21 de septiembre de 2014 14:19 PM
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Ley de Abastecimiento: oposición con argumentos

Las instituciones que reúnen a todos los integrantes de las cadenas de valor de la soja (ACSoja), el trigo (Argentrigo), el girasol (Asagir), el maíz y el sorgo argentinos (MAIZAR) objetaron, antes de la sanción definitiva, el proyecto de modificación de la norma.

Antes de la transformación en ley, que esta semana consagró el Congreso Nacional, las cadenas agrícolas argentinas (trigo, soja, girasol y maíz y sorgo), dieron a conocer un detallado análisis de la “Nueva Regulación sobre las Relaciones de Producción y Consumo”.

 

Desde el punto de vista legal y regulatorio, indicaron que la norma es contraria a la Constitución Argentina en sus referencias a la libertad de ejercicio de toda industria lícita. También reemplaza el concepto de propiedad privada, garantizada en la Constitución Nacional (Artículo 17) y por el de propiedad pública, al pasar el Estado a hacerse cargo de la gestión de los medios de producción.

 

Sobre el impacto que tendrá en las actividades productivas y comerciales, concluyeron que las facultades que se concederán al Poder Ejecutivo impactarán negativamente sobre la producción y el comercio, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social.

 

Marco legal y regulatorio

La Constitución Argentina es bien clara en sus referencias a la libertad de ejercicio de toda industria lícita y manifiesta que la libertad de comercio es la base de la libertad de trabajo. La pretensión del Poder Ejecutivo, convierte en letra muerta dos principios fundamentales establecidos en nuestra Constitución y en la de todas las democracias de occidente: el derecho a la propiedad privada y a la libertad de comercio. Tal es así que, en los hechos, la propiedad del medio de producción permanece solo formalmente en manos de su titular, quedando todas las decisiones a discreción de funcionarios públicos. Por lo tanto, esta ley se basa en principios opuestos a los Constitucionales.

 

Impacto negativo

Para analizar el impacto que tendría la norma de referencia sobre las actividades productivas y comerciales que realizan los integrantes de las cadenas de valor de la soja, el trigo, el girasol, el maíz y el sorgo en la Argentina resulta fundamental repasar algunas de las facultades que asigna la Ley de Nueva Regulación sobre las Relaciones de Producción y Consumo a la Secretaría de Comercio:

 

En el artículo 2 se establece que la Autoridad de Aplicación será la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que podrá:

 

-Establecer para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios.

-Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación y/o producción.

-Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere.

-Requerir toda documentación relativa a la empresa económica.

-Crear los registros y obligar a llevar los libros especiales que se establecieren.

 

El cuarto artículo, en tanto, indica que serán pasibles de sanciones quienes:

 

-Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a aumentos de costos u obtuvieren ganancias abusivas.

-Acapararen materias primas o productos o formaren existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción o demanda. Intermediaren innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización.

-Redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren.

-Desviaren o discontinuaren el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada.

-No tuvieren para su venta mercaderías y prestación de servicios con niveles de precios máximos y mínimos.

El quinto, determina que quienes incurrieren en los actos u omisiones previstos serán pasibles de las siguientes sanciones:

-Multa de 500 a 10.000.000 de pesos. Este último límite podrá aumentarse hasta alcanzar el triple de la ganancia obtenida en infracción.

-Clausura del establecimiento.

-Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción.

La experiencia indica que la normativa que se intenta desarrollar y las facultades que se entregarán al Poder Ejecutivo Nacional y Provinciales con el objetivo de “proteger el bienestar de la población garantizándole sus necesidades básicas o esenciales”, solo impactarán limitando las capacidades productivas y comerciales, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social.

La ley, que ya cuenta con media sanción, contempla la exclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs). No obstante, las mismas pueden ser alcanzadas por la ley si se presume que detentan una posición dominante. Por lo tanto, la exclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas queda sujeta a una decisión discrecional.

 

Contragolpe: ¿cómo pagarán los funcionarios por el daño de sus decisiones?

 

El documento de las cadenas sugiere que, así como la ley “contempla castigos para quienes invierten y trabajan para desarrollar un proceso productivo, debería legislarse para prever sanciones para aquellos funcionarios cuyas medidas o decisiones afecten negativamente el normal desarrollo productivo, provocando caídas en la oferta de productos o servicios, poniendo en riesgo el normal abastecimiento”.

 

Desde el punto de vista civil, indicaron que debieran “resarcir a la sociedad por el daño causado por ignorancia o negligencia, ambas actitudes culposas”.

 

Desde el punto de vista penal “deben establecerse sanciones de carácter esencialmente vindicativo, es decir, sanciones de carácter moral como por ejemplo el no ejercicio de cargos públicos o también, como se aplica en varias profesiones, la mala praxis”.

 

El dato

Ideas irreales

Las cadenas manifestaron su preocupación por el modo en que se intentan instalar en el país ideas contrarias al desarrollo económico y social. Entre ellas:

 

-Que el comercio es una actividad que no genera valor sino que se apropia del valor generado por otros y por ello debe ser limitado y dominado por un funcionario.

 

-Que los trabajadores saben menos de su actividad que el funcionario y que, por lo tanto, éste debe ser quien decida sobre la producción y su destino.

 

-Que la fijación de precios por parte de un funcionario es más eficiente que la formación de precios en un mercado en transparencia y competencia.

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