12 de octubre de 2014 23:04 PM
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La izquierda no entiende al agro

URUGUAY : La semana pasada, en el edificio Mercosur, Tabaré Vázquez disertó en el marco del ciclo de conferencias que bajo el título "Políticas de Estado: el Agro en los tiempos que vienen" que organiza la consultora Seragro conjuntamente con el IICA y El País, alternando a los principales candidatos presidenciales

Entre pocas novedades y escasos conceptos, Vázquez repitió uno de los “caballitos de batalla” de su actual campaña: que los productores mayores a 200 hectáreas pagarán en su eventual gobierno el Impuesto de Primaria, a razón de 1.70 dólares por hectárea. Respecto de este tema, los productores tienen una visión diametralmente opuesta: entienden que la ley 16.736 del año 1996, es clara y determina que el campo nunca dejó de pagar ese impuesto, siendo el Ejecutivo el encargado de transferir el dinero al Consejo de Educación Primaria. Y consideran que más allá de su concepción interpretativa, Vázquez lo trivializó tomándolo como asunto electoral.

Es obvio que entre Vázquez y los productores agropecuarios hubo discrepancias profundas desde hace mucho tiempo, superiores a las sostenidas entre estos y José Mujica, más allá de la fijación de este último con las sociedades anónimas. Sancionaron una ley que las prohíbe en el campo, a no ser que un funcionario otorgue el permiso. Intervencionismo puro y duro favorecedor de prebendas o corrupción.

Vázquez por su parte, parece ser un fiel intérprete de la visión que la izquierda uruguaya ha tenido tradicionalmente hacia el campo. No solo le ha costado entender al país rural, sino al propio interior en su conjunto. Y hasta ha tenido un cierto prejuicio originado seguramente, en que la gente de tierra adentro, en su gran mayoría, no le ha prestado oídos a su cantinela ideológica.

Lo paradójico es que los gobiernos de izquierda se vieron beneficiados por el crecimiento a tasas impensadas de la producción agropecuaria, empujada por las empresas de porte, que fueron el motor para la expansión de la producción en ganadería, agricultura, lechería y hasta en forestación, rubro al que el FA se opuso tenazmente. Y eso desconcierta a la izquierda, sobre todo a sus bases y a muchos de sus pensadores montevideanos que históricamente entendieron a las empresas agropecuarias como sus “enemigas ideológicas”.

La izquierda debió asimilar de mala gana que la concentración de la tierra y ciertas transnacionales que se instalaron en nuestro agro, fueran vitales para esa expansión. Que se convirtieran en la locomotora que produjo una explotación más intensiva de recursos, generara miles de nuevos empleos, transformara la vida comercial y social de pueblos y ciudades del interior y aportara al país sumas extraordinarias.

Es interesante atender lo que reveló un ingeniero agrónomo frenteamplista, Gustavo Guarino, en una columna bajo su firma, publicada en Uy.Press. Allí señala que cuando en el último Congreso del FA se analizaba el programa electoral, existieron planteos que querían darle un pronunciado giro a la izquierda al asunto del agro, retomando las viejas banderas de la Reforma Agraria, implantando una política impositiva más dura e incluyendo detracciones a la exportación de productos primarios. Esas propuestas encendieron vítores y alentaron viejas consignas sesentistas entre los delegados de los comités de base de Montevideo, hasta que un productor rural de Cerro Largo tomó la palabra y les explicó cómo hoy se estaba viviendo una revolución productiva nunca imaginada, que trabaja en el campo mucho más gente pero vive en centros poblados con sus familias, que tiene mucho más calificación, que agrega más valor con su trabajo y tiene condiciones laborales apropiadas. También les dijo que muchos productores de tipo familiar atienden sus predios y hacen servicios a empresas grandes, lo que les genera ingresos muy superiores. El propio Guarino les explicó a continuación, que hoy no se justifican las detracciones porque los niveles de ganancia del capital son razonables y los altos costos del país pueden llevar a pasar el límite de rentabilidad, agregando que los precios del gasoil son mucho más altos que en los países vecinos y los fletes son casi el doble que la región. Cuando el tema se sometió finalmente a votación, ante la contundencia de las argumentaciones, la mayoría del plenario rechazó la propuesta radical.

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