1 de noviembre de 2014 11:15 AM
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Estado presente, o perdemos todos

CompartiremailFacebookTwitterEn los últimos meses quedó demostrado, incluso desde declaraciones del sector, que los agroexportadores equivocaron el camino al acopiar la producción (AFIP estima que existen sin comercializar aún entre 25 y 27 millones de toneladas de soja), teniendo en cuenta la caída sostenida en los precios internacionales que acumula una baja de más del 35% […]

En los últimos meses quedó demostrado, incluso desde declaraciones del sector, que los agroexportadores equivocaron el camino al acopiar la producción (AFIP estima que existen sin comercializar aún entre 25 y 27 millones de toneladas de soja), teniendo en cuenta la caída sostenida en los precios internacionales que acumula una baja de más del 35% desde el máximo en 2014, y la tendencia marcada hacia la baja, que se sigue verificando.

Los agroexportadores en nuestro país, al ser los principales proveedores de divisas, detentan un poder tal que resulta imperativo contar con mecanismos de control por parte del Estado. En particular para evitar que pretendan compensar las pérdidas por la caída en los precios, forzando una suba del tipo de cambio, que terminaría favoreciendo la concentración de riqueza en los sectores exportadores, en detrimento de los asalariados, jubilados, y todos aquellos que reciben ingresos fijos.

Las exportaciones agropecuarias se encuentran concentradas en pocas empresas: las cinco primeras explican el 66% de las ventas externas que lideran la liquidación de divisas a nivel local, y pretenden además influir en la política cambiaria. Sin embargo, al acopiar la producción han atentado contra su propia rentabilidad. En palabras de la Presidenta: “Si hubieran vendido cuando la soja valía 560 dólares, en mayo, habría sido el equivalente a un dólar de 11 pesos. Es notable cómo la gente puede actuar en perjuicio de sus propios intereses”.

Pero no sólo perdieron ellos. Siguiendo con las estimaciones realizadas, la producción retenida representa entre 6000 y 11000 millones de dólares, por lo tanto el fisco dejó de recaudar por medio de las retenciones entre 2300 y 3800 millones. También se vieron afectadas provincias y municipios, que perdieron alrededor de 1000 millones de dólares que hubieran recibido por el Fondo Federal Solidario, que proviene de coparticipar 30% de las retenciones a la soja. Como ya quedó en evidencia, el objetivo político detrás de esta maniobra de acopio es claro: buscan debilitar al gobierno actual, apostando a que el viraje en 2015 sea en dirección a referentes más afines a sus intereses. En especial hacia aquellos que prometen “quitar las retenciones”, sin explicar cómo financiarán al Estado (Frente Renovador, Unen, PRO).

Sin embargo, ha quedado claro, desde el primer día de la nueva gestión de Vanoli a cargo del BCRA, que no hay intenciones de modificar la política cambiaria. Por tanto, frente a la imposibilidad de recuperar sus pérdidas por esta vía y ante la evidencia del gran poder que detenta el sector con su presión devaluatoria, diversos actores -políticos, dirigentes del agro como Buzzi, intelectuales- comienzan a abogar por la creación de un ente o empresa estatal, una suerte de Junta Nacional de Granos (JNG) modernizada. Plantean la necesidad de contar con un organismo estatal, que intervenga en el mercado, estableciendo reglas, precios y garantizando a los productores la comercialización de la producción. Esta idea se remonta también al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) del primer gobierno peronista, que permitió el financiamiento a la industria y la redistribución progresiva del ingreso con recursos que se apropiaban de la renta agraria. Tanto el IAPI como la JNG fueron anuladas en sus operatorias por la dictadura del ’76, hasta que en los ’90 fueron desarticuladas.

Frente a los vaivenes del mercado internacional y los comportamientos especuladores, incluso desde sectores totalmente disímiles en posicionamientos ideológicos se pone de manifiesto la necesidad de que sea el Estado un actor que intervenga en la escena, limitando el gran poder que hoy detentan los grandes exportadores. Si bien el armado de una JNG plantea desafíos de implementación, debiendo generar una capacidad de logística y administración dentro de la órbita estatal, existen opciones menos ambiciosas que no consisten en la entera nacionalización del comercio exterior, sino un escenario con fuerte presencia del Estado que permita equiparar fuerzas dentro del mercado, compitiendo desde una empresa estatal contra los privados concentrados.

Considerando que las divisas que ingresan por las exportaciones, principalmente del agro, son claves para poder sostener y profundizar la actividad industrial- motor del empleo- resulta necesario promover la intervención del Estado, con un rol central en la orientación de incentivos dentro del mercado, que permita lograr el crecimiento económico basado en la promoción de la demanda interna, pero logrando que “los números cierren con la gente adentro”. Conociendo que la consecuencia inmediata de una devaluación se hace sentir en los precios internos, empeorando la situación de los trabajadores y los más vulnerables y también en la industria nacional que depende en mayor o menor medida de insumos importados, resulta lógico y relevante que este Gobierno mantenga la decisión de hacer frente a la presión de los agro exportadores desalentando y neutralizando las maniobras especulativas, para que no logren llevarse puesto este modelo de crecimiento con inclusión social, enfocado en los más débiles.
Por Andrea Luna.-     Integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)

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