8 de octubre de 2014 22:15 PM
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Crece la paranoia entre sojeros: mientras el Gobierno amenaza, difunden hechos vandálicos en silobolsas

Luego de que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich advirtiera las cerealeras que usará "todas las herramientas para terminar con la especulación" salieron a la luz denuncias de productores por la rotura de los contenedores de soja y maíz en La Pampa.

Un creciente clima de temor y paranoia se expande entre los productores sojeros.

Después de las amenazas veladas del jefe de Gabinete en el sentido de que el Gobierno podría forzar una liquidación de la cosecha en stock se conoció la noticia de que hubo hechos vandálicos en los silobosas en la región pampeana.

Este miércoles, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su preocupación por la rotura de silobolsas mediante un comunicado de prensa

Las roturas efectuadas en la madrugada del lunes pasado dan cuenta de un claro mensaje, ya que no hubo sustracción ni motivo alguno para dicho suceso”, apuntó CARBAP, que representa a productores bonaerenses y pampeanos.

“Frente a estas actitudes, en donde pierden todos, instamos a las autoridades pertinentes a efectuar una rápida investigacion para esclarecer lo acontecido”, agregó la entidad que preside el dirigente Horacio Salaverry.

Así las cosas, según denunció la entidad rural, lo concreto es que en el campo, a pocos kilómetros de General Pico, se rompieron a propósito 8 silobolsas, de los cuales 6 contenían soja y 2 maíz.

Previamente, Capitanich salió a decir en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno utilizará “todas las herramientas” para “garantizar que se terminen” las “maniobras especulativas” de los productores de granos que no han liquidado sus cosechas.

El jefe de Gabinete calificó esta actitud como “perjudicial para el país y para ellos mismos” porque el ingreso de divisas por estas exportaciones resultó “marcadamente insuficiente”.

En tanto, admitió que “no hemos alcanzado un consenso respecto al volumen total a exportar y a liquidar” y anunció además que por la tarde continuarán las reuniones con las empresas cerealeras sobre este tema.

En ese marco, estimó que “hay un stock acumulado sin liquidar equivalente a casi 25 millones de toneladas” que podría permitir “un ingreso más significativo en el volumen total de divisas”.

El funcionario destacó que “hemos tenido un disenso respetuoso, lo vamos a seguir teniendo. Pero creemos que es necesario utilizar todas las herramientas por parte del Estado para garantizar que se termine con este tipo de maniobras especulativas“.

 

 

Dólar “disfrazados” de soja, tentación irresistible
La embestida contra sectores en dosis crecientes es un ingrediente inevitable en esta fase del modelo: a mayor grado de dificultades, se necesita identificar culpables, exponerlos con más firmeza y adoptar medidas ejemplarizantes.

Uno de ellos es el financiero. Prueba de ello es lo sucedido con el Banco Mariva, las denuncias contra el Macro y la embestida contra los cambistas.

El otro es el sector rural, que atesora lo que el Gobierno tanto necesita: dólares “disfrazados” de soja en los silobolsas por unos u$s10.000 millones.

Para el núcleo duro de apoyo político de Cristina, el castigo a los empresarios conspiradores es un reclamo que viene de larga data.

El grupo de intelectuales de “Carta Abierta”, por ejemplo, viene pidiendo desde hace años que, mediante la recreación de la Junta Nacional de Granos o del legendario IAPI de Perón, se intervengan los silobolsas para obligar a que los productores vendan su stock y lo liquiden al tipo de cambio oficial.

El Gobierno dio un paso en ese sentido con la aprobación de la nueva Ley de Abastecimiento. Por ahora no hizo avances concretos, más allá de las críticas públicas hacia los productores.

Lo cierto es que los pequeños productores temen por el nuevo respaldo legal del Gobierno, que le da la ley de Abastecimiento, que habilita a poder confiscarles la producción.

“Hay mucha preocupación y bronca, todo esto es interpretado como un nuevo ataque e intención de entrar a los campos a sacar lo que no le pertenece”, asegura Luis Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

A fin de cuentas, existe cierto consenso entre los empresarios sobre que la finalidad verdadera -y tal vez la única- de esta ley sea la de contar con una herramienta efectiva para poder intervenir en los silobolsas.

Cabe recordar que si el Gobierno lograra obligar a los productores a que vendan la cosecha stockeada, se haría de unos u$s10.000 millones para recomponer reservas y, además, sumaría unos $30.000 millones de ingreso fiscal por cobro de retenciones.

Una idea más que tentadora para oxigenar la etapa final del mandato presidencial.

Pero lo que el Ejecutivo quizás no tenga en cuenta es que el “canuto” de los silobolsas no es propiedad de las grandes empresas sino de los pequeños productores.

