20 de agosto de 2011 11:13 AM
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Muy pocas respuestas a los serios problemas frutícolas

En una economía regional que cuenta con mano de obra intensiva, toda ella sindicalizada, la actual paridad no cierra para sostener el desarrollo del sistema. El gobierno no termina de dar respuesta a los problemas estructurales que genera "el modelo".

El categórico triunfo de CFK el último domingo en las elecciones primarias abre varios interrogantes para la fruticultura regional.

En principio, es muy probable que el oficialismo se mantenga al frente del poder en los próximos cuatro años y esto lleva a pensar que el programa económico sostenido por la actual administración persistirá, al menos, hasta fines del 2015.

El gobierno central siempre mantuvo abiertos los canales de diálogo con los representantes del sector frutícola. En los últimos ochos años contadas fueron las veces en que hubo “desplantes” de uno u otro lado. Sin embargo, a la hora de evaluar los resultados del diálogo entre las partes pocos son los que pueden aseverar que se encontraron respuestas a la problemática que enfrenta la actividad. Los resultados conseguidos el jueves reafirman lo dicho. La realidad termina demostrando que la fruticultura es un pilar fundamental para el desarrollo de la región.

Esta valoración no la tiene Nación. Clave es que el complejo frutícola aporta poco y nada a su caja fiscal.

El modelo económico implantando por Eduardo Duhalde en el 2002 y seguido por la familia Kirchner hasta el día de hoy se sostiene en tres pilares fundamentales: dólar competitivo (para un agro primario exportador y sustitutivo de las importaciones industriales), balanza comercial positiva (por encima de los 12.000 millones de dólares al año para sostener liquidez de divisas) y superávit fiscal (sustentado con los excedentes generados por los tributos distorsivos del sistema).

La fruticultura del Valle está involucrada en este complejo esquema y su principal problema reside en el primero de los puntos: la competitividad cambiaria.

Para todo lo que es granos (que es lo que conforma la mayor parte de la recaudación para la caja fiscal) e industria (que es lo que sostiene la mano de obra local), un dólar a 4,20 pesos, en general, sigue siendo competitivo.

Para una economía regional que cuenta con mano de obra intensiva (toda ella sindicalizada) la paridad mencionada no cierra en la ecuación del sistema.

Ahora bien, la administración K está recibiendo del campo todo lo que necesita para sustentar su “modelo”. Los números son enormes en relación con lo que cede la fruticultura. Se estima que el complejo agroindustrial aportará este año más de 40.000 millones de pesos a las arcas del Estado nacional en concepto de retenciones y, pese a esta fenomenal transferencia de recursos, los productores mantienen su rentabilidad. La fruticultura entregará no más de 120 millones de pesos en la presente temporada, con su estructura primaria sumergida en una profunda crisis estructural.

En este escenario, ¿qué es lo que puede hacer pensar que el gobierno va a devaluar el peso para mejorar la competitividad de la fruticultura? Nada. Lo más probable es que la administración Kirchner mantenga el tipo de cambio controlado en los próximos años tal como lo ha hecho hasta ahora.

Hay sólo dos contextos posibles donde sí se puede dar una probabilidad de cambio: que la soja perfore el piso de los 350 dólares la tonelada en el mercado internacional y/o que la moneda brasileña traspase la barrera de los 2 reales por dólar en el corto plazo.

Por otra parte, quitar hoy el ancla cambiaria en la Argentina impactaría de lleno sobre la ya acelerada inflación que se observa en las góndolas de los supermercados, otro argumento de los economistas para respaldar la continuidad del “paso a paso” con el que viene depreciándose el peso frente al dólar del 2007 a la fecha.

Lo que se viene

 

Con todos estos conceptos queda claro que de cara a los próximos cuatro años son mayores las posibilidades de que la paridad cambiaria se ajuste a tasas como las de los últimos años que la de que experimente un importante salto, tal como lo reclaman algunos sectores de las economías regionales del país.

Tomemos una hipótesis de máxima: el gobierno devalúa la moneda local en un 10% en los próximos doce meses. En este escenario, el dólar alcanzaría los 4,60 pesos. Contra un piso de inflación del 20% anual, ¿sirve esto para los números de la fruticultura? Claramente no.

Es decir, en el plano económico son pocos los cambios que se pueden esperar para los próximos años. El gobierno nacional, tal como lo destacó la presidenta Cristina Fernández en uno de sus últimos discursos, apostará a “profundizar el modelo”.

Esto significa, para la región del Valle, esencialmente que la Nación se aventurará a consolidar nuevas alternativas asociativas para los productores en un contexto de rentabilidad negativa para la actividad. Es como poner el carro delante de los caballos: lo primero que habría que buscar es cómo devolver la rentabilidad al sistema y, una vez resuelto esto, apostar por el desarrollo comercial del sector primario u otros que el Estado considere que se encuentran en inferioridad de condiciones dentro de la estructura del mercado.

Pero en los últimos años la Nación negó sistemáticamente los problemas estructurales del Valle. Éste es otro de los puntos que deberían tener en cuenta empresarios y productores de cara a los próximos cuatro años.

Según palabras de altos funcionarios del área de Economía y Agricultura, la crisis de la fruticultura regional no pasa por los problemas que se señalan en los continuos informes realizados por los sectores público y privado ligados a la actividad. Nación resume las limitantes estructurales del sistema frutícola con frases armadas que terminan siendo usadas como eslóganes que movilizan las fibras íntimas de la política, pero no mucho más de eso. “Concentración de la tierra”, “distribución de la riqueza”, “retención de utilidades por parte de las empresas”, “firmas transnacionales que dejan sus ganancias en el exterior” y un sinnúmero de comentarios como éstos son los que terminan por definir las reuniones que se realizan periódicamente en los despachos oficiales de estos ministerios.

Los argumentos técnicos que reflejan la crisis estructural de la fruticultura siempre fueron rechazados desde la Nación con argumentos políticos. De ahí que nunca se llegue a un acuerdo y no se tenga un diagnóstico real de lo que sucede en el sector.

Nación carece de un claro diagnóstico y frente a ello aplica medidas aleatorias y totalmente discrecionales que poco ayudan a corregir los desvíos estructurales que presenta el sistema.

Está claro que el problema que sufre la fruticultura no es de ahora ni se inició con este gobierno. Que el Valle produzca y exporte hoy menos que hace tres décadas es una demostración más que válida para sostener el concepto anterior.

Sin embargo, sí es responsabilidad de la actual administración buscar una solución a la crisis que atraviesa la actividad. No se pueden seguir negando los problemas y dilatar soluciones para un sector que contiene laboralmente a más de 40.000 personas por temporada en una región que engloba casi medio millón de habitantes.

No es sólo un mayor federalismo lo que se exige en las continuas procesiones de productores y empresarios mendigando fondos ante el gobierno nacional para sobrevivir a esta crisis: se pide también respeto por la dignidad.

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