20 de octubre de 2014 14:58 PM
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Sin autocrítica por la fallida expropiación de Vieira

Sin reconocimiento alguno de errores políticos propios, el Gobierno de la provincia de Santa Cruz buscó la semana pasada poner en manos y responsabilidad de los trabajadores de la pesquera Vieira SA el futuro del tortuoso trámite de la expropiación.

 Una vez más, los trabadores desocupados y sus familias, fueron usados para justificar la ineficaz gestión estatal que intentó sin éxito jugar el rol de empresarios pesqueros.

La administración provincial que lidera Daniel Peralta encomendó a su ministro de Producción, Harold Bark, para que arme una movida pública donde sean los ex empleados de la pesquera de Puerto Deseado quienes enarbolen la bandera de echar por tierra la expropiación, y bajo ese argumento, posteriormente, el Gobierno dirá que ‘a pedido’ de los trabajadores se adopta la derogación de la declaración de utilidad pública de la flota de buques tangoneros y poteros, además de las planta de procesamiento.

Haber sometido a votación a los obreros frente al Consejo Municipal Pesquero y Portuario deseadense tuvo el único objetivo de lavarse las manos, evitar un mea culpa por el yerro político que implicó la medida, y de ese modo contar ahora con una justificación pública con la cual se rasgarán las vestiduras anunciando que tras ‘oír la voz del pueblo’ se deroga la ley de expropiación.

En el medio, se producen dilaciones incomprensibles, toda vez que empresa Vieira fue autorizada por el juez Horacio Robledo, ante quien se tramita el Concurso Preventivo de Acreedores, a celebrar un acuerdo extraconcursal con la firma Newsan sobre un plan de inversiones para recuperar la operatividad de la pesquera.

Tres meses ya han transcurrido desde aquel momento, tres meses en que el estado debió seguir desembolsando subsidios, tres meses más del personal desocupado, la planta y los barcos parados; habiendo un esquema de inversión en puerta a la espera de una decisión gubernamental, no resulta entendible desde la lógica que se prosiga dilatando una salida a un proceso de expropiación que no tiene ninguna posibilidad de prosperar.

Vieira Argentina S.A presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto donde solicitó la derogación de la Ley 3287 que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación a los bienes de la firma.

Allí se presentó además el acuerdo con Newsan que, en esta etapa, financiará la reactivación de la planta y la puesta en marcha la totalidad de la flota, por medio de convenios de arrendamiento y negociaciones comerciales por exportación de langostino y calamar.

La puesta en práctica de ese acuerdo extraconcursal, lo que implica la recuperación de los puestos de empleo, está sujeto a la previa derogación de la ley de expropiación con la consecuente restitución por parte de la provincia de Santa Cruz de los bienes incautados y sujetos a expropiación, los cuales ni siquiera llegaron a la instancia de tasación.

La reactivación operativa de la flota pesquera y la planta procesadora no supone solo la recuperación de la fuente de empleo, sino que además se traducirá en un mayor movimiento de circulante en la economía de Puerto Deseado.

Fue el gobierno de Daniel Peralta quien forzó esta situación en agosto de 2012 arrebatándole los bienes a una empresa privada so pretexto de defender los puestos de empleo y como medida para garantizar la ocupación de la mano de obra. Nada de eso ocurrió porque el plan gubernamental carecía de cimientos sólidos, en rigor de verdad, nunca existió un plan, más bien solo fueron medidas espasmódicas.

La incontrastable realidad desnudó la ineficaz ley de expropiación. Y, hoy demorar la salida de esa situación no tiene otra explicación que razones políticas que buscan proteger al gobierno de la bochornosa intervención que llevó adelante.

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