En consecuencia, un error de “timing” del Ejecutivo podría resucitar el fantasma de una rebelión de la población rural, en una claro reminiscencia de las protestas por la polémica resolución 125.

El hecho de que la AFIP haya solicitado la ubicación georeferenciada de silobolsas -de manera de poder ser ubicados por los inspectores con un GPS- no hizo más que aumentar la paranoia.

Pero, sobre todo, contribuye a esta sospecha una interpretación de la nueva ley de Abastecimiento, en el sentido de que su aprobación habilita la intervención estatal sobre cualquier forma de acopio de mercadería por parte de los productores.

La frase clave en la ley es aquella que hace referencia a la posibilidad de que el Gobierno intervenga en el caso de que los empresarios “acaparen materias primas o productos en cantidades superiores a las necesarias”.

 

*¿Debe interpretarse como una facultad del Ejecutivo para impedir la retención de productos indispensables para el uso masivo en el mercado interno, por ejemplo nafta?

*¿O podría considerarse que, una vez cubiertas las necesidades de la población, cualquier stock que se retenga será innecesario?

En este último caso, se podría argumentar que no hay razones para retener la mercadería con destino de exportación.

Varios analistas creen que el verdadero motivo del Gobierno es esta segunda posibilidad, lo cual lo habilitaría para intervenir los silobolsas y forzar la liquidación de las 25 millones de toneladas de soja -un 45% de la cosecha total- que los productores mantienen “encanutadas”.

Según Nicolás Dujovne, ex economista jefe del Banco Galicia, “la ley prevé que se pueda castigar a quien acumula más de lo necesario. Y como la soja que se consume en el mercado interno es apenas un 1,5% de toda la producción, entonces puede interpretarse que todo lo demás es un acopio injustificado”.

La ley está pensada específicamente para esto; no creo que sea en realidad para controlar todo el proceso económico, como se ha dicho, sino para hacerse de estos dólares”, afirma.

En la misma línea opina Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Rural: “Con este instrumento, tranquilamente pueden ir por la confiscación“, afirma el dirigente, que advierte sobre el “estado de alarma” entre los productores.

 

 

En defensa del “canuto”
Desde las agremiaciones rurales, lejos de rechazar la acusación de estar “encanutando” la soja, se reivindica esa actitud como una legítima defensa.

“Disponemos reservas por la mitad de la cosecha. No por especulación voraz, sino porque no hay confianza en la economía, no se puede invertir, no se sabe qué va a pasar con el dólar ni con la inflación. Entonces, el productor reserva su producción en defensa propia y no por una actitud devaluacionista”, argumenta Buzzi.

Los economistas más alineados con las posturas “liberales” han salido en resuelta defensade esta actitud. Como José Luis Espert, quien afirma: “La soja es del productor, no es de nadie más. Si la quiere usar como alfombra, almohada o lo que sea, está en todo su derecho”.

 

 

Clima caldeado
A esta altura, la gran pregunta ya no sólo es si habrá una intervención sobre los silobolsas, sino cuál sería la reacción de la población rural ante un evento de este tipo.

Y es allí donde aparecen las advertencias respecto de un eventual error de cálculo político por parte del Gobierno, y en el que el fantasma de una “nueva 125” se hace más palpable.

“No sé si el Ejecutivo tiene claro que quienes guardan en silobolsas no son grandes exportadores, sino pequeños productores, que ven a su mercadería como un ahorro”, apunta Di Stefano.

“Si les llegan a tocar esa soja, se va a generar una situación muy difícil de manejar”, agrega.

También Héctor Huergo, analista de negocios rurales, hace un advertencia en ese sentido: “Nos preguntamos qué pasaría si va un inspector a tratar de abrir un silobolsa, podría ser como encender un fósforo en un tanque de nafta”.

Lo cierto es que se han escuchado expresiones de enojo y propuestas de paralización de actividades, con un grado de malestar que no se recordaba desde 2008.

“Seguro que vamos a ser las primeras víctimas. En la medida en que nos quedemos quietos nos van a pasar por encima. La ley es un avance que facilita la intervención a las empresas, puede obligar a producir lo que le parece”, afirma Pedro Apaolaza, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas.

“Este es un Gobierno que le chupa la sangre al productor“, afirma el titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere.

Desde su óptica, no hay dudas sobre el objetivo oficial: “Es lo que ellos han dicho, ‘Venimos a apropiarnos de la renta agraria‘”, afirma.

En definitiva, el debate político en el país gira en torno a una antinomia extraña: si debe privilegiarse el derecho al “canuto” o el derecho a la confiscación en nombre del interés nacional y del modelo Nac&Pop.

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