17 de septiembre de 2014 12:21 PM
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Cadenas, en contra de Ley de Abastecimiento

Las cadenas de los principales productos agropecuarios calificaron ayer de inconstitucional el proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento que será tratado hoy en la Cámara baja. Las instituciones que reúnen a los integrantes de las cadenas de valor de la soja (ACSoja), el trigo (Argentrigo), el girasol (Asagir), el maíz y el sorgo argentinos (MAIZAR) objetan la modificación de la Ley 20.680.
Así lo dieron a conocer en un documento entregado a los diputados nacionales y que difundieron en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Bolsa de Cereales porteña. A los legisladores se les pide que “respeten” la Constitución nacional y se abstengan de avanzar con el proyecto de “Nueva Regulación sobre las Relaciones de Producción y Consumo”.

“El proyecto de ley es contrario a la Constitución Argentina en sus referencias a la libertad de ejercicio de toda industria lícita. También reemplaza el concepto de propiedad privada, garantizada en la Constitución nacional (Artículo 17), por el de propiedad pública, al pasar el Estado a hacerse cargo de la gestión de los medios de producción”, leyó Alberto Morelli de Maizar, quien representó al presidente de la entidad, Gastón Fernández Palma, quien firmó el documento.

También lo suscribieron Matías Ferreccio (Argentrigo), Luis Arias (Asagir) y Rodolfo Rossi (Acsoja) que con Morelli coincidieron en “un peligro el decomiso de la soja” por los alcances de la nueva ley.

Los directivos no descartaron que se pueda llegar a la instancia de la Justicia para analizar el impacto que tendría sobre las actividades productivas y comerciales y que pudieran adherir a eventuales medidas de fuerza.

Las cadenas concluyeron en que las facultades que se concederán al Poder Ejecutivo “impactarán negativamente sobre la producción y el comercio, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social”.

“En los hechos, la propiedad del medio de producción permanece sólo formalmente en manos de su titular, quedando todas las decisiones a discreción de funcionarios públicos. Por lo tanto, esta ley que se intenta impulsar se basa en principios opuestos a los constitucionales”, dijeron.

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