poder Ejecutivo santacruceño para que exija a la empresa el desembolso de la deuda salarial que mantiene con sus 62 empleados de su planta de procesamiento de Caleta Paula.

De esta manera, se solicitó al Ministerio de la Producción de Santa Cruz, que a través de la Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias, intervenga en el conflicto laboral entre la empresa Yaganes SA y su personal, ante la falta de cumplimiento de la Ley de Contrato de Trabajo, y en ese marco exigieron desde la Legislatura que tome intervención la Secretaría de Estado de Trabajo a los fines de solucionar este problema laboral, y también plantearon que el incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de la empresa dedicada a la explotación del recurso centolla merecía que se analicen eventuales sanciones a la compañía.

En Santa Cruz, los 62 empleados de la empresa s radicada en Caleta Olivia, llevan meses sin percibir sus haberes, y los legisladores advirtieron que el gobierno les concedió oportunamente cuatro permisos de pesca, asumiendo la firma la responsabilidad de garantizar la continuidad laboral de los empleados que fueron en su momento desvinculados por la pesquera Conarpesa en esa ciudad.

ENTRAMPADOS

Luego de los planteos en el ámbito legislativo, la Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias de la provincia de Santa Cruz le inició tres sumarios administrativos a la empresa Yaganes S.A., responsable de los buques pesqueros afectados a la captura de la centolla: Portbello I, Portbello II y Sofía B. La sustanciación de los sumarios tuvo que ver con que la provincia asegura haber certificado la ausencia de material degradable en las trampas que se hallaban en la cubierta de los mismos.

Los expedientes firmados por el subsecretario de Pesca de Santa Cruz, Pedro De Carli, fue publicada en el Boletín Oficial, donde se consigna que “se obró en virtud de que las mencionadas naves, que se hallan en el puerto de San Julián hace casi 70 días, colocaron cerca de 3 mil trampas en la zona de operaciones, que todavía continúan capturando ejemplares, constituyendo de este modo un perjuicio para la especie objetivo de la pesquería y provocando un daño ambiental sin precedentes”.

CONCURSADA

Los problemas financieros y económicos de Yaganes, con acumulaciones de deudas laborales de su personal de Chubut y Santa Cruz, hicieron que la empresa presentara un concurso preventivo en un juzgado comercial de la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, ahora en Santa Cruz le exigen el inmediato despacho de sus buques a la pesca o retirar las trampas caladas en un plazo de 72 horas a partir de su notificación, “debiendo informar a la Subsecretaría de Pesca la fecha y la hora del despacho de las naves para la designación de inspectores de a bordo que serán los encargados de constatar tanto el estado de las trampas como así también los ejemplares atrapados en las mismas, muchos de los cuales seguramente se hallarán sin vida, teniendo en cuenta el prolongado tiempo que estas artes de pesca llevan calzadas en el lecho marino”, indica la medida adoptada por la cartera de pesca santacruceña.

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