18 de septiembre de 2014 12:13 PM
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Las obras de la Cuenca del Salado en el eje de las críticas por los campos inundados

En el sciolismo no mencionan el Plan Maestro. Los ruralistas hacen canales y rompen terraplenes por su cuenta.

Caminos rurales destrozados, miles y miles de hectáreas bajo las aguas, animales muertos, cosechas comprometidas y pérdidas millonarias. La situación del campo en gran parte de la provincia de Buenos Aires no cede y los cuestionamientos hacia el gobierno apuntan a la falta de obras en la Cuenca del Salado.

 

La vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, sobrevoló hoy las zonas más afectadas junto con el senador nacional del PRO, Alfredo De Angeli, y aseguró que “existe un plan de obras hídricas hace más de 15 años. Lo que falta es voluntad política para finalizar la ejecución de las obras”.

 

Vidal hace referencia al Plan Maestro Integral diseñado en 1997 con obras que superaban los U$S 1.800 millones. Ese plan contemplaba un plazo de once años para finalizar las obras que permitirían recuperar 1.200.000 hectáreas. Claro que todo está sin terminar.

 

Sólo se finalizaron los tramos I y II, que abarcan los distritos de Castelli, Chascomús, Pila y General Belgrano, y el tramo III se encuentra en ejecución desde hace cuatro años. Justamente este tramo fue anunciado en 2011 por Cristina Kirchner, con una inversión total de $1.500 millones financiada con aportes ANSES al Fondo Hídrico y un plazo de ejecución de 24 meses. Nada de eso se cumplió.

 

Por su parte, las obras de los tramos IV y V ni siquiera fueron llamadas a licitación.

 

La Cuenca abarca más de la mitad de la superficie del territorio bonaerense y concentra el 25% de la producción nacional en maíz, trigo, girasol y soja y el 30% de la producción ganadera nacional.

 

La semana pasada, el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, sobrevoló los distritos del Salado Inferior junto a su equipo de Hidráulica y dijo que el sistema de canales funciona correctamente. “Realizamos un monitoreo permanente de la situación para el manejo de compuertas y el refuerzo de terraplenes”, aseguró.

 

Tanto Arlía como el ministro de Infraestructura, Alejandro “Topo” Rodríguez destacan la preocupación del gobierno provincial por el tema y recuerdan que se decretó la emergencia o desastre agropecuario a 57 distritos, más de la mitad de los 106 que tienen producción rural de importancia. Sin embargo, nada dicen sobre el avance de las obras de la cuenca del Salado.

 

 

Desde el PRO destacan que el Fondo Hídrico de Infraestructura fue creado en 2001 por decreto del Estado Nacional para financiar obras en zonas rurales, pero en 2006, una ley eliminó la asignación específica de esos recursos para obras en áreas rurales, y desde entonces crece la asignación de los recursos para obras en áreas urbanas.

 

La diputada nacional Gladys González envió el pasado 20 de agosto un pedido de informes al Ejecutivo Nacional para solicitar información respecto del grado de avance en la ejecución de las obras del tramo III, así como el origen y destino de los recursos del Fondo Hídrico.

 

 

Acciones por cuenta propia

 

Mientras tanto, el agua permanece en los campos. Por eso, los productores ya tomaron acciones por sus propias manos. En Dolores, dos personas habrían destruido intencionalmente un terraplén ubicado en el norte, sobre el Canal A, construido para contener el agua.

 

En tanto, los propios productores realizaron con palas y herramientas manuales una brecha en la salida del Canal 2, en General Lavalle, para que escurra el agua. La decisión se tomó en una reunión de la Sociedad Rural de ese distrito en la que se le dio tiempo hasta el hoy a funcionarios del gobierno bonaerense. “Les dijimos que si no lo hacían ellos, los productores iban a tomas las palas y lo iban a abrir”, dijeron.

 

 

Esas acciones generan preocupación en el ministerio de Infraestructura. El propio Arlía confirmó que esas acciones no fueron aprobadas por la dirección de Hidráulica y que se realizó una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción 1 en la Fiscalía de Dolores, a cargo del fiscal Gustavo García. “Estas acciones ponen en riesgo de dejar a General Lavalle sin agua potable”, aseguró el ministro.

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